Periodistas en Español

¿Cómo puede entenderse el  intento de reconversión religiosa de una fiesta que reúne el mayor consumo de desmanes colectivos comúnmente admitidos por una sociedad? No parece que pueda justificarse en los recortes demandados ni por los mercados ni por Merkel. Como otras tantas decisiones, la iniciativa del Ayuntamiento de Córdoba de inventarse una procesión de la virgen de la Salud hasta la portada de la Feria de Mayo es una nueva medida ultraconservadora y retrógrada de la hornada de la renacida y victoriosa derecha española.

Acogerse para montar la marcha religiosa a que la Feria de Mayo cordobesa estaba consagrada a Nuestra Señora de la Salud cuando se inventó es lo mismo que condicionar el esfuerzo de gasto al éxito de la feria de ganado que fue su origen a finales del siglo XIII y que hoy ya ni aparece en el programa oficial ni siquiera de forma testimonial, como sí lo hacía en otras ediciones.

Es una excusa del mismo cariz que la que esgrimió en su día el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, para eliminar la asignatura de Educación para la convivencia bajo el eufemismo de reemplazarla por otra denominada educación cívica y constitucional, que retuerce otros de los avances experimentados en los últimos tiempos en España y que ahora han entrado en una fase de mayor cuestionamiento que los resultados de Bankia o la veracidad de los datos del déficit de la Comunidad de Madrid, por poner sólo dos ejemplos fácilmente comprensibles.

Hay que saber interpretar las palabras de Wert. Cuando afirmó que Educación para la convivencia iba a ser sustituida por otra asignatura "libre de cuestiones controvertidas" y "no susceptible de adoctrinamiento ideológico”, lo que el ministro decía era que iba a estar exenta de cuestiones que molestasen a los ultramontanos (el respeto a la condición sexual de cada cual, por un poner) y varada hacia el extremismo excluyente, ese mismo que pretenden criticar al hablar de “nacionalismo excluyente”.

El PP ha cogido el manual de la buena derecha y lo aplica al dedillo. Como en Córdoba no tienen un megamástil para colocar un banderón de España, como ocurre en la Glorieta Olímpica de Sevilla, lo colocan. Que cuesta treinta y tantos mil euros, pues lo unen a un monumento de recuerdo a las víctimas del terrorismo para que nadie ose criticar el gasto. Banderón incluido, claro.

O si hay que promocionar la fiesta con morriña, en Sevilla se inventan una “operación talento” y en Córdoba la superación del récord de parejas bailando sevillanas. El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, suprimió las limitaciones de tráfico en la zona centro de la ciudad nada más llegar. El de Córdoba tardó poco en desdecirse de su promesa electoral de hacer peatonal en su totalidad la calle Cruz Conde para volver meses después a la casilla de salida.

Nieto, más que el librillo de Zoido, ha seguido en esto a Mariano Rajoy. Aunque pensándolo bien, lo de los bandazos sobre Cruz Conde es anterior a que el PP llegase al Gobierno de España. ¿Quién será el que marca escuela?

Hay apostillas que son todo un editorial periodístico y, por supuesto, valen muchísimo más que determinadas declaraciones políticas, demasiado huecas en los últimos tiempos y origen en parte de la (des)consideración de la clase política que muestra la ciudadanía. No es de extrañar que el último barómetro del CIS la coloque como el tercer problema que existe actualmente en España.

Ahora que nos hemos enterado que tres Comunidades Autónomas han falseado (no se trata que se hayan equivocado) sus datos de déficit, la guinda no es que no haya ninguna que haya cumplido con los objetivos, sino que la que más se ha acercado, Galicia, dio un dato que además era cierto.

Así lo expresó el director del programa de Onda Cero “La brújula”, Carlos Alsina, cuando comentó el descubrimiento de que ni Madrid, que había alardeado de ser la única región que había cumplido, ni Castilla y León ni Valencia habían divulgado su déficit real y que sólo los planes de ajuste habían desvelado el engaño.

Alsina destacó que Galicia podía sacar pecho por haberse quedado cerca del objetivo de déficit. Además de ser el mejor dato, apostilló, ha resultado que era cierto.

Un comentario contundente que pone de manifiesto la credibilidad de los políticos en general, donde la verdad comienza a ser un hecho a destacar. Si a esto se une que la mitad del mayor déficit madrileño se debe a facturas que han salido del cajón, el tema de la herencia socialista deja de tener el poco crédito que pudiera haber poseído en algún momento. Como bien dijo Alsina, la herencia es propia.

