Ileana Alamilla

La impunidad es un factor que propicia la criminalidad, y es, al mismo tiempo, efecto y causa de la falta de acceso a la justicia y de la situación creciente de agresiones contra la Prensa. El 23 de noviembre fue declarado por la Red IFEX, integrada por 90 organizaciones de todos los continentes, como el Día Mundial contra la Impunidad, en conmemoración del aniversario de la masacre de Ampatuan, Filipinas, en el 2009, cuando 32 periodistas y trabajadores de medios fueron masacrados.

Con esto se busca lograr justicia para los perseguidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión y promover una reflexión en los Estados, para que los aportes que se plasmaron en un informe mundial, que se presentó por primera vez en varios países, se traduzcan en acciones que erradiquen una cultura nefasta para la libre expresión.

En América Latina, de enero del 2010 a septiembre del 2012, fueron asesinados 74 periodistas y las autoridades solo han dictado ocho condenas, siendo México el país de más riesgo para ejercer esta profesión en el continente. Lo acompañan Honduras y Brasil, países en donde la impunidad, la inseguridad, la censura y autocensura están arraigadas en diversos grados.

En el mismo período, 431 comunicadores fueron amenazados de muerte y las agresiones físicas contra la Prensa se han perpetrado en por lo menos 878 oportunidades; 120 periodistas fueron llevados a los tribunales como consecuencia de sus publicaciones.

Aunque con particularidades, la región tiene problemas comunes: grupos del crimen organizado, la narcoactividad, actores con capacidad de atentar contra la integridad de comunicadores; funcionarios públicos que se convierten en censores y victimarios de la Prensa, aunado a la baja efectividad y capacidad sancionadora de las autoridades judiciales, lo que se convierte en un incentivo para los criminales.

Este informe regional de impunidad 2012, Rostros y Rastros de la Libertad de Expresión en Latinoamérica y el Caribe, de la Red IFEX América Latina y el Caribe, contiene un llamado a la conciencia pública para que la ciudadanía haga oír su voz en aras de la justicia.

Dicho Informe fue presentado la semana pasada a la licenciada Roxana Baldetti, vicepresidenta de la República de Guatemala; a la doctora Claudia Paz y Paz, jefa del Ministerio Público; y al doctor Francisco Dall’Anese, jefe de la Cicig, quienes junto al doctor Édgar Montiel, representante de la Unesco, reaccionaron a su contenido.

El Dr. Montiel hizo referencia a la construcción de un Programa estatal de protección a periodistas que Cerigua y entidades de prensa departamentales están ya elaborando. El comisionado de la Cicig valoró la actividad como una ceremonia simbólica para la democracia y ratificó que, como fiscal y como juez, comparte el ideal de la verdad. Subrayó la importancia de la Prensa en la construcción cotidiana de la democracia.

Para la fiscal general, las acciones del crimen organizado constituyen una amenaza para la Prensa, para la libertad de expresión y para el estado de Derecho, y dijo que el informe contribuirá a la prevención de los ataques contra periodistas y comunicadores. La vicepresidenta coincidió con el estudio en la aseveración que es en los departamentos donde hay más riesgos para los periodistas. Dijo que malos funcionarios coludidos con el crimen organizado son una amenaza transnacional contra la prensa e invitó a los afectados a presentar las denuncias.

Este informe regional ha tenido gran difusión y ha despertado diversidad de reacciones en el mundo.

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