Maite Arnaiz
Pero, ¿quienes son los jueces? Podría tratarse de una pregunta, lamentable por repetida. En este caso, es una expresión inherente a un sentimiento de rechazo manifiesto hacia el comportamiento de los jueces de vara alta, expuesto con vehemencia por Luis del Olmo, a Jordi González, en La Noria de Telecinco; “¡Si están ahí puestos por los gobiernos!”. Al veterano periodista le duele su amigo Baltasar Garzón. Ya ves, querido Luis, “perro no come perro”, pero juez sí come juez, aunque con matices. No es lo mismo el trato que sus colegas le dieron a Garzón, que el que, salvo cuatro disidentes, le dispensaron a Carlos Dívar que, dicen, se ha pegado algunos festines, a costa del dinero público y en buena compañía: Parece ser, por lo que cuenta el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que, además, el señor Dívar no perdía ocasión de recordar, incluso en esos viajes de placer, “soy la cuarta autoridad del Estado”; el equivalente, más o menos, a la patente de corso. Aún con todo lo que conlleva el caso, lo que no es de recibo es que se haga mofa, como se ha hecho, de la condición sexual del señor Dívar. Nos da igual que la compañía fuese una corista o un soldado, lo que ya no nos da lo mismo es que este señor haya sido tan “generoso” con nuestro dinero.
Con Divar ha empezado el desfile. Aunque, de momento, el presidente interino del CGPJ Fernando de Rosa, se resiste a publicar detalladamente los gastos protocolarios y viajes de sus vocales, una media de 22.000 euros por cada vocal en 2011, esos datos, sin duda, van a salir por otro conducto, el de “máxima transparencia”, pero de verdad.
Por el momento de todo lo que se sabe, que es bastante, sobre el presidente interino Fernando de Rosa, destacar que es un defensor a ultranza de Francisco Camps, y que le tiene afición a La Patagonia, adonde ha viajado dos veces en seis meses a cargo del Tribunal. “Viajé con mi mujer, y el viaje suyo lo pagó ella”: todo un detalle.
Los contubernios de los políticos nos llevan a estas situaciones. Ante el inadmisible entramado de políticos y jueces, no estaría de más que se les hiciera un examen, a fondo, para detectar si son dignos de que nos gobiernen y nos juzguen. Hay un libro muy recomendable, escrito por el doctor José Cabrera, especialista en psiquiatría y diplomado en criminología, que hace reflexiones sobre nuestros gobernantes dignas de tener en cuenta. Se titula “La salud mental y los políticos”.
Lo que hay detrás del nombramiento de Carlos Dívar hace cuatro años, es un “secreto” que alguien desvelará en cualquier momento. Parece ser que Dívar tenía un recorrido personal conocido, y no cuadra, entre otras cosas, que Zapatero, que se lió a quitar símbolos católicos de las instituciones públicas, escuelas, hospitales, etc…, nombrase como la cuarta autoridad del Estado a alguien que se come los santos. Tan rezador es el hombre que, según le contó José María Calleja a Julia Otero en Onda Cero, cuando el juez Marlasca comentó que se iba a casar con otro hombre, Carlos Dívar le dijo: “Rezaré por ti, hijo mío”.
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Baltasar Garzón y Luis del Olmo en un partido contra la droga a beneficio de Proyecto Hombre. |
Sentado a la puerta de su exilio forzoso, Garzón está viendo pasar el cadáver de su enemigo: van a ir rodando cabezas; la judicatura anda revuelta. El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, quien conoce bien la magistratura por dentro, ya dijo, alto y claro, del Supremo, que no es Dios, son “una casta de burócratas”. Estos burócratas se cargaron de un mazazo la carrera de un juez con una hoja de servicios impecable, condenado por pretender evitar una acción delictiva con evasión de capital. Once años de inhabilitación es un acto de mala fe hecho aposta para que Garzón no pueda volver a ejercer en España: la envidia es muy mala. Jiménez Villarejo dejó en el aire de la SER los nombres de Varela y Marchena como principales instigadores: “la sentencia contra Garzón es la culminación de una venganza institucional y el Supremo es un tribunal arrodillado a la corrupción que representa Gürtel”. En la misma línea dejó su valiosa opinión el magistrado, ya retirado, del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín emulando a Nostradamus y, por desgracia, acertando: “si el Tribunal Supremo sigue en su línea, puede que los implicados en el Gürtel sean absueltos”. Dicho y hecho, absueltos o no, Correa ya está en la calle con una fianza multimillonaria que se ha podido permitir pagar; ahora se le ve a diario por Sotogrande, donde tiene un casoplón, y se pasea por la residencial zona sin temor de Dios. No hay como tener dinero a buen recaudo en las fauces de un caimán, en un paraíso fiscal.