Más allá de las consecuencias económicas del engaño, que serán las que sean pero ninguna agradable, comienza a hacer asiduo el tránsito por encima de la línea roja que deja la credibilidad de la política a niveles de truncamiento sistémico y, pese a lo que algunos les pueda parecer divertido jugar a antisistema, eso es meterse en un callejón sin salida, como le ha pasado a Grecia tras las últimas elecciones. No es solución a los problemas ni aupar a la extrema derecha ni hacer guiños a la autarquía, palabra que, por cierto, procede del griego.

Hay apostillas que son todo un editorial periodístico y, por supuesto, valen muchísimo más que determinadas declaraciones políticas, demasiado huecas en los últimos tiempos y origen en parte de la (des)consideración de la clase política que muestra la ciudadanía. No es de extrañar que el último barómetro del CIS la coloque como el tercer problema que existe actualmente en España.

Ahora que nos hemos enterado que tres Comunidades Autónomas han falseado (no se trata que se hayan equivocado) sus datos de déficit, la guinda no es que no haya ninguna que haya cumplido con los objetivos, sino que la que más se ha acercado, Galicia, dio un dato que además era cierto.

Así lo expresó el director del programa de Onda Cero “La brújula”, Carlos Alsina, cuando comentó el descubrimiento de que ni Madrid, que había alardeado de ser la única región que había cumplido, ni Castilla y León ni Valencia habían divulgado su déficit real y que sólo los planes de ajuste habían desvelado el engaño.

Alsina destacó que Galicia podía sacar pecho por haberse quedado cerca del objetivo de déficit. Además de ser el mejor dato, apostilló, ha resultado que era cierto.

Un comentario contundente que pone de manifiesto la credibilidad de los políticos en general, donde la verdad comienza a ser un hecho a destacar. Si a esto se une que la mitad del mayor déficit madrileño se debe a facturas que han salido del cajón, el tema de la herencia socialista deja de tener el poco crédito que pudiera haber poseído en algún momento. Como bien dijo Alsina, la herencia es propia.

Más allá de las consecuencias económicas del engaño, que serán las que sean pero ninguna agradable, comienza a hacer asiduo el tránsito por encima de la línea roja que deja la credibilidad de la política a niveles de truncamiento sistémico y, pese a lo que algunos les pueda parecer divertido jugar a antisistema, eso es meterse en un callejón sin salida, como le ha pasado a Grecia tras las últimas elecciones. No es solución a los problemas ni aupar a la extrema derecha ni hacer guiños a la autarquía, palabra que, por cierto, procede del griego 2 días antes

Izquierda Unida ha hecho un ejercicio de democracia al someter a su militancia la propuesta de coalición con el PSOE para formar gobierno en la Junta de Andalucía. Consecuencia del apoyo mostrado, el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, ha anunciado que propondrá a José Antonio Griñán para ser investido presidente.

Si la militancia del 20 por ciento del apoyo parlamentario del futuro Gobierno andaluz (12 de los 59 parlamentarios que sustentarán a Griñán) han tenido la oportunidad de mostrar su opinión mediante el voto sobre este acuerdo, ¿por qué no es posible que lo hagan quienes juegan el mismo papel, el de la base de la organización política, del otro 80 por ciento (los restantes 47 diputados)?

Por la sencilla razón que en el PSOE se establece una jerarquía que impide a la militancia decidir sobre las cuestiones claves en la vida de la organización política.

No parece congruente que cuando el actual secretario general socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, se comprometió a que cualquier persona, sin estar afiliada al PSOE, pudiese votar en las llamadas “primarias a la francesa” para decidir quién quiere que sea el candidato o candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de España, aunque luego no fuera tal que así, quienes sostienen con su compromiso de afiliación el partido no tengan opinión alguna en una alianza de gobierno, importante por sí misma en cualquier institución, trascendente en el actual momento político en España en una Comunidad Autónoma como Andalucía.

El movimiento socialista Bases en Red defiende que cada militante tenga un voto en la toma de decisiones, que la persona que ostente la secretaría general del partido sea elegida mediante sufragio universal y que se articulen fórmulas de militancia activas basadas en las nuevas tecnologías. Así lo aprobó en la Declaración de Jun, denominada de esta manera por surgir de una reunión celebrada en esta localidad granadina el 29 de diciembre pasado, en la que tuve la ocasión de participar.

