PES.- El año 2011 cierra con un balance negativo para las radios comunitarias y para la libertad de expresión en Chile, afirma María Pía Matta, presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC.
En declaraciones a Radio Terra, María Pía Matta señala que desde hace 18 años "rige una legislación que penaliza a estaciones radiales por emitir sin autorización, en ausencia de llamados a concursos para licitar frecuencias por parte de las comunidades interesadas. Chile es uno de los países que aplica ley penal a este tipo de emisiones, situación que ha sido calificada por las relatorías de la OEA y la ONU como atentatoria a la libertad de expresión".
En distintas regiones de Chile, las radios comunitarias han sufrido diversas formas de violencia, desde incautación de equipos y allanamientos hasta condenas, que a pesar de aceptar la salida pactada que ofrece la fiscalía, han involucrado firma obligada, arraigo para comunicadores/as y prohibición de transmitir, restricción esta última que afecta el derecho de las comunidades a emitir y recibir información.
Para la comunicadora chilena, un adelanto de lo que vendrá en cuanto a persecución a radios comunitarias es la revocación de licencia que ha sufrido en julio 2011 la estación radial de Lanco, por emitir publicidad, sobrepasar la potencia autorizada (1 watt) y la altura de la antena.
La ley que norma los servicios de radiofonía comunitaria y ciudadana, formulada y tramitada durante el gobierno Bachelet contiene claras deficiencias en cuanto a acceso, financiamiento y cobertura. Su formulación hecha, según el molde empresarial de ARCHI (Asociación de radiodifusores de Chile), impone restricciones y endurece las penas para quienes transgreden su normativa.
Por otro lado, la presidenta de AMARC, sostiene que Chile tiene también una clara necesidad de medios públicos, "concebidos de acuerdo a principios de transparencia, diversidad y pluralidad, que sobrepasen la noción de brazos propagandísticos de los gobiernos centrales, regionales o locales de turno".
Lo que necesitamos, sostiene María Pía Matta, es una discusión seria y de fondo que de como resultado una nueva ley servicios audiovisuales, que elimine toda forma de restricción directa o indirecta a la libertad de expresión, que considere el reconocimiento y promoción del sector social sin fines de lucro, y de un sector público en las comunicaciones, de modo que convivan en igualdad de condiciones con la radiofonía privada comercial.
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escrito por Juan Evangelista Serrano, enero 16, 2012
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