Periodistas en Español

Existe un criterio periodístico que considera inapropiado repetir un nombre o un verbo en los titulares de una misma página. No recuerdo haberlo visto escrito en ningún manual de estilo, aunque seguro que estará, pero, en cualquier caso, es uno de los clásicos que se sobreentiende y que se da por asumido.

En estas, que ha llegado un tal Bárcenas, de nombre Luis y de sobrenombre conocido por sus apariciones en la contabilidad de la trama “Gurtel”, y ha hecho trizas el criterio periodístico. Bueno, el criterio periodístico, lo que le quedaba a la política de credibilidad, el sistema de partidos y casi hasta el mismísimo sistema democrático. Sus diversas combinaciones con repetición ha roto casi todo.

Su omnipresencia en la actualidad es sólo correlativa a su capacidad de generar hechos que se convierten en noticia. En un único día consigue que el fiscal y el juez lo citen a declarar, por separado, que aparezca una segunda cuenta en Suiza con la que tiene el descaro de pagar a Hacienda la microcuota para quedar en paz con la amnistía fiscal, que la misma Hacienda diga que no podía acogerse a tal graciable procedimiento, que El País entregue a la Fiscalía los papeles que, por supuesto, se conocen por su nombre, que una ex ministra, Ana Palacio, se querelle contra él por el contenido de los papeles cuya autenticidad niega el partido de la tal Palacio, que la misma formación política bloquee cualquier acción parlamentaria sobre el susodicho y que media docena de implicados reconozcan que, como las meigas, los sobres, de haberlos, hailos.

Así no hay manera de cumplir con el criterio de no repetir el nombre en la misma página. El País y El Mundo sucumben estrepitosamente en su ruptura. Por ejemplo, en la tarde del martes 5 de febrero, con cuatro “Bárcenas” como cuatro soles casi juntitos, como si fueran satélites de un mismo planeta, en la corrupción en este caso, en cada una de las ediciones digitales de los dos diarios de referencia en la actual fase de las constelación “Gurtel”.

Además del criterio periodístico, la credibilidad restante de la política, el sistema de partidos y el mismísimo sistema democrático, el mencionadísimo Bárcenas,  se ha llevado por delante la vergüenza tributaria. Bueno, Bárcenas propiamente dicho no, más bien el Gobierno al aprobar una modificación del Código Penal, que bien podría entenderse hecha ad hoc para el caso, por la que se  entienden realizadas en su plazo “las rentas inicialmente no declaradas regularizadas a través de la declaración tributaria especial”, vamos, lo que viene a ser la amnistía fiscal.

Premonitorio fue cuando un bufete de abogados de Córdoba preparó un recurso para que la la amnistía fiscal se aplicase también a los “contribuyentes honrados”, ya que se hizo para los que no lo son.

Que un personaje con trascendencia pública haga algo para llamar la atención es noticia. Sin duda. La mayoría hacen algo precisamente para ello. Unos con mejor gusto y criterio y otros buscando la notoriedad a cualquier precio.

Cuando se plantea con razón que sin periodismo no hay democracia, no sólo hemos de centrarnos en la precariedad laboral, sino que el problema más mucho más allá y es mucho más profundo.

El periodismo ha perdido parte de su esencia. En muchos aspectos y en muchísimos medios ha dejado de ser crítico, un concepto que aprendí hace décadas en “Diario 16”. Aún peor, en muchos casos forma parte del espectáculo que se enfrenta directamente con la información.

No se trata de una defensa a ultranza de la información en estado puro, sino de mantener los principios de una profesión en la que se basa el derecho de la persona a recibir información veraz.

Dos días antes de que el FC Barcelona jugase en Córdoba el pasado miércoles el primero de los partidos de los octavos de la Copa del Rey, el presidente del club local, Carlos González, volvió a exponer su capacidad cómica en un vídeo de apariencia cutre, pero que algunos achacan a una de las factorías audiovisuales más importantes y de mayor nivel de España.

González, cuyo club anda en los juzgados en concurso de acreedores y ya veremos quién sale trasquilado del envite, repitió el mismo esquema que hace poco más de un mes empleó para la eliminatoria anterior, esa vez frente a la Real Sociedad, aunque en aquella ocasión el objeto de la mofa no fue el presidente catalán, Artur Mas, sino el Rey Juan Carlos. Por algo parecido querían meter en la cárcel a los de "El Jueves".

Que los dos vídeos son de chiste es indudable, precisamente perseguían eso, pero que el tratamiento dado por algunos medios se asemeja, tampoco hay duda.

La operación mediática del presidente del Córdoba CF no es baladí ni busca animar a la gente a que vaya al fútbol. ¿Quién puede pensar que el estadio cordobés no se iba a llenar para ver al mejor equipo del mundo y probablemente de la historia, que llevaba cuarenta años sin pasar por la ciudad?