Curiosamente, el PSOE reserva a su máximo órgano entre congresos en el conjunto de España, el Comité Federal, la política de alianzas, por lo que legitima, por ejemplo, a un militante de la República Dominicana (los afiliados socialistas en el exterior tienen derecho a un representante en el Comité Federal más otro adicional por cada 2.300 militantes o fracción superior a 1.200) a decidir si Griñán puede o no aceptar el apoyo de Izquierda Unida. Otra cosa es que el Comité Federal no haya dicho aún, que se sepa, esta boca es mía.

François Hollande ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, tras diez años de ostracismo de la socialdemocracia francesa. El hasta hace poco “gordito simpático” se hizo con la candidatura del Partido Socialista Francés a la Presidencia a través de unas primarias en las que pudieron participar todas las personas con derecho a voto en Francia que firmasen una declaración de adhesión a los valores de la izquierda.

El PSOE ha anunciado un sistema, que se presenta como similar pero que está capado, para la elección de ñas cabeceras de lista de las elecciones generales, no así para las autonómicas (ya hemos visto lo que ha pasado en Andalucía) ni para las municipales, aunque para los comicios regionales queda pendiente del sempiterno “se estudiará”, que es en el lenguaje psoeidiano algo así como un “si te vi, no me acuerdo”.

Mientras que llegan las próximas elecciones generales y se estudia para las autonómicas, quienes sustentan desde la base la organización que aporta el 80 por ciento de la fuerza parlamentaria del próximo Gobierno andaluz (casi 1.100.000 votos más que su próximo socio de coalición, al que le saca 28 puntos de apoyo popular) no han podido decidir con su voto. Los del otro 20 por ciento, sí.

No nos extrañemos que por este anquilosamiento del PSOE, que no sólo mantiene los mismos mecanismos que hace treinta años sino que está demostrado que lo han llevado adonde está, estemos ante el comienzo de algo más que la primera experiencia de gobierno de coalición entre socialistas e Izquierda Unida en Andalucía. Podemos estar ante el primer gran reequilibrio de la izquierda en España y que dentro de cuatro año no sean ni el millón y pico de votos ni casi los treinta puntos de diferencia.

Izquierda Unida ha hecho un ejercicio de democracia al someter a su militancia la propuesta de coalición con el PSOE para formar gobierno en la Junta de Andalucía. Consecuencia del apoyo mostrado, el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, ha anunciado que propondrá a José Antonio Griñán para ser investido presidente.

Si la militancia del 20 por ciento del apoyo parlamentario del futuro Gobierno andaluz (12 de los 59 parlamentarios que sustentarán a Griñán) han tenido la oportunidad de mostrar su opinión mediante el voto sobre este acuerdo, ¿por qué no es posible que lo hagan quienes juegan el mismo papel, el de la base de la organización política, del otro 80 por ciento (los restantes 47 diputados)?

Por la sencilla razón que en el PSOE se establece una jerarquía que impide a la militancia decidir sobre las cuestiones claves en la vida de la organización política.

No parece congruente que cuando el actual secretario general socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, se comprometió a que cualquier persona, sin estar afiliada al PSOE, pudiese votar en las llamadas “primarias a la francesa” para decidir quién quiere que sea el candidato o candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de España, aunque luego no fuera tal que así, quienes sostienen con su compromiso de afiliación el partido no tengan opinión alguna en una alianza de gobierno, importante por sí misma en cualquier institución, trascendente en el actual momento político en España en una Comunidad Autónoma como Andalucía.

El movimiento socialista Bases en Red defiende que cada militante tenga un voto en la toma de decisiones, que la persona que ostente la secretaría general del partido sea elegida mediante sufragio universal y que se articulen fórmulas de militancia activas basadas en las nuevas tecnologías. Así lo aprobó en la Declaración de Jun, denominada de esta manera por surgir de una reunión celebrada en esta localidad granadina el 29 de diciembre pasado, a la que tuve la ocasión de participar.

Curiosamente, el PSOE reserva a su máximo órgano entre congresos en el conjunto de España, el Comité Federal, la política de alianzas, por lo que legitima, por ejemplo, a un militante de la República Dominicana (los afiliados socialistas en el exterior tienen derecho a un representante en el Comité Federal más otro adicional por cada 2.300 militantes o fracción superior a 1.200) a decidir si Griñán puede o no aceptar el apoyo de Izquierda Unida. Otra cosa es que el Comité Federal no haya dicho aún, que se sepa, esta boca es mía.

François Hollande ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, tras diez años de ostracismo de la socialdemocracia francesa. El hasta hace poco “gordito simpático” se hizo con la candidatura del Partido Socialista Francés a la Presidencia a través de unas primarias en las que pudieron participar todas las personas con derecho a voto en Francia que firmasen una declaración de adhesión a los valores de la izquierda.

