Periodistas en Español

LOS ÁNGELES, California.- Agustín Humberto Estrada Negrete sostiene que durante siete años fue amante de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, su vida no es para contarse en unas líneas sino en un grueso libro, porque su relación íntima con el ahora candidato a la presidencia de México, considera que prácticamente lo llevó a la tumba. Terminó con su rostro cubierto de cinta adhesiva, violado con un tubo y una bolsa de plástico en la cabeza, con un reporte médico escalofriante de la Cruz Roja.

En entrevista para Los Ángeles Press, narra cómo fue creciendo la hostilidad por parte de funcionarios públicos y policías locales del Estado de México, a raíz de que decidiera expresar su homosexualidad en una obra de teatro organizada en la comunidad contra la homofobia, el 17 de mayo de 2007. En esta entidad, se llegaron a registrar 78 asesinatos de homosexuales y 143 en el Distrito Federal, entre 1995 y 2007, según los datos de la Revista Sociológica, con la observación de que son cifras conservadoras porque se estima que por cada asesinato registrado hay dos que no se registran. Para 2011, la proyección que hizo la asociación civil Letra S junto con el Consejo Naciona para Erradicar la Discriminación (Conapred), mediante un monitoreo hemerográfico la cifra bien podría haber llegado a los 2051 asesinatos.

Agustín Estrada fue obligado a dejar su trabajo temporalmente como director de una escuela primaria de atención especial, y amenazado de que si insistía en “mostrar su homosexualidad sería cesado definitivamente”. Y así sucedió en mayo de 2009, cuando pretendió regresar a su lugar de trabajo de maestro.

Maestro y director de una escuela en Estado de México Foto: Agustín Estrada Negrete

La denuncia contra la violencia a homosexuales y transgénero ha sido en los últimos años un tema recurrente en la prensa mexiquense, incluso las cifras de feminicidios se han manejado superiores a las de Ciudad Juárez y Guatemala. Agustín Estrada, enfocado en la defensa de los derechos humanos, se armó de valor para protestar por la flagrante discriminación de la que estaba siendo víctima. Se plantó frente a Palacio de Gobierno y poco tiempo después fue encarcelado en el penal Almoloya de Juárez, por "obstruir las vías de comunicación", según la causa penal puesta el ocho de mayo de 2009 (94/2009).

Desde su detención, Estrada fue golpeado severamente por los policías locales que bajaron de una ambulancia, dice, cuando se esperaría que bajaran de una patrulla. Los hombres lo persiguieron y lo sometieron a patadas y puñetazos. Después, fue en la cárcel, donde 12 hombres, entre reos y policías, lo violaron. Una vez que su familia logró sacarlo bajo una fianza de 26 mil pesos (US 1,943 dlls), decidió hacer las denuncias ante medios de comunicación y organismos de derechos humanos, porque ni el Ministerio Público en Toluca ni el de Ecatepec quisieron aceptar su denuncia por violación sexual en el penal.

La represión se volvió más severa dos meses después, en julio de 2009. Estrada fue detenido nuevamente por policías judiciales, por sus protestas públicas que sumaban cada vez adeptos a su causa, hasta que fue víctima del atentado en el que casi pierde la vida, y sin embargo sus agresores habrían creído que su misión estaba cumplida al dejarlo tirado en lote baldío.

Agustín Estrada no sabe cómo sobrevivió a ello; sólo recuerda haber despertado en la Cruz Roja después de varios días de estar inconsciente. Físicamente torturado, pero aún con las fuerzas emocionales que los llevaron a no ceder en la denuncia de su agresión. Logró salir del país, aunque las amenazas siguieron para su madre y su hermana. Cruzó la frontera hacia el extranjero en silla de ruedas, con la petición de asilo en mano. Logró poner las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el 17 de marzo de 2010, la relatora especial de Naciones Unidas, Margaret Sekaggya, señaló que el caso de Agustín Humberto Estrada Negrete es uno de los casos de discriminación más notorios del país.

