Periodistas en Español

Ileana Alamilla

Nadie puede creer que lo que estamos viviendo es casual. Tenemos un ambiente que excede la inseguridad, se acerca mucho al terrorismo y está provocando ingobernabilidad y, de paso, nos pone a todos como potenciales víctimas. Si el Gobierno no hace urgentemente un análisis de este estado de situación y toma medidas para frenar la violencia, corremos el riesgo de perder lo que hemos avanzado después de la firma de la paz. Alguien está alborotando el “cotarro” con aviesos intereses. En apenas 10 días, en diferentes puntos de la geografía nacional, se ha atentado contra la vida de dirigentes comunitarios, recordando el horroroso pasado de la guerra.

El 8 de marzo, en Camotán, Chiquimula, fue asesinado el dirigente del Frente Nacional de Lucha, Carlos Hernández, quien había recibido amenazas de muerte. La víctima fue atacada por dos criminales, que iban a bordo de una motocicleta. Le dispararon en ocho ocasiones.

Gerónimo Sol Ajcot, miembro de la junta directiva de la Asociación Maya Tzutujil de Agricultores de Santiago Atitlán fue asesinado en la aldea Chacayá, de ese municipio. Seis hombres fuertemente armados y encapuchados lo atacaron cuando salió de su casa. La víctima, de 68 años, había denunciado amenazas en su contra. Esto fue el 11 de marzo.

A principios de esta semana se conoció el secuestro de cuatro líderes indígenas xincas, habiendo aparecido muerto uno de ellos. Estos dirigentes recién habían participado en una consulta comunitaria sobre minería.

Las víctimas eran conocidas como defensores de los recursos naturales en Santa María Xalapán; contribuían con la organización de consultas comunitarias en Jalapa y en Santa Rosa, donde algunas comunidades, ecosistemas y economías locales se encuentran amenazadas ante la instalación de la industria minera, según reportó la Prensa.

Hasta ahora, nadie ha dicho que el Estado tenga responsabilidad alguna por la comisión en estos delitos, pero sin duda la tiene por omisión, al no poder garantizar la seguridad de los asesinados.

Toda esta alza de la violencia en contra de dirigentes populares se produce en un contexto de polarización, que tiende a profundizarse, estimulado por declaraciones de funcionarios gubernamentales que criminalizan la protesta social y por liderazgos de la sociedad civil que buscan la confrontación. Las contradicciones se ahondan reviviendo discursos de los tiempos del conflicto armado y de la guerra fría.

Urge detener esta espiral de polarización, atizada también por los entusiasmos ante los juicios contra militares que son señalados de violaciones graves a los derechos humanos y por la inconformidad de oficiales en activo y en retiro, que prevén una espiral de enjuiciamientos que podría afectar al Ejército como institución y a todos los que estuvieron involucrados en puestos de mando durante la guerra.

Urge un alto en el camino y unirnos para detener esta vuelta al pasado de violencia política, ahora en un aterrador contexto de violencia social nunca antes experimentado. La conciliación nacional está mucho más lejos hoy que cuando se firmó la paz.

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