GT-Cumbre-de-Alaska-represion

Ileana Alamilla

Un nuevo hecho violento y lamentable ha ocurrido en Guatemala. Voces de condena y protesta han circulado profusamente. Quienes manifestaron inconformidad con diversas propuestas e iniciativas que impulsa el Gobierno, tales como la reforma constitucional, la reforma educativa, el cobro excesivo de las tarifas eléctricas, son actores reconocidos nacional e internacionalmente, es decir que tienen una legitimidad innegable. La forma en que expresaron su rechazo a estas medidas ha sido también copiosamente discutida durante mucho tiempo, en distintos momentos, de diferentes maneras y con variedad de enfoques. Unos consideran que la única manera de hacerse oír por quienes conducen el país es bloqueando carreteras. Otros rechazan esas actitudes con el argumento de que no tienen la culpa de lo que no les parece y que los perjudican directamente en sus derechos y en sus actividades. Unos más condenan esas formas de protesta y han exigido, públicamente, el uso de la fuerza pública para reducirlas al orden.

La muerte de personas siempre es una tristeza, pero en este caso, en el cual media la represión gubernamental que se produjo en cumbre de Alaska, en la carretera Interamericana, se convierte en una condenable tragedia, cuyas consecuencias aún están por verse. La actual administración, desde que asumió, ha estado en la mira de quienes la consideran como una amenaza latente contra los derechos humanos, la califican como un gobierno militar, contrainsurgente y hasta fascista.

Para otros, quienes los votaron, esperan recuperar un poquito de seguridad y de tranquilidad en su entorno. Los que la respaldan la ven como una oportunidad de recomponer el desastre en que dejó el país el gobierno “social demócrata” de la UNE y, de paso, recuperar todos su privilegios y proyectos.

En medio de esas dos posturas se ha movido la coyuntura. Unos esperando el momento oportuno para confirmar y ratificar sus augurios, otros presionando para que se tomen las medidas que conduzcan a recuperar la autoridad perdida y el famoso y malogrado “Estado de Derecho”.

La queja en contra de las elevadas tarifas eléctricas que se cobran en el área rural es añeja, la venimos escuchando desde hace años sin que hasta la fecha se hayan ofrecido soluciones efectivas para paliar el efecto que provoca en las economías familiares. Esta es una de las reivindicaciones de la manifestación convocada y realizada por los 48 cantones de Totonicapán.

La reforma constitucional, una iniciativa propuesta por el Ejecutivo, fue lapidada desde el principio desde todos los ángulos. Le tiraron piedras hasta aplastar muchos de los puntos, la arrinconaron para quitarle sustancia a otros, la han criticado, cuestionado y descalificado.

La reforma educativa es una iniciativa que ni siquiera es de este gobierno, aunque la ha asumido como propia al considerarla necesaria y oportuna para mejorar la calidad en la formación de los formadores de generaciones; sin embargo, ha enfrentado diversidad de cuestionamientos y de oposición.

En los dos últimos casos, incluidos en la protesta reprimida, el Gobierno ha dado respuestas, ha cedido, ha debatido, se han instalado mesas de diálogo sin que se hayan logrado suficientes avances.

Las autoridades de los cantones exigen investigación, esclarecimiento y castigo a los responsables de las muertes de las personas. El Gobierno tiene que facilitar la investigación judicial y, lo más importante, honrar el compromiso que hizo de abstenerse de involucrar al Ejército en acciones represivas en contra del pueblo.

El presidente está en una encrucijada.


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