“La justicia está bajo mínimos”
La destitución de Garzón ha dejado una herida abierta y cualquier ocasión es buena para recordarlo: “La justicia está bajo mínimos”, ha dicho Gaspar Llamazares y no es una opinión aislada. Lo menos valorado en España, según un reciente encuesta: “los jueces”; tampoco es nada nuevo. Las hemerotecas evidencian precedentes, públicos y notorios, en los que los jueces han interpretado la ley de tal manera que delincuentes de guante blanco, manguis de alcurnia, con hechos probados, han salido indemnes; de eso se ha quejado alguna vez Mario Conde, con la razón de que supone un agravio comparativo. A nada que hurguemos en Internet encontraremos material abundante de nombres muy distinguidos que campan libremente sin el menor resquicio de vergüenza.
Hay jueces…, y jueces
Naturalmente hay jueces magníficos, la mayoría, faltaría más, y sus hechos no pasan inadvertidos, porque al difícil ejercicio de su cargo va unida su integridad personal. Desde aquí el mejor recuerdo para un juez de primera, en todos los sentidos, mi buen amigo Antonio Jiménez Pericás, impulsor de Jueces para la Democracia. Dicen los doctos que “un juez, además de aplicar la ley tiene que interpretarla”; en esa línea se lleva la palma el juez de menores Emilio Calatayud, y si hay que poner un ejemplo de sensibilidad, lo tendríamos en el juez sevillano Francisco Serrano, quien modificó el turno de visitas de un niño de once años para que permaneciera con el padre un día más y así poder salir en una cofradía en la madrugá sevillana, excelsa procesión en la que dos Esperanzas, la de Triana y la Macarena, “rivalizan” en belleza. El niño, acompañado de su abuelo, había acudido al despacho del juez Serrano para decirle que era su “máxima ilusión”, argumento que emocionó al juez puesto que el niño llevaba “preparándose todo el año para salir en la procesión”. Al juez le pudo el corazón y tomó una decisión, “desacertada”, para la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que no entiende de sentimientos, y ha visto en el juez Serrano “prevaricación”, condenándole a dos años de inhabilitación...
Pero, como en botica, en la judicatura hay de todo, y también jueces nada ejemplares para los que la ley es un trámite tan cotidiano como fichar, con desgana, en la oficina todos los días. Mientras el sentido común ve con inquietud cómo a Baltasar Garzón, el juez que más ha perseguido el terrorismo, le han sentado en el banquillo como a un vulgar delincuente, como a cualquier criminal, otros jueces, merecedores de ser apartados de la carrera judicial, están protegidos por sus colegas. En estas páginas exponemos algunos ejemplos nada ejemplarizantes, que no por sabidos hay que echarlos al olvido.
Comenzamos por el juez Rafael Tirado Márquez, un juez “valiente” acusado de hasta diez faltas por “dejación de funciones” quien, a mediados de los años noventa, había sido ya sancionado por el CGPJ con una multa de 50.000 pesetas. El diario digital Público revela detalladamente datos personales de este juez, muy conocido, por sus andanzas, en la localidad sevillana de Lora del Río y a quien, según dice Público, “los propios jueces le han salvado varias veces de situaciones muy comprometidas”, lo que demuestra lo atinado del refranero español: “quien hace la ley, hace la trampa”. El caso más sonado relacionado con este juez, por las terribles consecuencias, es el de haber mantenido en libertad a Santiago del Valle García, indeseable tipejo, asesino de la niña Mariluz Cortés, quien tenía en su haber “antecedentes de abusos a menores”. El Consejo General del Poder Judicial saldó la negligencia del juez Tirado con una multa de 1.500 euros; qué poco nos valoran. Por cierto, sobre el asesino de Mariluz, hay un dato vergonzoso que debería hacer saltar las alarmas en la dirección general de prisiones: “al que mató a la chiquilla de Huelva, le han hecho coordinador en la cárcel”. Tal cual se lo ha contado a Jesús Quintero, en Canal Sur, Miguel Montes Neiro, el que, hasta hace poco, era el preso más antiguo de España; casi cuarenta años en la cárcel por no haber matado a nadie. Miguel Montes, del que dicen “es una buena persona”, cuenta que en la cárcel los violadores “están muy mal vistos entre los propios presos”, pero algunos “van a favor de los funcionarios”, es decir, son chivatos y gozan de “favores”; es el caso de Santiago del Valle.
