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Ileana Alamilla

El X Estudio de Cultura Democrática en Guatemala, que se publica cada dos años desde 1993 y que suma ya veinte años de datos trabajados de manera consecutiva, reportó resultados que llaman la atención y otros que son ya verdades sabidas, pero muy poco atendidas. Entre estos últimos, fácilmente aceptados por el alienado imaginario popular, están: ser mujer, vivir en el área rural y “ser de piel oscura”, como dice el informe, limita las oportunidades económicas y sociales.

Es decir que el racismo y la discriminación funcionan muy bien para mantener a estos grupos sociales en la pobreza.

El nivel educativo de la madre y el lugar de residencia son factores asociados a la desigualdad y, en promedio, las mujeres y los ciudadanos de piel más oscura tienen menores ingresos. Estas correlaciones son irrebatibles, pero pueden ocultar las relaciones de causalidad entre ellas.

Frente a esta realidad, el Estado no reacciona formulando e implementando políticas públicas apropiadas. De ajuste, en Guatemala el 33.6% de la población piensa que la pobreza se debe a la cultura, es el porcentaje más alto de las Américas, estamos allí en el primer lugar.

También resultó, sin que cause sorpresa, que el Congreso, los partidos políticos y la Policía Nacional Civil son las instituciones que menos gozan de la confianza de la población, sentimiento generalizado que va en aumento.

Guatemala tiene bajo apego a las normas legales, propias del estado de Derecho. Probablemente la explicación de esta realidad pueda encontrarse en nuestra persistente cultura de las apariencias, algunos dicen que respetan las leyes y las instituciones, pero siempre tienen a la mano argumentos, mecanismos o recursos para ajustarlas a sus intereses. Otros, lamentablemente, ante la ineficiencia del sistema, prefieren tomar la justicia por su propia mano, con lo cual el estado de Derecho queda siempre maltrecho.

El informe reporta un importante incremento de mujeres en la participación electoral; sin embargo, esto se refiere al aumento en el patrón electoral a un 50.9%, pero son mujeres votando para que hombres decidan.

La otra parte de la participación, la efectiva, todavía no se logra en el país. Datos de Convergencia Cívico Política de Mujeres revelan que en 30 años hemos incrementado únicamente un 5% de presencia de mujeres en puestos de elección popular, lo que significa que necesitaremos, a este paso, 224 años para lograr la paridad.

Llama la atención una pregunta referida a si debe obligarse a los partidos a reservar espacios para mujeres en sus listados de candidatos, o sea un sistema más equitativo. Aquí el promedio de acuerdo con dichas cuotas de género fue del 59.8%, uno de los más bajos de los países examinados. El primer lugar lo obtuvo El Salvador, seguido de República Dominicana, Paraguay y Uruguay.

En relación con la inseguridad, Guatemala es percibida como una de las más inseguras entre los países analizados, superada por México DF y Lima, Perú. Hay otros estudios como el del International Crisis Group, que también han ubicado a nuestra ciudad capital entre las cinco más peligrosas, cifra que incluye a San Pedro Sula, Tegucigalpa, Ciudad Juárez y Caracas.

La información contenida en este estudio requiere de un análisis detenido, pues cuenta con una gran riqueza, que ojalá se pudiera valorar en su justa dimensión. Es un llamado de atención a los gobernantes, evidenciando la urgente necesidad de impulsar acciones que enfrenten esta percepción, por cierto fundamentada en la realidad cotidiana.