Actualmente, es atendido en un hospital público para sobrevivientes de tortura de países en conflicto y recibe atención psicológica. Su caso ha quedado documentado en cada uno de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Su denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México fue puesta el dos de marzo de 2011, ante la Segunda Visitaduría General con el expediente número CNDH/2/2010/3919/Q, número de oficio 11628.  Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, quien dio fe de estas denuncias fue el secretario ejecutivo, Santiago A. Cantón, el 30 de diciembre de 2011, bajo el asunto MC 222-09.

No hay ningún policía sancionado hasta ahora, no hay ninguna orden de aprehensión para ninguno de sus agresores ni funcionarios públicos. Sus nombres han quedado en los archivos de la CNDH. Aún así, Estrada sigue en espera de justicia e impulsando la lucha contra la homofobia desde el extranjero.

Algunos de los funcionarios y dependencias involucradas se detallan a continuación. En los expedientes, pese a que los funcionarios no respondieron a los requerimientos de los organismos de derechos humanos, puede constatarse la serie de abusos de autoridad.

Artículo completo: Los Angeles Press

Con audio al testimonio de la víctima.

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES.- “Querían que dijera que la señora Marisela y yo trabajábamos para el cártel de Sinaloa, que éramos gente del Chapo Guzmán”, denuncia en su testimonio, Manuel García, quien ayudaba voluntariamente a la asesinada Marisela Escobedo mientras ella exigía justicia a las autoridades de Chihuahua por el crimen de su hija Rubí Marisol Frayre. El testimonio de García revela amenazas de muerte y la intención fabricar pruebas por parte de la fiscal Rosa María Sandoval Chávez, de la Unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía del Estado de Chihuahua.

Una semana después del asesinato de Marisela Escobedo perpetrado el 16 de diciembre de 2010, a través del “comandante Santacruz”, la fiscal Rosa María Sandoval, intimidaba a Manuel García para que cambiara su declaración ante el Ministerio Público e incriminara a Marisela Escobedo y a sí mismo, como miembros del cártel de Joaquín “Chapo” Guzmán. La relación la podrían fabricar, a raíz de una narcomanta aparecida la madrugada del 21 de diciembre, en Ciudad Juárez, de la supuesta autoría de este cártel en la que se solidarizaban con los familiares de Escobedo, y pedían información sobre Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino confeso de Rubí Marisol.

La negativa de García a “manchar la memoria de Marisela Escobedo” fue el motivo de la amenaza de muerte y la retirada de la protección policíaca, según confiesa. Si aceptaba cambiar su declaración, “la fiscal lo podía mandar hasta China, si quería”, dice en su testimonio, porque el comandante le insistía en que “la fiscal lo podía ayudar y darle protección, si también él la ayudaba a ella”. Fue cuando un agente de la Policía Ministerial, lo amenazó de enviarlo a “Monterrey, a Puebla o a Guadalajara, y en esos lugares, nadie lo iba a proteger”.

García tuvo que salir de Ciudad Juárez por sus propios medios para salvar su vida y con la orientación jurídica de dos organismos de derechos humanos locales que guardamos su identidad por seguridad a sus miembros. Primero, fue a Torreón buscando refugio, de donde llamó a Norma Ledezma, de la organización Justicia para nuestras hijas, pidiendo ayuda. Ledezma respondió que sólo podía enviarle mil pesos para “rentar un lugar y comer”, pero que ya no lo podía ayudar más.

Después de varios meses, la esperanza de encontrar un apoyo más sólido volvió a Manuel García. El 9 de junio de 2011, la marcha ciudadana de Javier Sicilia, activista por la muerte de su hijo, tenía lugar en Ciudad Juárez. Manuel sabía de la lucha de Sicilia, por lo que comentaba Marisela Escobedo. Sin embargo, su esperanza no logró concretarse en apoyo, porque “en medio de tanta gente, no había posibilidades de contarle mi problema”, dice.