De insensible se puede calificar la actitud del presidente de la Audiencia Nacional, Fernando García Nicolás, durante el juicio contra dos etarras por el atentado a la casa cuartel de Santa Pola en 2002, en el que pudimos escuchar el relato estremecedor de Toñi Santiago, madre de la niña de seis años Silvia Martínez, quien falleció en el atentado. Esta madre desolada pidió “justicia” al tribunal, y, cargada de razón, se volvió hacia los etarras mirándoles fijamente y les llamó “asesinos, cobardes, hijos de puta”. García Nicolás se puso digno y la llamó al orden. Ante la aflicción de esta madre, el señor juez podría haber tenido un gesto de indulgencia, ahorrándose el formulismo legislativo. La mejor reflexión sobre este insensible comportamiento se la escuché a Luís del Val, el Cartero de Buruaga, en la COPE.
El engaño del ministro Gallardón
En el juicio por el asesinato de Marta del Castillo, los jueces son protagonistas por timoratos. Visto desde fuera, se percibe en su actitud falta de firmeza ante unos chavales perversos que chulean al tribunal. No hay manera de que los jueces consigan que estos tres infames confiesen dónde y cómo se deshicieron del cuerpo de Marta. Sorprende, y no es para menos, cómo en las detenciones a miembros de ETA la policía diligente ofrece datos detallados de los arsenales de armas, zulos, direcciones, etc., es decir, consiguen, desconozco cómo, que los etarras canten hasta la Traviata. No se entiende por qué no se emplean los mismos métodos, si es que los hubiera, con todos los asesinos.
El careo entre los acusados, propiciado por el tribunal, no dio buen resultado. He hablado con el padre de Marta y su opinión es concluyente: “el careo estaba hecho para callar bocas”. En este sentido la opinión autorizada de Javier Nart, cuarenta años como abogado penalista, no deja lugar a dudas: “No se puede condenar si no existen pruebas, y aquí lo que sobran son pruebas”. Al hilo de lo mismo, el periodista Nacho Abad sostiene que “se han despreciado pruebas”.
Antonio del Castillo esperaba impaciente la entrevista con el ministro de Justicia tras su nombramiento, y el cumplimiento de la promesa hecha en campaña sobre la “revisión de la prisión permanente para los delitos de máxima gravedad”, pero la decepción ha sido grande. En la entrevista mantenida con el padre de Marta, Gallardón se desdijo de lo prometido: ahora dice que el gobierno “únicamente introducirá la prisión permanente revisable para los delitos de máxima gravedad en el terrorismo”, y que no lo hará extensible a los delitos “contra la libertad sexual”. Que nos expliquen qué es ese palabrerío de “libertad sexual”, inventado para confundir sin que venga al caso cuando estamos hablando de menores, en su mayoría, asesinadas tras ser violadas y torturadas. La actitud del ministro es, como mínimo, despreciable. Durante la entrevista, la cara de Gallardón daba grima; esa media sonrisa de cínico ante un padre escarnecido que, con más razón que un santo, solo pide “justicia”. Vaya mierda de justicia nos toca vivir si alguien no lo remedia. Antonio del Castillo, tras la puñalada trapera que le ha asestado este ministro mentiroso, le pide a Gallardón “que rectifique o dimita”: no nos caerá esa breva, querido amigo, pero éste, ahora ministro, nos dice la experiencia de su trayectoria que es de los que, caiga quien caiga, pega el culo a la poltrona del poder; la derecha no le quiere ni ver porque le ponía morritos al PSOE, al que, muy a su pesar, nunca consiguió engañar. Tendría que haber una ley que echase a esos dignatarios indignos que mienten para sacar votos. No será prevaricar, pero es mentir, engañar, estafar...