 Junto a los vídeos, se articuló una etiqueta para Twitter que ha hecho furor. #lacopamola tiene su mercancía de venta directa añadida pero tiene toda la pinta de ir más allá, de formar parte de una campaña populista y populachera del tal González, que para no haber puesto un euro en el club le está sacando mucho provecho.

Los medios de comunicación tienen la obligación ser más cuidadosos a la hora de encumbrar personajes que entre sus ocurrencias anteriores está el hacer socio de honor del Real Madrid a Barak Obama. Esto cuando aspiraba a gestionar el club blanco en la candidatura de Juan Onieva, que duró lo de la mofa de su presentación estuvo viva, aunque aún menos estuvo en ella el propio González.

Que un diario como “Marca” copie la etiqueta en la que se basa la campaña personal del presidente del Córdoba CF para hacer una portada dice poco del sentido crítico del periodismo de hoy. O quizás diga de quién está detrás. A saber.

Que Angels Barceló corrija a Francisco José Delgado en la apertura del espacio deportivo de “Hora 25” del lunes pasado para sentenciar que la gracieta de González no es tan afortunada como Pacojo la quería presentar es un síntoma de que no todos los profesionales actúan de cooperadores necesarios en el ensalzamiento de personajes como González y con lo que significan.

 Esto sí es periodismo en una de sus funciones, el rigor.

La verdadera dimensión del personaje y de sus intenciones la plasmó el periodista cordobés José Luis Arranz con un tuit la noche del partido: 

“¿Ya ha terminado la pachanga? Vale, pues entonces volvamos a lo nuestro: #elparonomola #losdesahuciosnomolan #lacrisisnomola #losrecortesnomola”.

Esto sí es periodismo en otras de sus funciones, la crítica.

Los últimos días vivimos dos ejemplos de la antología del disparate basado en cosas sacadas de internet a la que se le da presunción de certeza y por el uso inconsistente de titulares a los que da la categoría de escándalo cuando no lo es.

En el programa de Canal Sur Televisión, “Pido la palabra”, el ex coordinador general de IU y ex alcalde de Córdoba, Julio Anguita, aseguró que una serie de personajes públicos españoles, y familiares de estos, tenían cuentas en Suiza.

En su habitual tono mesiánico, Anguita, a la pregunta de un espectador en directo, que son los que interrogan a los invitados, sobre si los “chorizos” a los que había aludido en unas declaraciones anteriores tenían nombre, afirmó: “Prefiero que hablen los datos”.

Los datos venían, ni más ni menos, de un “catedrático de varias universidades norteamericanas, español” de nacionalidad. Citó a Vicenç Navarro y un artículo que citaba un estudio del Financial Times.

A Anguita, que reconoció llevar preparado el texto para su lectura en el programa de la televisión autonómica andaluza, se le pasó decir que había sacado el artículo de Vicenç Navarro de internet.

La autoría del artículo era tan falsa como las cátedras de Navarro en las universidades norteamericanas aludidas por Anguita. Una simple consulta a la web del prestigioso profesor, icono de la izquierda y la economía progresista inconformista, le hubiese concretado que había sido con anterioridad catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona y que actualmente lo es de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra.

Una carta del catedrático a Canal Sur desveló la falsedad de la autoría, rectificación que el programa recogió en su siguiente edición, al igual que tuvo que hacer a demanda de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a la que Anguita había endosado una de las cuentas suizas.

Como si de un nuevo Anguita lenguaraz se tratase, un cargo público socialista se ha lanzado a criticar que FAES, la fundación del PP, se llevase, según sus cuentas, el 60 por ciento del monto total concedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Quizás se dejó inducir por el titular de “El País” que seguía como “El Periódico de Cataluña el de la Agencia EFE, que sí citaba el diario del grupo Zeta.

Este cargo público, José Ignacio Expósito Prats, que es nada más y nada menos que delegado territorial en Córdoba de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, se lanzó en su cuenta de Facebook a criticar  a lo que “le llama la derecha igualdad de oportunidades” bajo la presunción de que el más de medio millón de euros que le corresponden a FAES “servirán para hacer propaganda a favor de Rajoy”.

¿Los  238.510 euros que se lleva la Fundación Ideas, del PSO, son para promocionar a Rubalcaba, y los 36.000 que rasca la Fundación Rafael Campalans, del PSC, son para mayor gloria de Pere Navarro?

Expósito utiliza la política a base de titulares torcidos, cuando a él, un cargo público, está obligado a manifestarse con un plus de rigor, aunque sea en su cuenta personal de una red social.

