Andes.- La embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño, ha enviado a “varios medios de comunicación (quienes) cuestionaron y pusieron en duda la libertad de expresión en Ecuador” una carta en la que exige respetar decisiones del Ecuador contrarias a la libertad de expresión y libertad de prensa.
“En el caso de El Universo, ha sido el poder judicial ecuatoriano (imparcial e independiente) (…) declaró el cometimiento del delito de injurias calumniosas. (…) Estos órganos han sentenciado una infracción penal común, mas no el ejercicio del periodismo como tal”.
Tras explicar los pormenores del caso, Buenaño recuerda en la carta que en Ecuador todos los derechos son de igual jerarquía: “La libertad de expresión no es un derecho absoluto que se erige por encima del derecho al honor de las personas, bajo esta consideración la propia Constitución determina la prohibición de censura previa, pero al mismo tiempo establece la responsabilidad ulterior”, agrega.
“… en el Ecuador todos –no solo los periodistas- pueden expresar lo que deseen, pero cada quien es responsable por lo que expresa”, destaca la misiva.
“Formulo este comunicado como representante de un Gobierno que respeta en lo absoluto los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, no solo del Ecuador sino de todo el mundo, y que en el escenario internacional exige ese mismo respeto a sus decisiones soberanas como la que en este caso ha tomado el poder Judicial del Ecuador ante un delito que afectó la honra de un ciudadano y que se ha juzgado observando las garantías de un proceso justo”, finaliza la carta.
El pasado 16 de febrero, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador calificó como improcedente el recurso de casación (revisión) interpuesto por los abogados de los directivos de diario El Universo.
Con esto, se ratificó la sentencia emitida en julio de 2011 por el juez Juan Paredes en la que se condenó a César, Carlos y Nicolás Pérez (directivos de diario El Universo) y a Emilio Palacio (exeditor de Opinión), a tres años de prisión y al pago de una indemnización económica de 40 millones de dólares por el delito de injurias.
FOT: Eduardo Flores/Agencia Andes. Aminta Buenaño
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