Antonio y Eva, padres de Marta del Castillo, y ese abuelo valiente son el ejemplo de la obligada resignación que, ante la impotencia agravada por el desamparo gubernamental, ya sólo piden poder enterrar a su hija, pero no bajan la guardia intentando conseguir que se cumpla esa modificación de la ley, prometida, que haga justicia a las víctimas. Estamos de su parte para ayudarles en esa lucha.
Otro despropósito reciente de los jueces ha sido la puesta en libertad de José Franco de la Cruz, alias El Boca, acusado de violar y asesinar, en 1991, a la niña de nueve años Ana María Jerez. La aplicación de los beneficios penitenciarios, ha propiciado la puesta en libertad de esta sabandija 21 años antes de lo que estipulaba su condena. La Audiencia Provincial de Huelva, dando, una vez más, muestras de insensibilidad desestimó la aplicación de la doctrina Parot, vulnerando los más elementales derechos de una familia que lleva 21 años de sufrimiento que se prolonga indefinidamente al ver que el asesino de Ana María está en la calle. Como dice Adoración Cano, madre de la niña: “de nuevo prevalece el derecho de los asesinos por encima del derecho a la vida de las víctimas”.
Madres vengadoras
Las madres coraje nos parten el corazón, no hay palabras para describir su dolor.
En la retina tengo la imagen de Marimar Bermúdez, golpeando impotente el furgón que trasladaba, ya libre por la puerta de atrás, a El Rafita, uno de los cuatro implicados en el asesinato de su hija, la joven Sandra Palo. El pasado 20 de mayo se repitió la doliente imagen de esos padres que presenciaban, de nuevo, la puesta en libertad del llamado Ramoncín, otro de los menores acusados del asesinato de Sandra. Si estos sanguinarios ya no son menores, uno se pregunta por qué les sacan protegidos desde el interior de la prisión, camuflados en un coche especial que pagamos todos. Señor Gallardón, violar entre cuatro canallas a una joven indefensa, posteriormente atropellarla varias veces con un coche, y rociarla después, aún con vida, con gasolina ¿no le parece terrorismo? Pues mire, señor ministro de Justicia, aunque usted no lo considere, eso es peor que el tiro en la nuca.
Estos criminales, a los que ha beneficiado la ley del Menor, han pagado su malignidad con sólo cuatro años internados en un centro de menores; ya están libres de la justicia.
Ante situaciones tan dramáticas, la frase acuñada por Belén Esteban, “por mi hija, mato”, merecería ser puesta en valor. Dicho así puede que no sea políticamente correcto, ni se pretende. Hay casos veraces, en los que algunas madres coraje han llevado a la práctica el desagravio a sus hijas ultrajadas, vilmente asesinadas. No estaría de más exponer con frecuencia estos hechos de madres valientes, para que los violadores se lo vayan pensando y dejemos de enterrar víctimas inocentes.
En España, la veda la abrió María del Carmen García, madre de una niña de trece años que había sido violada. El violador, que estaba en libertad, no sólo se jactaba de serlo, sino que amenazaba con reincidir. Un día, la madre de Verónica, que estaba en una parada de autobús, no aguantó más cuando se le acercó el tipo provocándola, como era su costumbre. Se fue a una gasolinera, encontró al violador en un bar, le roció con gasolina y le prendió fuego. María del Carmen García fue acusada de asesinato y condenada, en julio de 2009, por la Audiencia alicantina a nueve años y medio, aunque, un año después, el Tribunal Supremo rebajó la pena hasta cinco años y medio al aplicarle la eximente incompleta de trastorno mental transitorio. La Audiencia de Alicante ha sabido interpretar la ley al amparo del artículo 4.4 del Código Penal, sin que se oponga el ministerio fiscal, mientras se tramita la petición del indulto, para lo que se están recogiendo firmas de apoyo en las redes sociales.