Con la ayuda de los organismos de derechos humanos locales pudo viajar a Ciudad de México y mantenerse bajo protección. Pero el acoso no cesaba, y pese a que varias veces le ayudaron a cambiar su número de celular, la Policía Ministerial de Chihuahua volvió a llamarle, intimidándolo para que aceptara involucrar a Marisela Escobedo con el narcotráfico.

Manuel García afirma que junto con Marisela Escobedo, antes de ser asesinada, y el hermano de ella, entregaron toda la información investigada a la fiscal Rosa María Sandoval Chávez, incluyendo un CD con tres canciones grabadas por el asesino Sergio Rafael Barraza. La letra de estas canciones narraba cómo había asesinado a Rubí Marisol, “y todo lo que le había hecho”, afirmó García, quien él mismo llegó a escucharlas. Pero a la fiscal Sandoval, eso no le interesó, ni la nueva evidencia ni la investigación que Escobedo realizaba con sus propios esfuerzos. Así que, frente al comandante mencionado, según el testimonio, decidió destruir el CD, junto con otras dos copias.

La investigación de las ahora víctimas también incluía evidencias de que el asesino Sergio Rafael Barraza se encontraba en Fresnillo, Zacatecas; y precisaron, ante la fiscal, el domicilio. La información fue desestimada de inmediato por Sandoval, porque dijo que ella estaba en comunicación con la madre de Barraza, y le había dicho que su hijo se encontraba en Estados Unidos.

El 22 de agosto de 2011, la funcionaria de la fiscalía responsable de investigar los feminicidios insistió todavía en crear falsas pistas de investigación en el caso de Marisela Escobedo.  Declaró a la prensa mexicana, a través de un comunicado conjunto con el Instituto Chihuahuense de la Mujer, dirigido por Emma Saldaña, que algunos de los casos “podrían estar relacionados con el crimen organizado”.

En aquel momento, enfatizó Sandoval que “el modus operandi con que se perpetraron algunos feminicidios, como el uso de armas de grueso calibre, tortura y mensajes de grupos criminales”, podrían ser evidencias de esta relación. Y con una afirmación contundente, que hoy podríamos interpretar como demagógica, concluyó la funcionaria que "la Fiscalía está investigando esos y todos los casos de homicidios de mujeres para esclarecer las causas, así como detener y procesar a los responsables".

Reportaje completo con audio del testigo protegido y otros testimonios en:

http://bit.ly/vz218r

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ANGELES.- “Tardaron mucho en decidirse, y en entregarla”, dijo en los pasillos de la fiscalía del Estado, una funcionaria pública para referirse al cuerpo de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida en Ciudad Juárez, el 18 de enero de 2008. Las autoridades locales habían retenido el cadáver de la joven en las instalaciones del Servicio Médico Forense “desde hace tiempo”, sin informar con precisión cuánto, y porqué no habían informado a sus familiares.

Adriana tenía 15 años cuando fue secuestrada. Ella y su amiga Griselda regresaban de la Preparatoria Allende, con rumbo a su casa, en un autobús de la ruta Juárez-Zaragoza. Griselda bajó dos cuadras antes de llegar al centro de la ciudad, donde aún vive. Adriana continuaba sola, como todos los días, dos cuadras más en el mismo autobús por la avenida Miguel Ahumada, y caminaría una cuadra por la calle Francisco Javier Mina, para tomar un segundo autobús hacia la colonia Mariano Escobedo, donde vivía con sus padres. A su casa nunca llegó. Y en ese tramo, donde habría estado sola unos 12 minutos antes de tomar el segundo transporte, desaparecieron otras tres jóvenes en diferentes fechas, dos de ellas asesinadas y retenidas en la morgue, y otra identificada en una audiencia de televisión en Los Ángeles, California, sin dar con su paradero.

La madre de Sarmiento publicó en diferentes sitios digitales la desaparición de su hija y la ayudaron a pegar miles de pesquisas por el centro de la ciudad. Sin embargo, estaba totalmente destrozada por el dolor, y no pudo continuar con el resto de las madres que se han organizaban para seguir buscando a sus hijas.

Artículo completo: 

http://bit.ly/w3DhB0