El PSOE ha anunciado un sistema, que se presenta como similar pero que está capado, para la elección de ñas cabeceras de lista de las elecciones generales, no así para las autonómicas (ya hemos visto lo que ha pasado en Andalucía) ni para las municipales, aunque para los comicios regionales queda pendiente del sempiterno “se estudiará”, que es en el lenguaje psoeidiano algo así como un “si te vi, no me acuerdo”.

Mientras que llegan las próximas elecciones generales y se estudia para las autonómicas, quienes sustentan desde la base la organización que aporta el 80 por ciento de la fuerza parlamentaria del próximo Gobierno andaluz (casi 1.100.000 votos más que su próximo socio de coalición, al que le saca 28 puntos de apoyo popular) no han podido decidir con su voto. Los del otro 20 por ciento, sí.

No nos extrañemos que por este anquilosamiento del PSOE, que no sólo mantiene los mismos mecanismos que hace treinta años sino que está demostrado que lo han llevado adonde está, estemos ante el comienzo de algo más que la primera experiencia de gobierno de coalición entre socialistas e Izquierda Unida en Andalucía. Podemos estar ante el primer gran reequilibrio de la izquierda en España y que dentro de cuatro año no sean ni el millón y pico de votos ni casi los treinta puntos de diferencia.

Izquierda Unida ha hecho un ejercicio de democracia al someter a su militancia la propuesta de coalición con el PSOE para formar gobierno en la Junta de Andalucía. Consecuencia del apoyo mostrado, el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, ha anunciado que propondrá a José Antonio Griñán para ser investido presidente.

Si la militancia del 20 por ciento del apoyo parlamentario del futuro Gobierno andaluz (12 de los 59 parlamentarios que sustentarán a Griñán) han tenido la oportunidad de mostrar su opinión mediante el voto sobre este acuerdo, ¿por qué no es posible que lo hagan quienes juegan el mismo papel, el de la base de la organización política, del otro 80 por ciento (los restantes 47 diputados)?

Por la sencilla razón que en el PSOE se establece una jerarquía que impide a la militancia decidir sobre las cuestiones claves en la vida de la organización política.

No parece congruente que cuando el actual secretario general socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, se comprometió a que cualquier persona, sin estar afiliada al PSOE, pudiese votar en las llamadas “primarias a la francesa” para decidir quién quiere que sea el candidato o candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de España, aunque luego no fuera tal que así, quienes sostienen con su compromiso de afiliación el partido no tengan opinión alguna en una alianza de gobierno, importante por sí misma en cualquier institución, trascendente en el actual momento político en España en una Comunidad Autónoma como Andalucía.

El movimiento socialista Bases en Red defiende que cada militante tenga un voto en la toma de decisiones, que la persona que ostente la secretaría general del partido sea elegida mediante sufragio universal y que se articulen fórmulas de militancia activas basadas en las nuevas tecnologías. Así lo aprobó en la Declaración de Jun, denominada de esta manera por surgir de una reunión celebrada en esta localidad granadina el 29 de diciembre pasado, a la que tuve la ocasión de participar.

Curiosamente, el PSOE reserva a su máximo órgano entre congresos en el conjunto de España, el Comité Federal, la política de alianzas, por lo que legitima, por ejemplo, a un militante de la República Dominicana (los afiliados socialistas en el exterior tienen derecho a un representante en el Comité Federal más otro adicional por cada 2.300 militantes o fracción superior a 1.200) a decidir si Griñán puede o no aceptar el apoyo de Izquierda Unida. Otra cosa es que el Comité Federal no haya dicho aún, que se sepa, esta boca es mía.

François Hollande ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, tras diez años de ostracismo de la socialdemocracia francesa. El hasta hace poco “gordito simpático” se hizo con la candidatura del Partido Socialista Francés a la Presidencia a través de unas primarias en las que pudieron participar todas las personas con derecho a voto en Francia que firmasen una declaración de adhesión a los valores de la izquierda.

El PSOE ha anunciado un sistema, que se presenta como similar pero que está capado, para la elección de ñas cabeceras de lista de las elecciones generales, no así para las autonómicas (ya hemos visto lo que ha pasado en Andalucía) ni para las municipales, aunque para los comicios regionales queda pendiente del sempiterno “se estudiará”, que es en el lenguaje psoeidiano algo así como un “si te vi, no me acuerdo”.