Un caso muy sonado fue el que ocurrió en 1981 en la sala de un juzgado de Luebeck, Alemania, mientras se celebraba el juicio contra un tal Grabowski, acusado de violar y asesinar a Anna, una niña de siete años. Marianne Bachmeier, madre de la niña, en pleno juicio contra el violador empuñó una pistola y le disparó seis tiros. Cumplido su objetivo, Marianne fue directamente a entregarse a los policías de la sala mientras decía: “Mi niña está vengada”. El tal Grabowski tenía el precedente de abusos a menores, pero estaba en libertad. Caso similar, entre otros, al del asesino de Mariluz Cortés.
Desgraciadamente, son hechos que se repiten con relativa frecuencia. En un juzgado de Andalucía, desde hace cuatro años, duerme una denuncia por abusos contra el padre biológico de dos menores, muy menores, con el agravante de que la madre y la abuela estaban al tanto de lo que sucedía: “no le habíamos denunciado por miedo”. Terrible; el tipo anda por la calle tranquilamente; qué miedo.
Estando de acuerdo en que hay que acatar la ley, aquí no hay más cera que la que arde y si la ley está mal hecha, pues leña a la ley y a los jueces por no exigir, de inmediato, una modificación de esa ley que perjudica a las víctimas. A Miguel Carcaño le han caído sólo veinte años: en poco valora la ley la vida de Marta del Castillo. No es sino un ejemplo.
Los jueces son machistas
La ley, en general, es machista; por ende, los jueces, por lo general, son machistas.
No me resisto a evidenciar tres modelos de funcionarios judiciales gallitos, “valientes” donde los haya, a los que habría de despojar de su toga y mandarles a pastar.
En La Rioja, durante el juicio a una mujer nigeriana, el fiscal, Eduardo Peña, indicó al juez y a los abogados presentes: “Abrid las ventanas, que la negra huele mal”. La Fiscalía Superior de La Rioja consideró el insulto como “falta leve”, que no conlleva ni multa ni castigo. Me pongo en lo peor si, a la inversa, la mujer insultada le hubiera respondido al señor fiscal que él es un cerdo de dos patas: con perdón de los cerdos de cuatro.
En Murcia, según el juez Juan del Olmo, de la Audiencia Provincial de Murcia, llamar “zorra” a una mujer raya en el elogio. La mujer que hizo la denuncia de tal insulto, llevaba el agravante de que su marido además de llamarla “zorra” le había dicho que no iba a parar hasta verla “en el cementerio en una caja de pino”; así se lo hizo saber al hijo de ambos, demostrado en una grabación. Ésta fue la respuesta de la Sala: "La realidad fáctica acreditada no reseña que el acusado vertiese alguna expresión que proyectase desprecio o menosprecio a la dignidad de la mujer o que fuera expresiva de una posición de dominio o exigente de sumisión". De toda esta parrafada, ininteligible, podría desprenderse que al juez del Olmo no le importaría que ponderasen a las féminas de su familia llamándolas “zorras” o les prometieran sendos “pijamas de pino”. Grave sería que ellas lo admitiesen, que no lo creo porque quiero pensar que no serán tan cretinas como él.
El juez Antonio Martín Ferradal llamaba reiteradamente “putas” a las madres solteras que llegaban al Registro Civil de Murcia, de donde era encargado. Esta “joya” también sigue en activo.
Pero el machismo no es individual; a esto juega también el colectivo de los tribunales, amparándose en el cumplimiento de la ley, y tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo desestimaron la demanda de María Luisa Muñoz, una mujer viuda a la que, durante siete años, se le negó sistemáticamente el derecho a la pensión de su marido. El hecho de ser de raza gitana fue un agravante discriminatorio, ya que el “puritanismo” de una ley pacata no le reconocía a María Luisa su casamiento gitano. La intervención de la Fundación Secretariado Gitano, que presentó un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, consiguió que a María Luisa le fuese reconocido su derecho a la pensión de viudedad. Esto sucede en la España “progre” sin que muevan un dedo estos jueces, bien pagados, igual que los sucesivos ministros de Justicia, de quienes depende la modificación de la ley.
