RJClaudín.- En España estamos otra vez con el problema del terrorismo en primera línea de la política, aderezado en esta ocasión por la incomprensión que sentimos en la izquierda latinoamericana ante esta amenaza a nuestras vidas y a nuestra democracia.

El agotamiento de la violencia como fórmula de conseguir objetivos políticos es palpable en el País Vasco y la posibilidad del final de la actividad terrorista de Eta aviva la desconfianza entre partidos políticos preocupados por las elecciones en 2012 y la necesidad de no dar bazas al oponente, porque sigue en la memoria colectiva que el entorno de Aznar jugó a eso en su momento y el entorno de Zapatero también en la pasada legislatura.

Así que las declaraciones de políticos cualificados en esta materia como Alfredo Pérez Rubalcaba o Ramón Jáuregui, cuando afirman que se dan pasos en la izquierda abertzale vasca, pero insuficientes para modificar la política del Gobierno de España, y que tendrá que haber una ruptura en ese mundo porque no es previsible que la banda terrorista ETA se disuelva sin más: “siempre habrá quien quiera poner un precio a su abandono”, dice Jáuregui, no son asimiladas por la derecha española, que se siente la principal víctima del terrorismo, desdeñando las innumerables personalidades, cargos públicos y militantes de la izquierda que han caído también con un tiro en la nuca.

Pero la novedad en esta nueva oleada informativa es constatar que se mantiene la incompresión de las fuerzas de la izquierda latinoamericana sobre la realidad del terrorismo en España, que deviene de su justificación porque se producía contra una dictadura, la del generalísimo Franco, alimentada posteriormente por el alineamiento de los gobiernos de Aznar con los pronunciamientos terroríficos de George Bush y Toni Blair, y las consecuencias espeluznantes que tuvo en materia de derechos humanos.

La realidad es que si, a pesar de Obama, todavía es legítimo recelar de muchas iniciativas de EEUU, también se puede dudar de una España que practica el seguidismo de la Casa Blanca, y en ello están las fuerzas políticas que sostienen gobiernos populistas en América, y otras menos radicalizadas pero ancladas en el pasado por la influencia de la generación hija del exilio.

Así que, retomando el título de esta columna, una declaración del Parlamento español pidiendo colaboración al Gobierno de Venezuela en la lucha contra Eta se toma por una reminiscencia colonialista, en vez de una llamada de auxilio de la democracia española, sustentada actualmente en una mayoría social y parlamentaria de centro izquierda.

Llegados a este punto hay que elucubrar con las iniciativas que tomaría Hugo Chávez si se refugiará en España algún elemento vinculado a los intentos de derrocarle que ha sufrido, que se dedicara a formar y armar a terroristas antichavistas protegido por el gobierno.

Lo que no es una elucubración es que el Cubillas que reclama España asegura que las acusaciones de los etarras que le incriminan “se han obtenido bajo torturas” y que duda que “el Gobierno español pueda probar algo que es mentira”, desconociendo que se trata de una iniciativa judicial y no política, y que esas ideas peregrinas son amparadas por el embajador de Venezuela.

Es evidente que queda mucho camino por recorrer para superar las secuelas del “descubrimiento de América” gracias a las barbaridades que cometieron gran parte de nuestros descubridores con el apoyo de la cruz y la espada, y que hay que esforzarse por recorrer ese camino junto a las fuerzas democráticas americanas. 

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