Carlos Barra Galán* 

Es un hecho histórico que el Estado de Bienestar se desarrolló en Europa tras la II Guerra Mundial, así como que nuestro país quedó al margen por estar bajo una dictadura fascista.

Tras la muerte del dictador y la vuelta de la democracia España comenzó a poner las bases para ir desarrollando un incipiente Estado de Bienestar que ha ido consolidándose a lo largo de los años. Está fuera de toda duda que ello se ha conseguido con el esfuerzo y sacrificio de todos los españoles, podemos afirmar por tanto que los servicios públicos que lo sustentan (sanidad, educación y servicios sociales) son un patrimonio que pertenece a todos y cada uno de los españoles.

Es conocida la aversión que la derecha neoliberal que hoy nos gobierna siente por todo lo público, por ello su acción política está siendo muy agresiva y depredadora contra los servicios públicos esenciales como la sanidad pública; en la actualidad y con la crisis como excusa su agresión a la sanidad se ha incrementado y está procediendo aun auténtico expolio en el sistema sanitario público.

Es así, expolio de la sanidad pública madrileña, como deben entenderse las medidas que el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid ha anunciado recientemente. La decisión del Sr. Gonzalez, presidente de la Comunidad de Madrid, de privatizar prácticamente la totalidad de la red hospitalaria pública madrileña, no sólo supone una ruptura del modelo existente, que goza de un enorme prestigio entre los ciudadanos y profesionales, sino también hacerlo sin el mínimo consenso político y social que una medida de esta naturaleza exige en un sistema democrático. Esta forma de actuación política deja bien a las claras la forma de entender la democracia que tienen los políticos del Partido Popular, para quienes una vez celebradas las elecciones y obtenido el poder, se consideran legitimados para hacer lo que les venga en gana en temas que afectan a todos los ciudadanos aunque sea incumpliendo su programa electoral y por tanto habiendo engañado a los electores; podríamos afirmar que estos dirigentes políticos son demócratas por conveniencia pero no por convicción.

Ante este ataque mortal a la Sanidad Pública madrileña se hace necesario en mi opinión manifestar una serie de cuestiones:

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, atendiendo exclusivamente a criterios ideológicos, planteó en 2003 la construcción de siete hospitales por el procedimiento de colaboración público- privado (PFI) y uno más con aportación privada en su totalidad. Dichos hospitales fueron construidos sin existir ningún estudio previo de planificación por parte de los cualificados funcionarios con que la Administración Sanitaria Madrileña cuenta, asimismo no se tuvo en cuenta la numerosa bibliografía existente sobre la experiencia acumulada en el Reino Unido con hospitales construidos por el mismo procedimiento y que mostraban un importante aumento de los costes y dudosos beneficios en la calidad de los servicios prestados, tampoco se escuchó a numerosos profesionales que manifestaron su desconfianza por entender se trataba de una medida precipitada y sin sentido; por supuesto no se atendió a ninguna de las peticiones que la oposición política solicitó en el intento de evitar tal despropósito.

Hoy casi cinco años después de que estos hospitales iniciaran su andadura lo que sabemos es que su puesta en marcha no ha supuesto ninguna mejora demostrable en las prestaciones ni en la calidad asistencial, tampoco ha habido ninguna mejora real en las listas de espera y por el contrario lo que sí sabemos es que hay una deuda sanitaria muy importante muy difícil de cuantificar, pues la opacidad y las mentiras del Gobierno Regional impide conocer la auténtica realidad de la misma; dado los antecedentes conocidos en esta materia, no pueden creerse como ciertas ninguna de las cifras dadas por el Gobierno y en mi opinión es posible existan más facturas impagadas. Lo que sí sabemos es que el Gobierno no ha ejercido ningún control serio y riguroso sobre las empresas concesionarias de estos hospitales y no obstante ello ha rescatado a las mismas con una nueva inyección de dinero público, cuestión que al hilo de la opacidad que preside sus actuaciones había ocultado a la opinión pública.

La construcción y puesta en marcha de estos hospitales no había significado hasta la fecha que los ciudadanos tuviesen que hacer ninguna aportación extraordinaria para acceder a la asistencia con todas las prestaciones y ello ha servido para que el Gobierno, con enorme cinismo, negase una y otra vez que estaba privatizando el sistema sanitario madrileño; es ahora, en el marco de la crisis, con una gestión despilfarradora e irresponsable, cuando se recortan prestaciones, se restringen derechos y se dispone la total privatización de la Sanidad Pública madrileña con la instauración de nuevos copagos que afectan de manera muy grave a los sectores más desfavorecidos. La quiebra financiera de la Consejería de Sanidad no es consecuencia de la crisis, sino de una política sanitaria que ha quebrado los principios básicos de planificación y evaluación, que ha favorecido una desregulación en la ordenación de los servicios lo que ha provocado un caos organizativo que ha propiciado el despilfarro y la ineficiencia. Ahora se pretende que las consecuencias de ese desgobierno lo paguen los ciudadanos que ahora perciben las consecuencias del despropósito cometido hace años.

Los profesionales del sector que en un principio pudieron pensar que la apertura de los nuevos hospitales podría suponer un incremento sustancial de puestos de trabajo en la sanidad madrileña, han podido constatar que eso era sólo una ilusión; en realidad no se ha producido un aumento significativo real de efectivos sino una redistribución de los mismos ya que los centros tradicionales han ido reduciendo sus plantillas. Sí se ha producido una mayor precarización en las condiciones de trabajo, nunca había habido tantos contratos de dudosa legalidad (contratos por días, horas o por meses). Las reducciones salariales que el Gobierno de Madrid ha aplicado, al margen de las efectuadas por el Gobierno de España, suponen una dura agresión a los profesionales amén de intentar recaudación para paliar el despilfarro que su desastrosa gestión ha generado. La eliminación de varios estamentos de profesionales del organigrama de los centros hospitalarios y la no renovación de numerosos eventuales que parece van a producirse en breve plazo suponen otro mazazo a unos servidores públicos que conviene recordar son mucho mejor considerados por los ciudadanos que aquellos que los agreden. Los profesionales y trabajadores del sector, tradicionalmente poco considerados por los responsables políticos, nunca fueron tan maltratados como lo son ahora por la política de recursos humanos del Gobierno del PP en Madrid.

Ante todo lo dicho, se hace imprescindible una movilización masiva de los ciudadanos y una respuesta contundente de los trabajadores y profesionales del sector, para evitar se consume este expolio que nos quita injustamente algo que nos pertenece a todos: nuestro sistema sanitario público.

*Médico Especialista del Servicio Madrileño de Salud


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escrito por guss, noviembre 06, 2012
La España del Hambre en el año 2013, y siguientes.

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