Jueces y médicos, en tándem
Estos dos colectivos forman equipo bien avenido. Un porcentaje altísimo de las demandas por negligencias médicas no tienen futuro para el demandante, ni siquiera en casos irreversibles. A ello contribuyen, en buena medida, los seguros, que no sueltan el dinero conocedores, por experiencia, de la negligencia de los médicos y que éstos se defienden como gato panza arriba mientras los jueces miran para otro lado. A veces, la publicación del caso en los medios de comunicación les hace recapacitar y reconsideran la indemnización; una publicidad negativa se vuelve en su contra. Destacamos algunos, aunque por desgracia los hay a cientos.
En Marbella, una empresa de medicina privada, de altos vuelos, fue requerida a domicilio para atender a un ciudadano noruego. El equipo médico desplazado no fue capaz de acertar que el enfermo estaba sufriendo un infarto de miocardio. Aún así, como resultaba claro que su estado era grave, el doctor que le atendió extendió un parte de asistencia para su traslado a un hospital, pero, inexplicablemente, abandonaron el domicilio sin trasladar al enfermo (estando a su puerta un médico, un ATS y un conductor, con su correspondiente UVI móvil) y no volvieron hasta cuatro horas más tarde, cuando ya sólo podían certificar su muerte.
La viuda y los hijos del fallecido desesperan por conseguir la condena del médico que lo abandonó a su suerte, sabiendo que en España para condenar a un médico es necesario un informe forense que declare la existencia de negligencia y los forenses son muy reacios a perjudicar a sus compañeros de profesión. La defensa de la familia del fallecido optó por formular directamente la pregunta clave al forense, de forma que no pudiera eludir su respuesta con palabrería ligada a la dificultad de diagnóstico de un infarto: “¿Se violaron o no los protocolos de actuación del Plan Sanitario de la Junta de Andalucía, que obligan a trasladar al enfermo a la vista de sus síntomas?”. Un año y medio después de que se diera traslado al forense para que emitiera su informe, tras varios requerimientos del propio órgano judicial, ha tenido que contestar que “sí” se violaron las normas. El caso está preparado para su enjuiciamiento y aquí estaremos para contar su conclusión con aportación de datos personales.
En el caso de Enrique Morente, los jueces y los médicos reculan al unísono. “Hemos vivido una película de terror”. Lo dice Javier Conde, refiriéndose al fallecimiento de su suegro. “Dejaron morir a mi marido, sin auxilio y sin avisarme; es una canallada”, son las palabras de Aurora Carbonell, la mujer de Enrique Morente. La familia del gran cantaor pide justicia: “no queremos dinero”. El gesto es muy loable, pero, como sugerencia, a los médicos culpables hay que darles donde más les duele, en el bolsillo; después, con ese dinero, siempre se puede hacer una obra benéfica.
El Supremo es misógino
Hace un año el Tribunal Supremo soltó esta perla: “Los cirujanos plásticos no están obligados a dar buenos resultados”. Era una sentencia contra una mujer, malagueña, víctima de un cirujano plástico. Hay que ser amoral para dictar una sentencia en esos términos. Teniendo en cuenta que quienes acuden al cirujano plástico son mujeres en su mayoría, semejante disparate sólo cabe en la mente retorcida de un misógino, ese elemento inmundo que manifiesta aversión hacia las mujeres. Desde el Colegio de Médicos de Málaga ya se frotaban las manos creyendo que esta sentencia podría “crear jurisprudencia”, pero se van a quedar con las ganas porque ya hay en marcha un movimiento fuerte que va a dar a conocer todos los datos de estos sátrapas con carné de médico: “Pese a quién pese, lo vamos a exponer en el Parlamento Europeo”. Estaremos prestos a contarlo.
Es de desear que el nombramiento de Soledad Becerril como Defensora del Pueblo contribuya a que esos casos de menosprecio por la justicia encuentren cobijo en una institución de la que, a menudo, se desconoce en qué consiste su competencia. Ojalá la designación, consensuada por el PP y el PSOE, haya sido acertada. Becerril se ganó bien su fama como buena gestora, seria, rigurosa, tolerante y competente.
