Máximo García Ruiz

Ya va siendo hora de que los protestantes españoles comiencen a plantar cara a los gobiernos de la nación y a los diferentes estamentos del poder que hacen caso omiso del mandato constitucional que les obliga a “promover las condiciones para la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”, tal y como determina el artículo 9 de la Constitución, que añade, además, que ha de ser una acción capaz de “remover los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud”, con el propósito de “facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Ya va siendo hora, después de transcurridos 34 años desde la proclamación de la Constitución Española, que dio paso a un régimen político democrático en el que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” y se exige que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española” (Art. 16. 3 de la Carta Magna), de que se acaben los privilegios para la Iglesia mayoritaria que, aparentemente, no ha dejado de ser la confesión del Estado, a juzgar por los privilegios que le son concedidos, y se exija a todos y a cada uno de los representantes de la Administración, desde el Jefe del Estado hasta el último de los alcaldes rurales, pasando por el presidente del Gobierno, los ministros y los presidentes de las Comunidades Autónomas, así como de las diferentes instituciones del Estado, un trato indiscriminado y respetuoso con las minorías religiosas y que se ajusten, de una vez por todas, a la legislación vigente; y que esta exigencia se haga, si necesario fuere, tanto a nivel español como europeo.

Ya va siendo hora de que cualquier alcalde o ministro de turno deje de arrogarse el derecho a ignorar a las comunidades protestantes con dos siglos de historia continuada en este país, y se permitan cerrar sus locales de culto, ignorar a sus pastores y dirigentes como si de apátridas se tratara, despreciar a sus seguidores, no responder a sus escritos, manipular las leyes y situar a las minorías religiosas en un plano de opacidad social, incumpliendo de manera flagrante los más elementales principios democráticos y de respeto a la dignidad humana.

Ya va siendo hora de superar el hecho bochornoso de que después del tiempo transcurrido en democracia, el Jefe del Estado haya tenido tiempo para recibir a todo tipo de colectivos sociales y, por supuesto, en infinidad de ocasiones, a los dignatarios de la Iglesia católica y, por el contrario, haya olvidado el discurso de su coronación en el que prometió que iba a ser el rey de todos los españoles, cosa que no se ha producido en lo que al millón y medio de protestantes se refiere, en su condición de tales, para quienes no solamente no ha tenido la deferencia de conceder unos minutos de su tiempo, sino que ni siquiera les ha dedicado una sola palabra en alguna de sus intervenciones públicas.

Ya va siendo hora de que cese de una vez por todas la indolente actitud del presidente del Gobierno, cualquiera sea, del PSOE o del PP (anteriormente de UCD), que no se han dignado recibir a los representantes de las iglesias protestantes del Estado español, españoles de nacimiento unos, y otros de adopción que, reiteradamente, han solicitado audiencia para hacerles partícipes de sus cuitas y, en cualquier caso, hacerse visibles ante la más alta magistratura del gobierno.

Ya va siendo hora de que cese la arrogancia del ministro de Justicia de turno (no en todos los gobiernos, justo es reconocerlo), y deje de atrincherarse en sus reductos, volviendo la espalda a la necesaria, urgente y justa atención que se merecen las minorías religiosas que demandan su audiencia inútilmente a fin de canalizar adecuadamente las justas demandas de las diferentes confesiones religiosas.

Ya va siendo hora de que dejemos de hacerle el caldo gordo a los actores secundarios que el Gobierno y las diferentes instancias de la Administración colocan como intermediarios entre los más altos estamentos del Estado y las comunidades religiosas, para entretener con promesas baldías y dilaciones inadmisibles las justas reivindicaciones de las confesiones religiosas con notorio arraigo en el país que reclaman, simplemente, que les sea aplicado el trato previsto en la Carta Magna.

Ya va siendo hora de que dejemos de conformarnos con el magro plato de lentejas que administra la Fundación Pluralismo y Convivencia, con el que se pretende silenciar el malestar de las minorías religiosas, mientras se dilata en el tiempo la aplicación del 0’7% del IRPF a las minorías religiosas, en rango de igualdad, en justa equivalencia con lo que se viene haciendo con la Iglesia católica que, no lo olvidemos, en el actual régimen democrático no es sujeto de mayor derecho que el resto de confesiones. Una gestión, la de la Fundación, sujeta a ideologías marcadas directa o indirectamente por el lobby católico, capaz de instaurar los criterios de la otrora censura franquista, cuando la edición de algún producto subvencionable (más concretamente libros de orientación protestante), roza las lindes de la crítica o el cuestionamiento a conductas vinculadas a la Iglesia neo-oficial del Estado.

Ya va siendo hora de que los protestantes españoles exijan enérgicamente del Estado un trato conforme a las normas constitucionales y dejen de vivir bajo el síndrome de la dictadura, enterrada felizmente hace cerca de cuatro décadas; que hagan valer sus derechos no solamente en los pasillos y antesalas de los despachos oficiales; que recurran a las instancias jurídicas si fuere preciso y, en el supuesto nada extraño de que el lobby católico continúe cerrando los cauces judiciales españoles, den el salto a Estrasburgo, como ocurrió con el caso del pastor Manzanas, en el que el Tribunal de los Derechos Humanos dictó sentencia en contra del Estado Español, como no podía ser de otra forma.

Ya va siendo hora de que los protestantes españoles y, al frente de ellos, sus órganos representativos: FEREDE, Consejos Evangélicos, Alianza Evangélica y cualquier otro órgano de gestión y/o representación, sin dejar de orar a tiempo y a destiempo, incluso, no faltaría más, por nuestro gobernantes, le pierdan el miedo a la mitra y dejen oír su voz de forma enérgica, donde sea necesario, para exigir con contundencia que desde la más encumbrada magistratura del Estado hasta la más cercana autoridad municipal, dejen a un lado las dilaciones, menosprecios, arbitrariedades, vejaciones institucionales y cualquier otro tipo de discriminación y no solamente legislen sino que apliquen lo legislado desde un plano de igualdad jurídica y respeto al marco constitucional.

1 de enero de 2013.

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