PES.- La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CPJ) de España, Gabriela Bravo, sostiene que en este país se imparte justicia con métodos y estructuras fijados en el siglo XIX que no son válidas para el siglo XXI, y ha instado al poder legislativo a proceder con urgencia a la reforma de la Justicia para poder hacer frente a los retos actuales de eficacia y eficiencia que reclama la ciudadanía.
En un encuentro con periodistas en el Club Internacional de Prensa en Madrid, presidido por Carmen Enríquez, Gabriela Bravo ha opinado que en estos últimos 30 años de democracia en España también se avanzado en la democratización de la Justicia, pero es patente la insatisfacción ciudadana con un modelo agotados y por ello hay que recordar al nuevo Gobierno que la reforma es inaplazable, más aun por la presión que impone la crisis económica para rentabilizar recursos humanos y económicos.
Según su diagnóstico, entre los problemas de la justicia española no está la politización aunque sea un tema recurrente en los medios de comunicación, porque se trata de casos muy concretos en un marco general muy amplio de jueces que ejercen con imparcialidad y tutelan los derechos personales y colectivos de los ciudadanos, cuando además la litigiosidad ha aumentado un 33 por ciento desde 2008, cuando explotó la crisis del holding de Lehman Brothers.
A juicio de Gabriela Bravo, la reforma de la Justicia en España debe pasar por la superación del concepto actual del juzgado, porque su coste no es rentable, y avanzar en una estructura que permita más jueces sin más juzgados, que puedan disponer de servicios comunes y de todos los avances que permitan las nuevas tecnologías, especialmente en la primera instancia, en la que actualmente España presenta uno de los índices más bajos de jueces y en cambio uno de los mayores ratios de personal por juez, en un escenario de mucho personal interino con poca preparación judicial.
Es una cuestión de estado, sostuvo Gabriela Bravo, que el ejecutivo y el legislativo aborden con urgencia un nuevo diseño de la planta judicial, cuando la actual demarcación data de 1870, se hizo una actualización en 1989 con 39 millones de habitantes y hoy hay que hacer frente a una sociedad que ha alcanzado los 46 millones de personas y es mucho más compleja: “No podemos seguir en el siglo XXI con recetas del XIX”, concretó.
Apuntó asimismo que un aspecto importante de la reforma judicial debe estar en los procedimientos, para agilizar la primera instancia con menos burocracia e implantando una cultura complementaria de la mediación y la conciliación, para que los jueces puedan dedicar el tiempo necesario a los casos más complejos, para lo que deberán contar también con una policía judicial adecuada y una fiscalía más implicada en la investigación.
A su vez, concluyó, debería procederse a una especialización mayor de los jueces, para que al acumular conocimiento necesiten menos tiempo para cada caso y ello suponga ganar en calidad y en certeza en sus resoluciones.
Gabriela Bravo
Nacida el 25 de febrero de 1963 en Rafol de Salem, Valencia, es licenciada en Derecho. Ingresó en la Carrera Fiscal en el año 1989. Su primer destino fue la Fiscalía de Cádiz y en 1991 fue destinada a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde sigue desempeñando sus funciones, en la actualidad como Fiscal de Menores.
Fiscal especialista en Siniestralidad Laboral, desde 2005 forma parte del Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales. Asumió la Portavocía y la Presidencia de la asociación en mayo de 2007 y hasta septiembre de 2008, cuando fue nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Además de portavoz, en el CGPJ es presidenta de la Comisión de Comunicación.
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