Ileana Alamilla

Hace unos días estuvo en Guatemala, la directora del departamento de normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la señora Cleopatra Doumbia-Henry, con el objetivo de verificar el proceso y cumplimiento de las leyes laborales, la impunidad laboral y el acatamiento de los compromisos asumidos por nuestro país con dicha organización. La funcionaria fue invitada por el presidente, con quien se reunió. También sostuvo encuentros con el titular de la cartera, con representantes de sindicatos, con el sector privado, con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con diputados y el Ministerio Público.

La OIT conoce 146 denuncias contra el Estado relacionadas con el incumplimiento de las leyes laborales, su ausencia en la resolución de conflictos sindicales y la persecución y asesinato de sindicalistas.

En este contexto, el Gobierno presentó hace algunas semanas varias iniciativas de ley con las cuales pretende fomentar la competitividad para atraer inversión que produzca empleo. La competitividad parece fincada en la vieja perversión de deprimir los salarios, compitiendo con otros países en esta macabra lucha por vender más barata la fuerza laboral de la población, atropellando normas constitucionales y laborales.

Por su parte, los liderazgos sindicales ya han reaccionado ante la iniciativa 4648, que se refiere a la Ley Reguladora del Trabajo por hora.

Algunos están solo “molestos” porque el Gobierno no los incluyó en la discusión. Otros dialogan y buscan consensos sobre dichas leyes. El secretario de la Federación de Trabajadores Bancarios exteriorizó el temor de que se reduzca el salario del trabajador en forma sustancial con la ley de tiempo parcial y que “esperan que esas leyes no atraigan inversiones por un salario menor”.

El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino fijó su postura rechazando la propuesta, ya que considera que la aprobación de la iniciativa haría imposible el acceso al goce de las prestaciones a que tienen derecho los y las trabajadoras, como las vacaciones, el aguinaldo, bonificación anual, descansos pre y postnatal, la hora de lactancia, la inamovilidad durante el embarazo, entre otros; afirmó que no negociará“la dignidad de los trabajadores”.

La Ley de Inclusión Laboral pretende fraccionar el tiempo de trabajo en horas, supuestamente para fomentar el acceso al trabajo decente y formal, ya que será más fácil para las empresas contratar y también despedir. Sin embargo, expertos, como Ricardo Barrientos, del Icefi, alertaron que con esta nueva normativa se corre el riesgo de que las empresas solo quieran contratar a sus empleados por hora, con lo cual les resultaría más barata la mano de obra y perjudicarían al trabajador que está empleado por tiempo completo, ya que le podrían reducir sus horas de trabajo. Un agravante es que el pago será solo por hora efectivamente laborada.

Aunque persiste la inactividad legislativa, hay que estar alertas en relación con estos proyectos, que pueden tener inconstitucionalidades.

Según la Carta Magna, los derechos laborales son irrenunciables, las leyes en esta materia son tutelares de los trabajadores; trabajo efectivo no es solo el que se está efectivamente laborando, sino todo el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o disposición del empleador.

Seguramente quienes hablaron con la delegada de la OIT le manifestaron sus opiniones, en el sentido de que si se legisla como se pretende, se estarían restringiendo garantías y violando la Constitución.

 


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