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Miercoles, 14 de Noviembre de 2012

Actualizado04:37:23

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Propiedad intelectual en España: la recaudación de derechos de autor comprometida por la SGAE

SGAEPES.- La junta directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de España ha iniciado una investigación interna para depurar las responsabilidades relacionadas con las contrataciones en la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), que concluirá con un informe que se entregará a la Audiencia Nacional y servirá a la Sociedad para personarse en las actuaciones judiciales y reclamar los daños y perjuicios que pudieran haberse producido.

El desencadenante de esta crisis fue una actuación de la Guardia Civil, que en la mañana del 1 de julio registró la sede en Madrid de la SGAE y puso a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige el juez Pablo Ruz, al presidente de la entidad, Teddy Bautista, y otras dos personas fueron puestos a disposición, en una operación de Fiscalía Anticorrupción que investiga delitos de desviación de fondos y apropiación indebida.

Las acusaciones parten de una denuncia presentada en noviembre de 2007 por las asociaciones de Internautas, de Usuarios de Internet, de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit) y de Hosteleros Víctimas del Canon (Vache). La Fiscalía Anticorrupción presentó en la Audiencia Nacional un escrito hace unas semanas en el que se recogen los argumentos de estas asociaciones.

Según la denuncia, existen indicios de que los directivos de la entidad formaron una trama con varias sociedades en torno a la SDAE con la que recaudaban derechos de autor que se invertían en actividades lucrativas en lugar de proceder al reparto equitativo de los derechos recaudados entre los titulares de las obras o producciones utilizadas.

El registro de la sede de la SGAE y la detención de sus directivos se produjo después de que el jueves 30 de junio los autores con derecho a voto eligieran para un nuevo mandato, hasta 2015, a los 38 miembros de la Candidatura Profesional de Autores y Compositores (CPAC), que encabezaba Tedy Bautista.

La cúpula directiva entrante de la SGAE, representada por Víctor Manuel, Ernesto Caballero, Sabino Méndez, Juan Ignacio Alonso y Caco Senante, ha anunciado que para dirigir y supervisar la gestión diaria de la organización se constituirá una Comisión Rectora formada por cuatro autores y un editor, que estará presidida por un director externo e independiente, de reconocido prestigio, y que permita asegurar los objetivos de la investigación.

La junta directiva ha decidido también apartar de la dirección de Sistemas a José Luis Rodriguez Neri “sin perjuicio de su derecho a la presunción de inocencia, de tal manera que la investigación se lleve a cabo con la máxima libertad, rigor y disciplina”, y el hasta ahora máximo responsable de la entidad, Tedy Bautista, quedará a su disposición sin responsabilidades ejecutivas hasta que concluya todo el proceso.

Otras implicaciones

Al hilo de esta actuación de la Fiscalia Anticorrupción, el criminólogo Miguel Gallardo recuerda en una nota informativa que debe seguirse también una investigación sobre la empresa Microgénesis, y los vínculos con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que se han traducido en la obtención de cuantiosos recursos en subvenciones de la Unión Europea que se han gestionado sin control público.

Según la nota de Miguel Gallardo, “es público que el 2 de abril de 2007 presentamos una denuncia en la que por primera vez se señalaban los proyectos europeos en los que SGAE-Microgénesis participaban con la UPM, como es el caso del Proyecto Perseo, Ref: IST-2000-28443, con un importe global, al menos, de 3.930.985 €”. El 27 de mayo de 2011, agrega Gallardo, “presentamos una nueva denuncia en la que precisábamos con más datos las relaciones entre SGAE y UPM que, desde 2006, consideramos corruptelosas, inmorales, ilícitas, y extremadamente inicuas”.

Por la especial gravedad y las repercusiones internacionales en perjuicio de España, Miguel Gallardo recomienda investigar hasta 36 proyectos financiados con fondos europeos dentro del sistema de www.cordis.lu de la UPN con SGAE-Microgénesis, empresa de la que es socio director desde 1997 el profesor titular de Organización de Empresas Rafael Ramos Díaz.

Precisamente el próximo 14 de julio el Tribunal de Cuentas ha citado a Miguel Gallardo para practicar diligencias sobre las demandas y denuncias del perito de la SGAE, y el 18 de octubre se celebrara un juicio en el que es parte demandante pidiendo 300.000 € de indemnización por supuestos daños a su honor. “Esperamos y deseamos tener oportunidad de interrogarle detenidamente, y a fondo, estando bajo juramento”, señala Gallardo, quien aporta una relación de enlaces con casos en los que se ha interesado:

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Última actualización el Jueves 07 de Julio de 2011 12:33