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| Extracto del manual que edita la AECEP, Asociación Española de Cirugía Estética Plástica, sobre la cirugía de reducción mamaria. |
En Málaga hay médicos excelentes en todas las especialidades, sin duda, pero, curiosamente, Málaga también da un índice bastante elevado de cirujanos plásticos demandados por mala praxis. Aviso a navegantes: el nuevo programa de Telecinco Los ojos de Belén, ha empezado su recorrido precisamente en Málaga, abordando en la puerta de los juzgados a un cirujano plástico demandado por una mujer a la que le practicó una operación de pecho con resultados desastrosos; las imágenes de esta pobre mujer son tremendas: una mutilación en toda regla. La justicia hará lo que le parezca, pero Los ojos de Belén ayudarán a que este “cirujano” no se vaya de rositas. A pesar de intentar esconderse, ya hay imágenes del tal médico, suficiente como para que se le corte el negocio: hay que desenmascarar a estos carniceros de quirófano. No obstante, como no se ha facilitado su nombre, todavía, ha enviado a su abogado, que le ha hecho una oferta de pacto a la demandante; pero la mujer ha desechado la “generosa” oferta: “Voy a por todas”, ha dicho. Hará muy bien y, desde estas páginas, y me consta que desde otros medios, estaremos para contarlo.
Situaciones así están a la orden del día. De nuevo en Málaga, en una conocida clínica cuyo nombre omitimos, de momento, hasta que revelemos el nombre del cirujano plástico autor del desastre causado a una mujer en una operación de reducción de pecho.
En la primera consulta, el médico le mostró a la paciente una serie de imágenes en el ordenador de mujeres antes y después de la cirugía con la técnica de la T invertida. “Eran pechos voluminosos y la cicatriz, tras la intervención, era casi imperceptible, eso me animó mucho”; manifiesta la mujer. “Me dijo que las había operado él con la misma técnica que me iba a practicar a mi: la de la T invertida”. El engaño estaba servido.
Como confirmación de lo que había dicho de palabra sobre la cirugía a realizar, previamente a la operación, el médico trazó un dibujo sobre un folio con su membrete y firmado por él, descriptivo de lo que iba a ser la cirugía, la T invertida. Documento aportado a la demanda, como prueba incuestionable, que fue ignorado por quienes instruyeron las diligencias en el Juzgado de Instrucción nº 10 de Málaga, resolviendo, “sin posibilidad de recurso alguno”, la demanda interpuesta contra el cirujano plástico de Málaga, vulnerando los derechos constitucionales y negándole a esta mujer la posibilidad de expresarse ante un tribunal y mostrar el tremendo daño, físico y psíquico, derivado de una mala praxis. Al cirujano se le escapó el bisturí, exagerando, de manera despiadada, la extensión de las incisiones; en total, más de un metro de longitud. Nada que ver con el gráfico mencionado, firmado por el cirujano, que daba fe de lo pactado verbalmente, de lo que se puede deducir que las fotografías mostradas, de cirugía impecable, no eran pacientes suyas; eran un engaño. El daño causado, es irreversible y las secuelas considerables, tanto exterior como interiormente.
Actualmente, los cirujanos competentes resuelven una reducción mamaria con una incisión vertical de unos tres centímetros aproximadamente, y la colocación de las areolas; simplemente. En pechos de mayor tamaño, la técnica empleada es la denominada T invertida, que se trata de una incisión vertical de unos cuatro centímetros, y otra incisión horizontal de entre cinco a ocho aproximadamente. (v. la ilustración del manual que edita, al respecto de esta cirugía la AECE, Asociación Española de Cirugía Estética).
Este médico, es conocido en Málaga, sobre todo, por su afición a los coches antiguos (no de juguete): parece ser que tiene unos cuantos. Además de hacer operaciones privadas de cirugía estética, de las que no extiende factura y el pago es en efectivo, trabaja en un centro público (ley de incompatibilidades). Como este médico se anuncia en Internet exhibiendo su foto, no le importará que se haga público. Ha tenido varias demandas y, aunque no las ha ganado todas, va teniendo…,suerte?
* * *
El comportamiento, nada ejemplar, de algunos jueces expuesto en este reportaje, por suerte tiene el contrapunto de los jueces que interpretan y cumplen la ley en conciencia, aplicándola a favor de las víctimas. Así lo han entendido en el caso de una mujer que falleció por una negligencia médica tras una operación de aumento de pecho, en la Clínica Salus de Benalmádena, por la que dos médicos de Málaga han sido condenados a tres años de cárcel. En su recurso, Fernando Molina, abogado de la fallecida, eleva la petición de la pena de cárcel a cuatro años y una indemnización que, por más que sea, no repara una vida ni el daño a la familia, pero les da donde más les duele a los médicos.
