PES.- Jean-François Julliard, secretario general de Reporteros sin Fronteras RSF, ha remitido una carta a las máximas autoridades tunecinas en su calidad de “recientemente electas por voluntad del pueblo, tras un primer escrutinio democrático en Túnez desde hace más de un cuarto de siglo” y garantes por ello “de las experiencias y los aprendizajes de la revolución, que se saldó con la partida de Zine el-Abidine Ben Ali el 14 de enero de 2011”, en la que recuerda la responsabilidad que tienen en consolidar la libertad de expresión y la libertad de información como “parte central del futuro democrático de toda nación”.
Señala RSF que desde hace varios meses, gracias a una oficina establecida en la capital, sigue de cerca la evolución del campo mediático tunecino, tanto en la capital como en las otras regiones, al igual que las dificultades relacionadas con su renovación, en especial en el área audiovisual, y apunta que “las disposiciones legislativas adoptadas recientemente deberían permitir una apertura del sector para que exista un mayor pluralismo”.
Para RSF, si bien existen “algunos avances en el área legislativa y con la creación de nuevos medios de comunicación”, preocupa el hecho de que “la presión sobre los periodistas y los medios de comunicación se ha acentuado durante los últimos meses”.
Argumenta la organización que la violencia policíaca contra dos periodistas el 3 de enero pasado, así como la registrada en los meses de mayo y julio de 2011, es muy preocupante: “Estos actos violentos no dejan de recordarnos los métodos policíacos y de seguridad represivos empleados en una época que todos pensábamos había pasado”, y propone que deberían organizarse, en colaboración con organizaciones de defensa de la libertad de prensa en Túnez, sesiones de sensibilización para las fuerzas del orden sobre el trabajo que hacen los periodistas.
Denuncia RSF la injerencia gubernativa en los medios públicos por los recientes nombramientos de las personas que estarán a la cabeza de los medios de comunicación, anunciados por el Primer Ministro el 7 de enero pasado, porque además de ilegales “constituyen una violación flagrante de la independencia de los medios de comunicación”, y manifiesta esperanza en que “el gobierno dé marcha atrás de forma inmediata y anule el nombramiento de jefes de redacción y de director de información”.
Denuncia también que, aunque la Agencia Tunecina de Comunicación Exterior (la famosa ATCE), congeló oficialmente sus actividades, permanece una estructura destinada a prohibir la distribución de ciertos periódicos en el país, y así, recientemente, dos semanarios franceses, L’Express y Le Nouvel Observateur, no pudieron ser distribuidos en Túnez debido a la publicación de representaciones del Profeta. “Las autoridades deben esclarecer si se estableció, o no, un mecanismo de censura previa, práctica que constituiría el retorno a prácticas tristemente famosas”.
RSF expresa también preocupación por los riesgos que el ascenso del extremismo religioso hace correr a la libertad de prensa en Túnez, al conocerse que movimientos salafistas han recurrido a técnicas de intimidación para desalentar a los periodistas que quieren tratar temas relativos a la religión, sin dudar en ejercer presión sobre los medios de comunicación: “El proceso emprendido en octubre pasado contra la cadena Nessma y su principal accionista por la difusión de la película Persépolis, así como la agresión que el 11 de enero de 2012 sufrió Soufiène Ben Hamida, periodista de la cadena, a quien ya le habían pintado en el auto la palabra infiel, demuestra que los periodistas y los medios de comunicación tunecinos necesitan más que nunca que las autoridades se pronuncien a favor de la libertad de expresión y del derecho de los periodistas de hacer su trabajo sin ser amedrentados”.
Concluye RSF que “hoy más que nunca es momento de que las nuevas autoridades asuman sus responsabilidades frente a todos estos problemas. Deben enviar una fuerte señal a todos aquellos que burlan la libertad de expresión y la libertad de los periodistas de poder informar con toda independencia. Más allá de polémicas, de cuestiones políticas y de convicciones religiosas individuales, la libertad de expresión, como primer aprendizaje de la revolución, debe ser objeto de consenso y ser protegida por todos. Es responsabilidad de todos. Es el punto de partida hacia la libertad. Es el punto de retroceso hacia la dictadura”.
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