Los últimos días vivimos dos ejemplos de la antología del disparate basado en cosas sacadas de internet a la que se le da presunción de certeza y por el uso inconsistente de titulares a los que da la categoría de escándalo cuando no lo es.
En el programa de Canal Sur Televisión, “Pido la palabra”, el ex coordinador general de IU y ex alcalde de Córdoba, Julio Anguita, aseguró que una serie de personajes públicos españoles, y familiares de estos, tenían cuentas en Suiza.
En su habitual tono mesiánico, Anguita, a la pregunta de un espectador en directo, que son los que interrogan a los invitados, sobre si los “chorizos” a los que había aludido en unas declaraciones anteriores tenían nombre, afirmó: “Prefiero que hablen los datos”.
Los datos venían, ni más ni menos, de un “catedrático de varias universidades norteamericanas, español” de nacionalidad. Citó a Vicenç Navarro y un artículo que citaba un estudio del Financial Times.
A Anguita, que reconoció llevar preparado el texto para su lectura en el programa de la televisión autonómica andaluza, se le pasó decir que había sacado el artículo de Vicenç Navarro de internet.
La autoría del artículo era tan falsa como las cátedras de Navarro en las universidades norteamericanas aludidas por Anguita. Una simple consulta a la web del prestigioso profesor, icono de la izquierda y la economía progresista inconformista, le hubiese concretado que había sido con anterioridad catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona y que actualmente lo es de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra.
Una carta del catedrático a Canal Sur desveló la falsedad de la autoría, rectificación que el programa recogió en su siguiente edición, al igual que tuvo que hacer a demanda de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a la que Anguita había endosado una de las cuentas suizas.
Como si de un nuevo Anguita lenguaraz se tratase, un cargo público socialista se ha lanzado a criticar que FAES, la fundación del PP, se llevase, según sus cuentas, el 60 por ciento del monto total concedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Quizás se dejó inducir por el titular de “El País” que seguía como “El Periódico de Cataluña el de la Agencia EFE, que sí citaba el diario del grupo Zeta.
Este cargo público, José Ignacio Expósito Prats, que es nada más y nada menos que delegado territorial en Córdoba de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, se lanzó en su cuenta de Facebook a criticar a lo que “le llama la derecha igualdad de oportunidades” bajo la presunción de que el más de medio millón de euros que le corresponden a FAES “servirán para hacer propaganda a favor de Rajoy”.
¿Los 238.510 euros que se lleva la Fundación Ideas, del PSO, son para promocionar a Rubalcaba, y los 36.000 que rasca la Fundación Rafael Campalans, del PSC, son para mayor gloria de Pere Navarro?
Expósito utiliza la política a base de titulares torcidos, cuando a él, un cargo público, está obligado a manifestarse con un plus de rigor, aunque sea en su cuenta personal de una red social.
No fue suficiente que le aclarase que este tipo de subvenciones se regulan por la Orden AEC/1510/2012, de 21 de junio, publicada en el Boletín Oficial del Estado, y que tienen dos criterios de asignación: la valoración técnica y “el número de escaños que el partido político de quién dependa la fundación o asociación que se presenta, tenga en el Congreso de los Diputados y el Senado, en el momento de la realización de la Convocatoria”.
Nada, erre que erre, con su cantinela, sin saber, en su ignorancia, que la orden hoy vigente modifica la Orden AEC/1282/2009, de 14 de abril, también publicada en el BOE, Aunque no cambia los criterios generales de valoración.
La osadía contumaz del político socialista pasaba por alto que esos criterios, ahora aplicados por el ministro popular José Manuel García-Margallo, fueron establecidos en la Orden de 2009, que está firmada por alguien a la que le habrá estrechado muchas veces la mano, el que fuera también titular de Exteriores y siete años diputado en el Congreso por Córdoba, Miguel Ángel Moratinos, a la sazón militante socialista en la misma Agrupación Provincial que Expósito.
Equivocarse es humano, no rectificar también, pero agrieta la credibilidad y afecta al sistema democrático.
El derecho a la información obliga a la veracidad y el de a la libre expresión obliga al rigor a quien está en lo público. Quien no es veraz ni riguroso y se mantiene en la falsedad (Anguita sigue erre que erre) no merece, por una parte, la atención pública, ni, por otra, representar a la cosa pública.