PES.- El criminólogo Miguel Ángel Gallardo Ortiz ha denunciado en la Audiencia Nacional de España a las empresas Microsoft y SONY por el robo de datos de redes de videojuegos, hechos que considera perseguibles de oficio y sobre los que debería abrir una investigación la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su calidad de representante y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), recuerda que en las últimas semanas se han publicado numerosas noticias sobre robo de datos de miles de usuarios españoles en servidores de las empresas multinacionales Microsoft y SONY “que evidencian un gravísimo delito con riesgo de fraude en tarjetas de crédito, acceso a metadatos privados o claves de muy numerosos menores de edad usuarios de redes de videojuegos en España”.
Según Miguel Ángel Gallardo, Microsoft y SONY tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad, intimidad y privacidad de los usuarios registrados en sus redes de videojugadores y deben informar públicamente de las medidas que se deben tomar para intentar evitar, o al menos reducir, riesgos, daños y perjuicios.
Además, agrega, los hechos deben ser investigados judicialmente por ser constitutivos de presuntos delitos con una gran pluralidad de afectados en varios países.
Sin perjuicio de las calificaciones penales que los hechos merezcan, Gallardo sostiene que la AEPD tiene competencias legales y recursos técnicos idóneos para informar a la mayor brevedad posible sobre lo que The New York Times titula “Hackers Claim to Have PlayStation Users’ Card Data”, ABC “La seguridad de Sony era insuficiente” y Diario de Mallorca “Microsoft admite el robo de datos en su red de juegos”.
La alerta se produjo un día después de que Sony revelara la “sustracción de información de clientes de la Playstation”.
Con estos datos, Miguel Ángel Gallardo solicita al Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional que requiera al director de la AEPD todos los posibles indicios de delito en relación a los hechos denunciados de los que por su competencia y capacidad puedan tener conocimiento sus funcionarios, sin perjuicio de cualquier otra diligencia que el Juzgado considere oportuna.
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