RJClaudín.- El juzgado de instrucción nº 32 de Madrid ha acordado instruir diligencias previas sobre un posible caso de acoso judicial contra Miguel Angel Gallardo Ortiz, administrador único de CITA, quien el pasado mes de noviembre formuló una denuncia por presunta malversación de fondos públicos en una demanda presentadas contra él por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ante Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
Según la denuncia pública presentada por Miguel Gallardo en el juzgado de guardia de Madrid el pasado 14 de noviembre, en octubre de 2008 el letrado institucional de la UPM Juan Manuel del Valle Pascual y el también letrado asesor de la UPM Miguel Ángel Davara iniciaron una serie de actuaciones contra él y contra CITA ante la AEPD, para reparar el honor de unos catedráticos y de la propia universidad, solicitando las máximas sanciones por supuestas infracciones de la normativa de protección de datos de carácter personal.
Este tipo de actuaciones contra periodistas y medios de comunicación son para las organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa casos de acoso judicial que persiguen la autocensura de los profesionales de la comunicación o la censura de los editores atemorizados por la cuantía de las demandas, que en el caso de la AEPD contra CITA asciende a 300.000 euros, cantidad que la UPM quiso ampliar a 600.000 euros.
La magistrada juez María del Pilar Frutos Sánchez estima ahora que los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, y al no estar determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, considera procedente instruir diligencias previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso procedimiento aplicable.
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