Mientras que llegan las próximas elecciones generales y se estudia para las autonómicas, quienes sustentan desde la base la organización que aporta el 80 por ciento de la fuerza parlamentaria del próximo Gobierno andaluz (casi 1.100.000 votos más que su próximo socio de coalición, al que le saca 28 puntos de apoyo popular) no han podido decidir con su voto. Los del otro 20 por ciento, sí.

No nos extrañemos que por este anquilosamiento del PSOE, que no sólo mantiene los mismos mecanismos que hace treinta años sino que está demostrado que lo han llevado adonde está, estemos ante el comienzo de algo más que la primera experiencia de gobierno de coalición entre socialistas e Izquierda Unida en Andalucía. Podemos estar ante el primer gran reequilibrio de la izquierda en España y que dentro de cuatro año no sean ni el millón y pico de votos ni casi los treinta puntos de diferencia.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció el pasado 31 de marzo que el Gobierno de España iba a reducir su presupuesto en 27.300 millones de euros, lo que calificó como “el mayor ajuste de cuentas de la democracia”.

Lo que no dijo entonces es que en ese ajuste de cuentas iba a entrar, más allá del recorte de nunca acabar (el Gobierno se está corrigiendo a sí mismo casi a diario), el pluralismo y la neutralidad de la Corporación RTVE, sobre la que se retira la necesidad de que al menos los dos grandes partidos estatales de España (PP y PSOE) consensuen la composición de su Consejo de Administración y la elección parlamentaria de la persona que ostentará su Presidencia.

Lo que ha hecho el PP es ajustar la norma a su mayoría y, como no alcanza los dos tercios que exigía la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para designar a quienes deben ser miembros del Consejo, entre los que debe salir la Presidencia, ha pegado un zarpazo a la legislación y lo ha dejado en mayoría absoluta, que es lo que tiene en el Congreso y el Senado, que designarán a cinco y cuatro miembros cada uno a partir de ahora, para, luego, la primera de las Cámaras designar por la misma mayoría, la que tienen los populares, a la persona que ocupará la Presidencia.

 Además lo ha hecho mediante la figura del decreto-ley, que la Constitución restringe a casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, lo que no parece que se dé en este caso. La posible inconstitucionalidad del Decreto-Ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros puede ser salvada mediante su conversión en Ley, que saldrá, si ese es el caso una vez que se convalide en el Congreso de los Diputados, adelante con la mayoría de los populares.

 Lo que hay en el núcleo de esta decisión no es otra cosa que la esencia de la derecha respecto a los medios de comunicación públicos: no creen en ellos si no lo dominan y ahora han aprendido que mejor en manos privadas amigas que con la posibilidad de que una mayoría parlamentaria diferente restituya la neutralidad.

Con RTVE hay un largo contencioso plagado de descalificaciones y amenazas, una realidad personalizada en la persecución que el PP mantiene a la periodista Ana Pastor, la presentadora de Los desayunos de TVE, a la que, sin pudor alguno, han acosado.

El uso de la mayoría parlamentaria es legítimo, y el uso de la mayoría absoluta también. Las democracias avanzadas, entre las que ya debería España estar, tienen unas reglas que forman parte del consenso social. A ver quién puede recordar un rifirrafe como los que la derecha española monta a los medios públicos, especialmente RTVE y la radio y televisión pública andaluza, Canal Sur, en la NFR, la radio pública estatal de Estados Unidos, o con la británica BBC.

En España, las cosas no son así. Lo han demostrado a la primera. Para “garantizar un funcionamiento más eficaz”, según el Decreto-Ley del viernes, “es necesario llevar a cabo algunas modificaciones en cuanto a su composición y la designación” de los miembros del Consejo de Administración.

Ese acuerdo del Consejo de Ministros puede quedar en los libros de historia, como decía Cospedal, como “el mayor ajuste de cuentas de la democracia”. El PP fulmina el mayor proceso de garantía de neutralidad de la radio y televisión pública estatal, una de las pocas cosas que quedarán como recuerdo positivo de la Presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.

El PP se queda con la posibilidad de designar a la mayoría del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y a quien ostente Presidencia, que tiene carácter ejecutivo, echa sin explicación a los sindicatos de este órgano e introduce elementos que, cuando menos, han de producir un sudor frío a cualquier persona que conozca el nivel de decisión que contiene el Consejo, como es la eliminación del régimen de dedicación exclusiva de los consejeros que no ostentan la Presidencia y limitarse “al régimen de incompatibilidades establecido en la legislación mercantil para los administradores”, es decir, que podrán estar en más de un Consejo de Administración.