No fue suficiente que le aclarase que este tipo de subvenciones se regulan por la Orden AEC/1510/2012, de 21 de junio, publicada en el Boletín Oficial del Estado, y que tienen dos criterios de asignación: la valoración técnica y “el número de escaños que el partido político de quién dependa la fundación o asociación que se presenta, tenga en el Congreso de los Diputados y el Senado, en el  momento de la realización de la Convocatoria”.

Nada, erre que erre, con su cantinela, sin saber, en su ignorancia, que la orden hoy vigente modifica la Orden AEC/1282/2009, de 14 de abril, también publicada en el BOE, Aunque no cambia los criterios generales de valoración.

La osadía contumaz del político socialista pasaba por alto que esos criterios, ahora aplicados por el ministro popular José Manuel García-Margallo, fueron establecidos en la Orden de 2009, que está firmada por alguien a la que le habrá estrechado muchas veces la mano, el que fuera también titular de Exteriores y siete años diputado en el Congreso por Córdoba, Miguel Ángel Moratinos, a la sazón militante socialista en la misma Agrupación Provincial que Expósito.

Equivocarse es humano, no rectificar también, pero agrieta la credibilidad y afecta al sistema democrático.

El derecho a la información obliga a la veracidad y el de a la libre expresión obliga al rigor a quien está en lo público. Quien no es veraz ni riguroso y se mantiene en la falsedad (Anguita sigue erre que erre) no merece, por una parte, la atención pública, ni, por otra, representar a la cosa pública.

Bien extendida están esas frases que se convierten en conceptos de las cosas mal hechas referidas al periodismo y la comunicación en general. Me refiero, en concreto, a esas dos que vienen a significar lo mismo pero cuyo uso, no sólo por periodistas, muestran una mala praxis, muchas veces deleznable, en el hecho comunicativo: “injuria que algo queda” y “calumnia que algo queda”.

En los últimos meses, más o menos los mismos que el PP tiene en sus manos el Gobierno de España, se suceden acciones que siguen el mismo esquema de las dos frases referidas.

Últimamente se han empeñado en aplicarlas a la libertad de información, algo así como un “aterroriza que algo queda”.

Tres ejemplos ponen sobre la mesa una ideología que pone en cuestión principios básicos, sin el menor de los rubores, la libertad de información, pilar básico de cualquier sistema democrático y elemento esencial en la formación de la opinión pública.

En primer lugar fue la reflexión sobre la modulación de las manifestaciones, después fueron los dimes y diretes, sin dudas calculados, sobre la idea de prohibir hacer fotografías a los policías en las manifestaciones, y por último ha sido la detención, manifiestamente ilegal y perfectamente dramatizada en sus términos, con la retención en un vehículo policial como si de un secuestro se tratase, de una vídeoperiodista que trabajaba para La Sexta cuando grababa una carga de ka Policía.

Lo primero, lo de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, como un aviso general a navegantes que se pasaban del paralelo que el carácter reaccionario del Gobierno delimita, y lo segundo, lo del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, como elemento intimidatorio de que grabar lo que hacen funcionarios públicos, especialmente obligados a cumplir con estricto celo la legalidad, no queda bonito, no vaya a ser, como de hecho ha ocurrido, que se demuestre que ni celo ni legalidad en la actuación de los agentes.

No olvidemos que el principio de la reversión del modo de actuación policial ocurrió en los estertores del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, poco después de que Alfredo Perez Rubalcaba dejase de ser ministro del Interior y por ende responsable de la Policía, especialmente plasmada con motivo de la visita del papa a España, sin que conste que el Ejecutivo socialista reprimiese los excesos de los agentes a lo largo y ancho de las calles de Madrid ante quienes no estaban de amén en amén detrás del pontífice.

En una democracia avanzada, estos dos elementos del PP estarían ya alejados de la vida pública por estas dos propuestas, que no son ocurrencias sino que forman parte de un concepto ideológico de nuestra rancia derecha.

Ahora nos topamos con el siguiente escalón. La detención de una vídeoperiodista por grabar una actuación policial que no debió ser nada ortodoxa.

Es claro. El Gobierno aplica un principio pero desde la impunidad que le da la complicidad de un sistema judicial insostenible en el fondo y las formas y por la laxitud de la respuesta de una profesión periodística más preocupada por su situación laboral que por la dramática realidad que describe la Federación de Asociaciones de la Prensa de España: sin periodismo no hay democracia.

Frente a ello, el Gobierno, consciente de que con la Constitución en la mano ni puede restringir el derecho de manifestación ni prohibir fotografiar policías actuando, ya lo haga un periodista o un ciudadano que esté allí, adapta el concepto que anima a utilizar la injuria o la calumnia para sembrar la duda.

