Perla Wilson.- La Asociación Mundial de Radios Comunitarias Amarc en Chile se ha adherido a la reclamación hecha por ACCION (Asociación Chilena de ONG) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pide revisar el proyecto de ley que busca sancionar con penas de cárcel actuaciones periodísticas que hasta ahora se beneficiaban de garantías constitucionales y de los tratados internacionales suscritos por Chile.
Amarc en Chile llama la atención especialmente sobre el artículo segundo letra (f) que autorizaría a las fuerzas de orden y seguridad, la consignación y obtención de material gráfico y audiovisual sobre manifestaciones públicas, captado o registrado por medios de comunicación.
Este artículo que modifica el código penal atenta contra la libertad de expresión y su aplicación pone en entredicho el ejercicio de este derecho sustentado tratados internacionales de Derechos Humanos, sostiene Amarc.
Carta de Acción a la CIDH
Señor Santiago Canton
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El sábado 1 de octubre el gobierno de Chile ha anunciado el envío al Parlamento de un proyecto de Ley que busca castigar con penas de cárcel diversas expresiones de protesta social a través de la modificación del Código Penal, lo que a juicio de la sociedad civil atenta gravemente contra las libertades públicas, aumenta la represión y busca impedir las manifestaciones callejeras.
Este proyecto de ley podría conculcar gravemente los derechos de reunión y la libertad de expresión expresión, lo que podría incluso constituir infracciones a los compromisos internacionales que en materia de Derechos Humanos tiene el Estado de Chile y a los derechos y libertades políticas reconocidas en la Constitución.
Este proyecto se presenta además en un contexto de manifestaciones públicas en el que amplios sectores de la sociedad expresan, desde hace 5 meses a través de marchas y tomas de colegios, liceos y universidades, críticas de fondo al sistema de educación pública.
Nos parece que existe la intención de expandir el derecho penal para criminalizar la protesta social más allá de lo que una sociedad democrática puede tolerar y para ilegalizar cualquier forma de expresión de disidencia, otorgando a priori un carácter violento a formas de acción que muchas veces corresponden a prácticas de libertad de expresión y opinión.
De acuerdo a los antecedentes entregados por el presidente de la República Sebastián Piñera y el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a los medios de comunicación, esta Ley contempla penas de entre 541 días hasta tres años de cárcel, a las siguientes acciones:
* Invadir u ocupar ilícitamente inmuebles educacionales, religiosos, de oficinas e industriales, entre otros;
* Impedir o alterar la libre circulación de personas o vehículos en calles y caminos;
* Interrumpir los servicios públicos.
Las manifestaciones ocurridas en Chile cuentan con un amplio respaldo de la ciudadanía e iniciativas como el proyecto de ley mencionado, sólo contribuirán a retroceder en las negociaciones que buscan una salida a las demandas sociales y a generar un clima de criminalización del movimiento estudiantil y de los movimientos sociales en general.
Consideramos que las repuestas a las demandas sociales deben ser enfrentadas con más democracia y más participación. El gobierno, en cambio, está proponiendo medidas de carácter autoritario que sólo contribuirán a agudizar los conflictos y a generar un clima de mayor malestar en la ciudadanía.
Manifestamos nuestra preocupación porque medidas como ésta acentúen un retroceso en nuestro país en materia de derechos humanos. Tal como señala el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile presentado esta semana y elaborado por la Universidad Diego Portales “a las bombas lacrimógenas arrojadas en lugares cerrados -agrega el informe-, los carros lanza aguas disolviendo marchas pacíficas y jóvenes denunciando fuertes golpizas y maltrato, se sumó la presencia confirmada de carabineros de civil haciendo ‘inteligencia’ como infiltrados en marchas estudiantiles, funcionarios aduciendo actuar en legítima defensa cuando no lo hacen, y el asesinato de un joven que se encontraba observando una protesta”.
Expertos y autoridades ya se han pronunciado al respecto. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries sostuvo que “(…) los anuncios gubernamentales nos preocupan porque se inscriben en el marco, por un lado, de la persecución de actos de violencia delictual, y por otro, con derechos y libertades políticas reconocidas en la Constitución”.
Jorge Contesse, director del Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales, planteó que (…) la autoridad que quiere regular estas manifestaciones tiene que hacerlo en forma rigurosa y tiene que regirse por regulaciones contempladas en la Constitución y tratados internacionales. En este contexto, la autoridad política chilena no tiene un acercamiento riguroso a la protesta y legitima por omisión los excesos policiales que en una democracia sólida tendrían una seria contención a nivel de la autoridad”.
Enviamos estos antecedentes para ponerlos en conocimiento del grave anuncio realizado por el gobierno chileno que, a nuestro juicio, vulnera principios del estado de derecho que debe regir en un sistema democrático. Esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que usted preside acoja nuestra denuncia y pueda hacer una advertencia de carácter internacional para evitar que se limiten las libertades públicas en nuestro país y se atente contra nuestra democracia.
Santiago, 4 de octubre de 2011
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escrito por German Schramm L, octubre 21, 2011
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escrito por Juan Evangelista Serrano, octubre 20, 2011
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