Máximo Garcia Ruiz

La generación actual va a quedar marcada por la crisis. Algunos nos criamos en medio de una crisis más profunda, la derivada de la Guerra Civil, pero han pasado tantos años que su recuerdo tan solo permanece en la memoria de unos pocos, cada vez menos, por razones ineludibles de reemplazo generacional. A aquello no se le llamaba crisis, sino posguerra; y algunos crecimos con el convencimiento de que era algo tan natural, tan inevitable, que hasta parecía que se trataba de un designio divino. Había que subsistir en una economía de supervivencia que solamente allá por la década de los sesenta empezó a percibirse que podría ser reversible.

Luego fuimos actores del cambio social. Unos más que otros, claro. Y se produjo lo que algunos gustaron en motejar como “milagro español”, tratando de emular el cambio social que ya se había producido en Alemania y otros países europeos, una vez superados los estragos de la II Guerra Mundial. No fue sencillo ni rápido el cambio y, en el camino, muchos trabajadores que tuvieron que emigrar fuera de territorio español. Luego vendría la muerte del dictador, la transición y la instauración de la Democracia. Y, más adelante, de la mano de la Unión Europea, el desarrollo económico de una sociedad que se acostumbró enseguida a reivindicar derechos, olvidando muy pronto que exigir derechos sin aportar deberes es una trampa que pasa irremediablemente la factura. Varias generaciones se han criado con el pleno convencimiento de que por el solo hecho de haber nacido tienen derecho a: coche, casa, buena ropa, largos fines de semana costosos, generalmente regados en alcohol, asistencia social, jubilación… todo ello al margen del esfuerzo personal. Los padres primero y, subsidiariamente el Estado, son los responsables de su bienestar (“Estado del bienestar”) y si no cumplen, invadimos la calle, destrozamos el mobiliario urbano y arremetemos contra la propiedad privada en aras de unas consignas mezcla de nazismo y socialismo trasnochados.

Y ahora estamos metidos de lleno en la crisis. Muchos políticos y algunos medios de comunicación, o al revés, se empeñan en afirmar que se trata de una crisis económica a causa de la burbuja inmobiliaria de la que podremos salir en plazos que van cambiando conforme se demuestra que el anterior no se ha cumplido. Para ello es preciso, se nos dice, una política adecuada que nadie es capaz de definir en qué consiste ni nadie ha tenido la capacidad de poner en marcha. De momento, se pasa la factura a los de siempre, a la clase trabajadora, a la que a golpe de decretos se la va oprimiendo cada vez más, mientras se protege a los verdaderos causantes de la crisis.

Algunos aún se debaten en averiguar si se trata de una crisis estructural o coyuntural; si va a ser la izquierda o la derecha política la que va a encontrar la fórmula mágica que nos saque de este atolladero; si hemos vivido o no por encima de nuestras posibilidades; y de haberlo hecho, se buscan culpables. El problema de fondo es que no se trata de una crisis coyuntural debida a la burbuja inmobiliaria, o a la megalomanía de algunos políticos que han querido dejar tras de sí obras faraónicas que ni el Estado, ni las comunidades autonómicas, ni los municipios, podían costear; no es cuestión tampoco de programas políticos más o menos geniales. El problema de fondo, un problema que adquiere visos de estructural, es que vivimos en una sociedad que ha perdido el referente ético y, en su lugar, se ha impuesto el “todo vale”; una sociedad en la que el fin justifica los medios; y el fin es hacerse ricos lo más rápidamente posible, sin que importen demasiado los medios que sea preciso utilizar para ello.

En medio de esta crisis, somos conscientes, incluso los más escépticos, de que es preciso introducir políticas de recorte del gasto, hasta llegar a un punto en el que esté razonablemente equilibrado el capítulo de gastos con el de ingresos. Igual que ocurre en las casas. Tendremos que cambiar el coche de alta gama por un utilitario; las dos semanas de vacaciones en el extranjero por diez días en el pueblo dándole la murga a la familia; la cena del viernes con los amigos, por una cerveza con panchitos rotando de casa en casa; olvidarnos de las tentadoras rebajas cuando aún tenemos el armario lleno de ropa de otros años y convertir en invisibles las terrazas de verano; pero trataremos de garantizar la comida diaria, aún cambiando la merluza por jureles o chicharros. Eso es lo que terminará haciendo, de grado o forzado, cualquier españolito, y están siendo muchos, que se sienta acosado por la crisis.

Lo que nadie entiende sobre las políticas gubernamentales, es que se comience aplicando los recortes, necesarios sin duda para equilibrar gastos con ingresos, a las ayudas sociales básicas; que se recorten o supriman los programas educativos; que se estrangule la mayor fuente de creación de empleo del país, que es la red de trabajadores autónomos y pequeñas empresas, a las que la propia Administración condena al cierre cuando no les abona los servicios prestados o les impone gravámenes fiscales onerosos; que se castigue a los pensionistas, privándoles de una parte de aquello por lo que han estado cotizando toda su vida laboral; que se condene a una cuarta parte de la población laboral al desempleo y otras muchas tropelías que cuesta trabajo digerir, mientras permanecen intocables las grandes fortunas que, o bien se refugian en paraísos fiscales o pagan apenas un 1% de sus beneficios; o aeropuertos construidos para mayor gloria de algunos caciques locales permanezcan en activo sin pasajeros que lo justifique. O grandes complejos deportivos en poblaciones insignificantes muchos de ellos, que abren sus instalaciones sin usuarios; o la multiplicidad de universidades innecesarias, lo cual no significa mejor enseñanza; o bien el cruce y solape de entidades de la Administración (municipios, diputaciones, comunidades autónomas, cabildos, comarcas, mancomunidades…), cuya única justificación para su permanencia es proveer de ¿puestos de trabajo? a la clientela de los partidos políticos. Políticos, a su vez, con dos o tres sueldos en no pocos casos (de la institución, del partido y de una entidad bancaria o en empresas estatales, en la que actúan en calidad de representantes en función del cargo, todo ello con recursos procedente del erario público), más suplementos injustificados (como el de vivienda a diputados que disponen de casa en la misma ciudad (incluso vivienda oficial).

Solo nos salvará la ética

La cuestión no está en la necesidad de cuadrar las cuentas, sino en donde trazar la línea de no retorno; en definitiva, unir a una política eficaz que sea capaz de aplicar criterios de eficacia y eficiencia tanto a la vida pública como privada (“nosotros sabemos como levantar España”, que nos dijeron) a una honestidad a prueba de cualquier tipo de corrupción, que haga realidad aquello de que todos somos iguales ante la ley, y que sea capaz de ganarse la confianza y respeto del pueblo. Por ese camino, el de la ética responsable, la eficacia contrastada y la aplicación de una justicia irreductible, aun hay esperanza de poder levantar España-

Agosto de 2012.

Comentarios (0)Add Comment

Escribir comentario

busy