Aterroriza  que algo queda, porque ya empieza a dar miedo a encontrarse a un policía con el casco puesto y la porra desenfundada. Nuestro subconsciente, y cada vez más nuestro consciente, nos dice que no está ahí para proteger nuestros derechos, sino para reprimirlos. Nuestra mente comienza a transformar el azul por el gris en el color de sus uniformes.

Cuando las cuentas no salen y la desesperación comienza a tomar derroteros de cotidianidad, el mundo de las ocurrencias toma volumen, jaleado además por una pléyade de desesperados que, generalmente con razón, piden un cambio que permita mejorar sus condiciones de vida.

El que tengan razón en lo que reclaman no conlleva que lo tengan en cómo quieren lograrlo.

Hay quien se pone delante de una pancarta pidiendo algo después de ver cómo ha salido la manifestación y luego preparan planes por si le sigue siendo rentable.

 Aunque podría estar refiriéndome en concreto al presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, que ya tiene antecedentes en resbalar sin saber dónde va a caer no es el caso, sino otro vivido en el mundo del periodismo.

UGT reivindica que sólo los licenciados en Periodismo puedan ejercer la profesión periodística. Si no fuese por la cantidad de jirones que UGT se ha dejado en defensa de la libertad de información, el patético planteamiento que hacen al afirmar que "opinar no es informar" podría ser considerado como una broma cutre, aunque más que una ocurrencia fruto de la desesperación por la situación laboral de los periodistas parece sobrevenida de una ignorancia temeraria.

La libertad de expresión se encuentra garantizada en el artículo 20.1.a) de la Constitución, en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 19.2 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, y en el 10.1 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos.

Una variante doctrinal de la libertad de expresión, la libertad de información, se reconoce y garantiza expresa y específicamente en el artículo 20.1.d) de nuestra Carta Magna, al establecer el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

El periodista profesional es aquella persona que “como trabajo principal y retribuido se dedica a obtener y elaborar información para difundirla o comunicarla por cualquier medio de comunicación, de forma cotidiana y periódica”, según certeramente Georges Burdeau expone en “Les libertés publiques”.

Nuestro Tribunal Constitucional ha advertido desde muy temprano que en las libertades de expresión e información ha de aplicarse el principio de “no injerencia por parte de los poderes públicos” (sentencia 77/1982). 

En una resolución anterior (sentencia 6/1981) había asegurado la preeminencia de la libertad de expresión “frente a cualquier injerencia de los poderes públicos que no esté apoyada en la Ley, e incluso frente a la propia Ley en cuanto ésta intente fijar otros límites que los que la propia Constitución (arts. 20.4 y 53.1) admite. Otro tanto cabe afirmar respecto del derecho a comunicar y recibir información veraz (art. 20.1 d), fórmula que, como es obvio, incluye dos derechos distintos, pero íntimamente conectados”.

Si los que han realizado el planteamiento por parte de UGT conociesen mínimamente la historia de su propio sindicato, estarían rojos, pero de vergüenza. UGT no los merece.

La Caixa ha heredado de Cajasol un espacio publicitario regional en radio que no ha tardado, como es lógico, en reconvertir a la nueva etapa de la otrora caja de ahorros andaluza, ahora absorbida por la entidad catalana, en una proyección de la estrategia de liquidación del sistema financiero andaluz.

CaixaBank mantiene la marca Cajasol en sus oficinas de Sevilla y Huelva, a las que se adhiere el logotipo creado por Joan Miró y la destacada imagen corporativa, marcado por el significativo y fácilmente identificable fondo negro. Ninguna deferencia. Lo mismo ha hecho con el resto de la integradas en Banca Cívica en aquellas provincias donde las antiguas cajas eran referencia.

Lo que persigue el anuncio radiofónico es vincular a la caja catalana con la andaluza y presentar al cliente como protagonista. Es algo así como “CaixaBank, Cajasol y tú”.

Después de la desarticulación del fragmentado sistema financiera andaluz, con la salida de La General de Granada hacia el eje catalanoparlante de BMN, de CajaSur a la vasca BBK y de CajaSol a la catalana CaixaBank, Unicaja se ha quedado como el reducto financiero andaluz, casi con las mismas mimbres con las que comenzó su andadura en 1991 (hace poco se ha unido la de Jaén).

Tras el fracaso de los sucesivos gobiernos andaluces en crear “una gran caja”, como se decía para evitar la expresión “caja única” y eludir los ataques de orgullo provincialista, con la intención de dar solvencia, eficacia y estabilidad al mapa de las entonces cajas de ahorros de Andalucía, cabría preguntarse, conociendo quién es CaixaBank y que Cajasol ya no existe, quién es tú, ese al que cita el anuncio. Porque andaluz no tiene tipo que sea.