PES.- Miguel Ángel Gallardo Ortiz, criminólogo e ingeniero especializado en seguridad informática, telemática y criptografía, actuando también en representación de la Asociación Para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica), ha presentado una denuncia penal en Madrid contra Google por haber captado datos de las redes WiFi abiertas que encontraban en su camino los vehículos Street View mientras tomaban imágenes para su red de mapas "Google maps".
Miguel Ángel Gallardo menciona en su denuncia un artículo publicado el 11 de junio de 2010 en la edición digital de Público por la periodista Blanca Salvatierra, titulado “Una ONG acusa a Google de intención delictiva" en referencia a afirmaciones de Privacy International (PI) que sostienen que los coches de Street View han infringido la ley en casi 30 países.
"El estudio establece, más allá de la duda razonable, que Google tiene la intención de interceptar y almacenar sistemáticamente el contenido de las comunicaciones", explica la ONG en un comunicado, que advierte sobre la posibilidad de que Google se vea afectada por enjuiciamientos penales en casi la totalidad de los 30 países en los que ha utilizado el sistema.
Siempre siguiendo la denuncia presentada por Miguel Ángel Gallardo, los detalles sobre la forma de captar los datos se han conocido a través de una auditoría externa encargada y hecha pública por la propia Google. En ella se detalla que el programa utilizado en los coches de Street View, que en apariencia sólo tomaban imágenes a pie de calle para ilustrar los mapas de la compañía, recogía el contenido que circulaba por las redes WiFi no protegidas y procedía a su almacenaje.
Según Privacy International, "la auditoría revela intención delictiva por parte de la compañía [...] Es el equivalente a colocar una grabadora en un teléfono sin consentimiento".
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha bloqueado los datos que captaron los coches de Google en España y los está analizando. Si su investigación administrativa demostrase que Google ha violado la ley, la Agencia impondría una sanción a la compañía. Las investigaciones que se están llevando a cabo analizan, entre otros aspectos, los procedimientos y métodos por los que han sido captados y almacenados los datos, así como su tipología y la finalidad para la que han sido recabados.
"Si preparas una aplicación para la interceptación de datos, parece clara cuál es la intención. Es prácticamente imposible que Google no captara información de carácter personal", explica el abogado especializado en protección de datos Samuel Parra. Además de las sanciones que pudieran derivarse de la investigación de la AEPD, Parra establece una vía alternativa que hace referencia al artículo 197 del Código Penal. Este detalla penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses para aquel que "intercepte las telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o [...] de cualquier otra señal de comunicación". El abogado explica que cualquier ciudadano podría iniciar este procedimiento. La fiscalía, por su parte, también podría actuar de oficio contra Google en el caso de hallar indicios de delito.
Importancia de la intención
Para PI, aunque algunas legislaciones establecen un margen para captación de datos por error, la intención que supone haber creado este tipo de software es clara. La organización añade que la interceptación de las comunicaciones sólo puede realizarse con una orden judicial. "Todo lo demás se considera ilegal", añade.
Google siempre ha argumentado para defenderse que no había intención de delinquir, ya que ni siquiera tenía conocimiento de estos hechos. Según la compañía, un ingeniero introdujo sin permiso las instrucciones de recopilación de datos en el software de los coches, una situación incomprensible para el director de la AEPD, Artemi Rallo: "Google no puede alegar un error tecnológico cuando es la principal empresa de tecnología del mundo", declaraba días después de que el escándalo se hiciera público.
Privacy International también duda de esta explicación, afirmando que la captación de datos "va más allá del error individual que promueve Google".
Mediante un escueto comunicado en su blog oficial, Google insiste en que la recopilación de datos se debió a un error y que continúan trabajando con las autoridades para dar respuesta a sus preocupaciones.
Conocidos estos datos y analizadas las comunicaciones y noticias publicadas por las partes, Miguel Ángel Gallardo pide al Juzgado de Instrucción al que corresponda tramitar la denuncia que practique diligencias previas en las que la AEPD debería aportar toda la documentación e informaciones sobre los presuntos delitos que puedan haberse cometido, y que desde la misma notificación mantenga puntual e inmediatamente informado al juzgado de cuantos hechos relevantes vaya conociendo en relación a los presuntos delitos aquí denunciados.
Se pide también que para auxiliar al juzgado instructor, se designen peritos funcionarios de oficio que queden a la disposición del juzgado tanto para interpretar la documentación requerida en la anterior, como para llevar a cabo cuantas otras diligencias el juzgado disponga, y se recomienda para ello al Centro Criptológico Nacional (CCN) del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaria General de Policia Judicial del Cuerpo Nacional de Policia, al Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil y al Departamento de Tratamiento de la Información y Codificación del Instituto de Física Aplicada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Se pide asimismo que el juzgado instructor tenga en cuenta cuanta documentación sea posible en relación a posibles delitos cometidos por personal contratado por Google en España o por quienes tienen la función pública de vigilar, impedir y sancionar faltas, o de poner en conocimiento de la autoridad judicial indicios racionales de criminalidad.
Gallardo, quien en la denuncia actúa también como representante y presidente de la Asociación Para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica) hace referencia a la alarma social que ha creado esta actuación de Google en varios países y pide que se cite en calidad de imputado al representante legal de Google España, requiriéndole antes toda la documentación de que disponga sobre los presuntos delitos denunciados.
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