Conrado Granado
Escribo estas líneas al día siguiente de que Bruselas dé a conocer las condiciones que ha impuesto a las Cajas de Ahorros nacionalizadas para intentar sacarlas de la ruina en que se encuentran, debido principalmente a la mala gestión de sus responsables, según ha dejado entrever el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. Las ayudas sumarán 37.000 millones de euros, que servirán para apuntalar a entidades como BFA-Bankia, NovaGalicia, Catalunya Banc y el Banco de Valencia, dinero que se añadirá a los miles de millones ya inyectados anteriormente por el Estado para evitar una ruina mayor que acabara arrastrando al país a la hecatombe financiera.
Y mientras todo esto sucede, en el otro lado de la balanza ciudadana asistimos al drama de los desahucios, del desalojo de sus viviendas de personas que, presas de trampas y engañifas hipotecarias de toda índole, llegan incluso al extremo de quitarse la vida, lo más valioso que tiene el ser humano, por no poder hacer frente a las deudas que contrajeron precisamente con algunas de las entidades ahora salvadas por el gong de Bruselas y el beneplácito del Gobierno del presidente Mariano Rajoy.
Esta situación, la de la deuda contraída mediante una Ley Hipotecaria obsoleta, nos retrotrae, de alguna manera, a equiparar la situación actual, la que están sufriendo miles de hipotecados, con lo que sucedía miles de años atrás, si observamos el Derecho Romano. Porque según este Derecho, una deuda contraída podía llegar a convertir al deudor en esclavo, ser llevado por el acreedor ante el pretor que impartía justicia, y una vez condenado, al deudor sólo le quedaban dos caminos: o ser vendido como esclavo en plaza pública, o trabajar para su dueño el resto de su vida como tal esclavo.
Dirán ustedes que es muy fuerte esta comparación, y ciertamente lo es, pero no por ello menos real, salvando las distancias. Porque si es cierto que a estas alturas nadie puede ser vendido en España como esclavo, también lo es que una hipoteca impagada te unce al yugo de la entidad acreedora para el resto de tu vida. De la tuya y la de tu familia, padres, hermanos o familiares que hayan tenido la osadía de firmar como avalistas. Y lo más triste de todo, lo más insostenible, es que algunas de estas entidades bancarias son las que acaban de ser salvadas de la ruina con miles de millones de los que al fin y a la postre, y mal que le pese al Gobierno, que lo niega una y otra vez, vamos a tener que responder todos los ciudadanos.
Es por ello que ante el drama social en que nos encontramos, urge una solución al tema de las hipotecas abusivas y los desahucios. Porque si la ha habido para salvar de la ruina a unas entidades que mintieron, especularon, abusaron, pusieron de manifiesto su inutilidad profesional e hicieron de su capa un sayo durante años. Porque si esa inutilidad manifiesta nos va a costar 40.000 millones de euros, tirando por lo bajo, también tiene que haber una solución al tema hipotecario que ha gangrenado a este país. No es posible tener que estar uncido de por vida a un banco. No es posible que esos cientos de miles de personas cuyo único bien es un techo para cobijarse sean arrojados de sus casas, desposeídos del único bien con el que soñaron y por el que se empeñaron.
No se está pidiendo que no se paguen las deudas; lo que se pide es que se corrijan los abusos cuando llega la hora de cobrar. Que el hipotecado pueda seguir viviendo en su casa mientras se busca un acuerdo con la entidad acreedora. Porque si los bancos salvados han tenido una segunda oportunidad, también deben tenerla las personas.
Y la dación en pago parece ser una de las soluciones, entre todas las malas posibles, aunque será una solución que a la hora de la verdad siempre beneficiará al banco en cuestión, mientras perjudicará al hipotecado, que al menos salvará los muebles, no estará perseguido literalmente de por vida, como sucede ahora, no tendrá que estar uncido al yugo romano. Bastante desgracia tiene una persona que después de haber pagado por ejemplo 150.000 euros de una hipoteca de 200.000, se tenga que quedar sin su casa por no poder saldar la deuda contraída.
Sobre todo, cuando todo esto está sucediendo en un país como España, donde al parecer el Gobierno va a otorgar permisos de residencia a aquellos extranjeros pudientes que puedan invertir en viviendas, no preguntando seguramente por la procedencia del dinero. A tenor de lo publicado, debemos prestar atención a rusos y chinos de nuevo cuño, porque probablemente los vamos a tener como vecinos dentro de poco. Y ellos porque unos y otros saben muy bien cómo se consigue el dinero fácil y las fuentes de procedencia.
Está sucediendo en un país como el nuestro, en el que en estos momentos, y mediante la amnistía fiscal en vigor, cualquier sinvergüenza defraudador de los muchos que pueblan nuestra rica fauna ibérica pasará a convertirse en un honorable ciudadano libre de toda sospecha con solo pagar como multa una “quita” del 10% de lo defraudado, pasando su dinero a ser limpio como los chorros del oro.
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