PES.- Organizaciones ecologistas de Chile, Perú y la Argentina solicitaron que sus gobiernos conformen una comisión independiente para evaluar los daños del Rally Dakar, que habría producido daños irreparables en el patrimonio arqueológico y paleontológico, y para analizar la inexistencia de evaluaciones previas para proteger la biodiversidad de las zonas afectadas por la edición 2013.
Según una información de otraamerica.com, las organizaciones “Acción Ecológica” y la “Fundación Patrimonio Nuestro” de Chile; el Museo de Paleontología Meyer Hönninger de Perú y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) de Argentina decidieron unir sus esfuerzos para proteger el ambiente y la salud de las personas amenazadas por el Rally Dakar.
Como primera iniciativa conjunta están requiriendo formalmente a los gobiernos de sus tres países la conformación de una comisión técnica independiente para que evalúe los daños actuales y pasados del Rally Dakar sobre yacimientos arqueológicos y paleontológicos y sobre la biodiversidad de los ambientes afectados.
Sugirieron para ello “la incorporación de investigadores procedentes de universidades públicas y centros de investigación reconocidos, sin relación alguna con los gobiernos y la empresa ASO“. Recordaron que esta comisión “deberá incorporar formalmente los informes públicos y privados donde se documentan los daños ya producidos por todas las ediciones del Rally Dakar”. Las instituciones de los tres países se comprometieron asimismo a actuar “como veedores de las tareas de relevamiento”.
Acciones judiciales
Las organizaciones de los tres países decidieron además unir sus capacidades institucionales para compartir los avances de las acciones judiciales que ya se iniciaron contra funcionarios gubernamentales de Chile y la Argentina e incluso contra la empresa francesa organizadora de la competencia, Amaury Sport Organisation, ASO.
Recalcaron que en Chile y la Argentina se ha pedido la intervención de la justicia porque funcionarios de distintas áreas de gobierno “habrían violado normativa vigente y desoído posiciones técnicas que alertaban sobre los daños”. Luis Mariano Rendón de “Acción ecológica” de Chile y Raúl Montenegro de Funam, de Argentina, anticiparon que “si llegara a ser necesario acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA“.
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