Silvia Higuera (Knight Center).- La Cámara en lo Civil y Comercial Federal de Argentina ha prorrogado la medida cautelar por inconstitucionalidad solicitada por el Grupo Clarín de dos artículos de la Ley de Medios que entraba en vigor este viernes 7 de diciembre, según publica el diario Clarín.

Este fallo implica que los artículos que se refieren a la desinversión y posesión de licencias de medios audiovisuales no entrarán en vigor hasta que haya una sentencia en torno a la constitucionalidad, que debe fallar el juez en lo Civil y Comercial Horacio Alfonso.

Martín Sabbatella, titular del AFSCA (ente encargado de poner en funcionamiento la Ley de Medios) ha calificado el fallo como una “vergüenza” y señaló que “se pedirá la intervención de la Corte para que revise este acto que lesiona la democracia”, informa La Nación. “Teníamos razón cuando dijimos que los jueces que viajan a Miami financiados por Clarín terminan convertidos en su equipo jurídico”, señaló el funcionario en conversación con Télam según La Nación.

El Grupo Clarín emitió un corto comunicado después de haber sido notificado de la resolución de la Cámara donde asegura que “como durante todo el trámite de esta causa, el Grupo Clarín seguirá a derecho, respetando la Constitución, la ley y los fallos de la Justicia”.

Antecedentes:

La situación se remonta a octubre de 2009 cuando la presidenta del país, Cristina Fernández, logró que el Congreso aprobara la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual (SCA) – también conocida como la Ley de Medios – que reemplazó a la Ley de Radiodifusión de 1980 creada durante la dictadura militar de 1976-1983.

El Poder Ejecutivo siempre ha señalado que el objetivo de la ley es “desconcentrar y desmonopolizar” el mercado mediático además de actualizar la legislación a las nuevas tecnologías. Para sus opositores, la propuesta de dividir el espacio radioeléctrico en tres partes iguales (Estado, sector privado y organizaciones sin fines de lucro) puede terminar beneficiando al estado si estas últimas se otorgan a entes oficialistas. Sin embargo, el artículo que generó más polémica fue el de reducir de 24 a 10 los servicios abiertos de radio y televisión en poder de un solo dueño.

El Grupo Clarín, el conglomerado de medios más grande de Argentina, ha señalado a la ley como un ataque directo de parte del gobierno a los medios privados – ellos en la cabeza – que no manejan una línea editorial oficialista. El grupo instauró una medida cautelar que suspende temporalmente el artículo que obliga reducir las licencias al declararlos inconstitucionales, que vencía este 7 de diciembre.

A partir de esta fecha, todos los medios se deberían haberse ajustado a la ley y ceder una parte de sus licencias, y de no hacerlo de manera voluntaria, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), ente encargado de aplicar la ley, procedería a subastar las licencias.

Diferentes organizaciones se han manifestado sobre esta situación. Para el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) el periodismo y los ciudadanos son los grandes perdedores del clima polarizado que genera los enfrentamientos entre gobierno y estado.

Un tema que comparte la organización Reporteros Sin Fronteras, RSF, que lamentó que esta polarización haya convertido “una legislación positiva” en un rehén. RSF ha manifestado su apoyo de la aplicación de la ley por considerarla un “modelo” en puntos como la igualdad y el pluralismo, pero especialmente porque “no busca en ningún caso controlar o censurar la información difundida”.

Y aunque no cree en la versión de que la ley se utilizó como arma en contra de grupos de medios, sí señaló que el gobierno ha ayudado a crear estas acusaciones al utilizar la publicidad oficial como un arma de premio o castigo de acuerdo a la línea editorial que manejen. Asimismo, rechazó los diferentes ataques a la distribución de diarios como Clarín o La Nación.

La Sociedad Interamericana de Prensa por su parte ha manifestado su preocupación porque esta ley termine atacando la libertad de expresión, como lo han dado a entender algunas declaraciones de funcionarios de la AFSCA. Por tal motivo, en su asamblea 68 de octubre pasado aprobó el envío de una comisión a Argentina para esta fecha. De acuerdo al portal La Voz de América, esta comisión ya llegó al país y su presidente, Claudio Paolillo, dijo que no llegaron "para defender a ningún grupo mediático o económico. Sino a verificar que no se restrinja la libertad de expresión y prensa en el país".

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) envió una carta al presidente de la AFSCA en donde manifiesta su preocupación por la actual situación de enfrentamientos del país y donde le sugiere “imparcialidad en la aplicación del otorgamiento y supervisión de las licencias” debido a que el país atraviesa por un momento crítico “que determinará buena parte del futuro del periodismo profesional para su ejercicio en plena libertad”, según un comunicado en su página principal.

Otras organizaciones han decidido apoyar o rechazar esta ley. Por ejemplo, la Organización Mundial de Editores (GEN) convocó a una protesta mundial por el ataque contra la prensa de Argentina que mantiene el gobierno, el pasado octubre. Para GEN este 7 de diciembre, podría representar una amenaza para el periodismo independiente.

No obstante, otras organizaciones y ciudadanos consideran esta ley una democratización de la información en Argentina. El portal de Diario Libre realizó una invitación a todos los ciudadanos que quieran demostrar su apoyo a esta ley a través de un "twitazo" este 7 de diciembre mediante el uso de etiquetas como#7D, #LeydeMedios y #Nomonopolios. "Medios comunitarios y alternativos latinoamericanos realizaremos este día una jornada global de apoyo a la puesta en vigencia de esta importante ley; que es un paso más para la democratización definitiva de los medios de comunicación en Argentina”, agregó el portal.

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