Periodistas en Español

Mercedes Arancibia

A estas alturas de la historia nadie ignora ya que en la última guerra de Irak (o del Golfo), desencadenada en marzo de 2003 por George W. Bush y secundada por Tony Blair (con Aznar hablando inglés en la intimidad como palanguero mayor), algunos soldados norteamericanos se dedicaron a torturar a los presos en la cárcel de Abu Ghraib, a grabar con sus teléfonos móviles de la última generación de hace diez años todo el sadismo de que eran capaces (especialmente repugnante el de la soldado recién salida de la adolescencia especialista -¿especialista en brutalidad?- Lynndie England, fotografiada arrastrando con una cuerda atada al cuello a un combatiente iraquí), y a colgarlo para presumir en Internet. Una práctica que ya estaba de moda entonces y continúa estándolo como escaparate de atrocidades múltiples, gamberradas a veces con resultado de muerte, asesinatos en serie perpetrados por mentes bipolares y pederastia internacional (Vaticano incluido).

La especialista Lynndie England está cumpliendo tres años de cárcel y su novio y al parecer inductor, el también especialista Charles Graner, diez años. Junto a ellos hay otros soldados condenados y algunos oficiales pusieron un broche de mierda a sus carreras gracias a su complicidad en los abusos, por indirecta y pasiva que fuera.

Una vez saldadas las cuentas y hecha la limpieza en la US Army, ahora empieza a saberse que está en marcha la actuación judicial contra “otra cadena de responsabilidad: la de los “contractors”, las sociedades privadas que subcontrataron algunos de los “servicios” de la guerra estadounidense en Irak”, según cuenta la periodista Camile Polloni en el digital Francés Rue 89, en un artículo titulado “Las subcontratas de la tortura frente a los exdetenidos de Abu Ghraib”. Los abogados de quienes estuvieron detenidos en esa y otras cárceles iraquíes acusan a las compañías militares privadas de haber jugado un papel importante en la violencia física, psicológica y sexual padecida por sus clientes. Según las denuncias presentadas, los empleados de las subcontratas militares, destinados a diferentes tareas en la guerra, habrían “cerrado los ojos voluntariamente y guardado silencio sobre los delitos que presenciaron”. Pero no sólo.

Las denuncias son tan serias y documentadas que uno de esos “contractors”, la compañía con sede en Virginia Engility Holdings Inc., acaba de pagar 5,28 millones de dólares a 71 expresos iraquíes (52 de ellos estuvieron en Abu Ghraib) como resultado de un acuerdo relativo al comportamiento de los empleados de una de sus filiales, L-3 Services Inc., que hasta 2006 facilitó más de 6.000 traductores al ejército estadounidense, servicio por el que cobraba 450 millones de dólares anuales. Otra sociedad militar privada, que responde a la sigla CACI, dedicada a proporcionar personal para llevar a cabo los interrogatorios de detenidos, va a ser juzgada por idénticos hechos. Según el abogado de la acusación Baher Azmy “las sociedades militares privadas tuvieron un papel importante, aunque subestimado hasta ahora, en las peores torturas cometidas en Abu Ghraib”.

Cosas de la justicia estadounidense que nunca dejará de sorprendernos, porque entre sus objetivo no tiene el establecimiento de la verdad, la sentencia dictada afecta solo a la empresa en general, y no a sus empleados individualmente. Según la información de Rue 89, Engility Holdings Inc. sigue firmando “contratos” con el Estado norteamericano. En cuanto a CACI International Inc. es una sociedad fundada en 1962 y dedicada en sus orígenes a proporcionar soluciones informáticas a las empresas; posteriormente evolucionó para dedicarse a facilitar diversos servicios a los ejércitos, y entre ellos el de “interrogatorios”. La firma tiene 12.300 empleados, y la mitad de ellos trabajan en Washington. Los investigadores judiciales han descubierto que el interrogador de CACI animaba a la policía militar a aterrorizar a los detenidos y “…sabía claramente que sus instrucciones (¿órdenes?, no están muy claramente definidas las relaciones jerárquicas entre el ejército y las sociedades de subcontratas) significaban la aplicación de sevicias físicas”.

“La especificidad anglosajona de los contractors -dice Polloni en su artículo- adquiere una importancia particular en este tipo de procesos… porque los tribunales dudan en cuando al estatuto que deben aplicar a esas empresas, que trabajan mano a mano con los soldados… el gobierno estadounidense, en tanto que entidad, queda al margen de las denuncias que puedan presentarse por hechos cometidos en zonas de combate, y las compañías privadas reclaman esa misma inmunidad”.

 

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