Los médicos no admiten nunca sus errores y perder una demanda les deja al descubierto. Pero, cuando la ley es tozuda y sacrifica a las víctimas, existe la opción de contarlo fuera de un juzgado y para eso estamos los periodistas. Esto es algo que llevan mal los jueces, y sacuden sin miramiento cuando un profesional de la información, bien documentado informa pero protege sus fuentes, amparado por la Constitución que, en su artículo 20, recoge el derecho del periodista a no revelar sus fuentes. Es lo que le ha ocurrido al periodista de la cadena SER Pedro Jiménez, quien, durante meses, investigó las “presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos cometidas por una fundación vinculada al Partido Popular”. Pedro; estamos contigo: hasta el final.
Los jueces tienen la obligación de cumplir el compromiso moral y ético con la ciudadanía, y predicar con el ejemplo. No sólo porque les paguemos, que también.
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escrito por elda, julio 04, 2012
He vivido muy de cerca ese caso y le digo que no fué la "simple ampliación del régimen de vistas" sino que le QUITÓ LA TUTELA JUDICIAL A LA MADRE SIN QUE FUERA EL JUEZ COMPETENTE Y SIN NI SIQUIERA ESCUCHARLA NI COMPROBAR QUE REALMENTE LA MADRE SE NEGASE, porque el ppal problema que ha tenido el juez en su defensa es que la madre nunca se negó a nada, que sólo escuchó a una parte y que ni siquiera contó con el ministerio fiscal quién debe estar siempre presente en la declaración de un menor. Alegó un motivo de máxima urgencia e invocó el art 158 código civil, como si realmente hubiese un peligro inminente. Eso automaticamente le hubiera supuesto a la madre perder la custodia de sus hijos porque le recuerdo que los padres aún no estaban divorciados, es decir era un pleito aún abierto y el juez trató de influir en ese divorcio a favor del padre. Por si hubiese duda el juez serrano se encargó de redactar un documento al juez competente pidiendo que le retirasen la custodia a la madre de inmediato.
La " sensibilidad" de este juez queda plasmada en sus ataques a las víctimas de violencia de género. Puede usted consultar su plataforma por la igualdad, con bonito y ecuánime nombre, pero desde la que se lanzan consignas contras las mujeres víctimas de VG y desde la que se lucha por imponer la custodia compartida por ley, sin la más mínima consideración por los menores.
Finalmente decirle que el abuelo no acudió solo con su nieto sino que ha quedado demostrado que fué acompañado del padre del menor como de 4 abogados, sí 4. El abogado Joaquín Moeckel es el abogado del padre y a su vez, en ese momento, del juez serrano en sus pleitos particulares contra precisamente la violencia de género. Si precisa más información no dude en ponerse en contacto conmigo.
Gracias
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Respondo a su doliente comentario. Entendiendo que es usted alguien muy próximo a la madre del niño, debo aclararle que, desde el primer momento me interesó el tema y que lo he seguido de cerca, naturalmente desde otro ángulo muy distinto al suyo. Sin entrar en detalles de otra consideración y ciñéndome estrictamente a lo de la procesión, no se concibe esa oposición de la madre para que el niño cumpliera su sueño de salir como paje en la sevillana procesión del Silencio, simplemente, tal como lo entiendo, con el ánimo de molestar al padre del niño que, como sucede siempre, es el mayor perjudicado por la falta de comprensión de los mayores. En relación al procedimiento del juez Francisco Serrano, me informé, debidamente, de que era perfectamente competente para dictar resolución, y no porque lo dijera él, sino porque la Audiencia Provincial de Sevilla dictó un auto confirmando la resolución del juez Serrano en relación a la ampliación del régimen de visitas.
En cuanto a su apreciación sobre el juez Serrano “es un lobo con piel de cordero”, es de suponer que tendrá usted datos para valorarlo; no es mi caso.
Sobre su interés en proporcionarme los informes que apunta relativos al juez Serrano, serán bien recibidos. Si lo desea los puede enviar a [email protected] . Como es natural deberá usted facilitar sus datos personales.
Maite Arnaiz