IFEX.- El Comité Mundial de Libertad de Prensa (WPFC por sus siglas en inglés) ha remitido una carta al presidente de Ecuador, Rafael Correa, en la que le insta a despenalizar las leyes de difamación vigentes en el país y a poner en libertad a los periodistas encarcelados bajo esa acusación.
El WPFC, una organización que representa a 45 grupos de libertad de prensa de todo el Mundo, expresa su profundo rechazo al acoso judicial del que son objeto dos periodistas ecuatorianos: Milton Nelson Chacaguasay Flores, actualmente cumpliendo una sentencia de diez meses de prisión, y Freddy Aponte Aponte, quien fue liberado de prisión el 28 de enero tras cumplir tres de los seis meses de su sentencia.
Según la organización, ambos periodistas han sido “víctimas del exorbitante castigo” que las leyes de difamación penal ecuatorianas aplican a supuestos crímenes de opinión y a periodistas injustamente acosados por cumplir con su obligación de informar al público. A resultas de ello, cualquier periodista ecuatoriano se arriesga a ser tratado como un criminal más por el mero hecho de ejercer su profesión. “La existencia de estas leyes que cuelgan una espada de Damocles sobre la libertad de prensa ecuatoriana rechaza de plano el espíritu y la letra de tratados internacionales de los cuales su país es signatario”, señala WPFC a Correa.
Chacaguasay Flores, director del Semanario La Verdad, está cumpliendo una condena de diez meses en presión en el Centro de Detención Provisional de Quito como parte de una sentencia condenatoria de injurias calumniosas interpuesto por el juez Silvio Castillo. Los cargos surgen de un artículo publicado por La Verdad y pagado por terceros en el que se le acusa al juez Castillo de enriquecimiento ilícito.
Freddy Aponte, reportero de la estación Radio Luz y Vida, fue condenado a seis meses de prisión, de los cuales cumplió tres antes de ser liberado, a resultas de una querella por "agresión verbal" interpuesta por el ex alcalde de la ciudad de Loja, José Bolívar Castillo, quien se dio por aludido durante una entrevista en la que supuestamente se le acusó de "ladrón". Pese a que no hay pruebas de que tal palabra se usara en dicha entrevista, y a que el periodista fue absuelto en primera instancia, Aponte eventualmente fue tratado como un criminal más y enviado a la cárcel.
En ambos casos, los condenados insisten en que son víctimas de la venganza de funcionarios públicos a quienes la labor informativa de los periodistas les pareció demasiado incómoda.
Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apoyan el concepto de que los funcionarios públicos deben esperar más, y no menos, escrutinio y críticas del resto de la sociedad. Esta aceptación, con más disposición que cualquier ciudadano normal de ser blanco de los dardos de la crítica de la prensa, también implica que los funcionarios públicos deben cuidarse del uso de estas nefarias leyes de difamación penal para silenciar las críticas dirigidas a ellos.
Igualmente, ambos organismos interamericanos defienden que las leyes de difamación deben pertenecer al ámbito civil, no al penal, ya que los castigos impuestos por éste por supuestos delitos de opinión son exagerados y constituyen un indebido obstáculo a la libre circulación de ideas y al concepto de libertad de prensa.
Los encarcelamientos de Chacaguasay y Aponte dejan claro al resto de los periodistas ecuatorianos que dicha espada de Damocles no es sólo una amenaza sino una potente arma contra la libertad de prensa en su país. Sin una prensa libre e independiente, los funcionarios públicos y los ejecutivos corporativos no pueden mantenerse responsables ante el resto de la sociedad. Sin este ingrediente esencial, la transparencia y la gobernabilidad se hacen imposibles de alcanzar.
Siguiendo estos argumentos, E. Markham Bench, director ejecutivo de WPFC, urge al presidente Correa a tomar “las necesarias medias legislativas para poner en marcha un proceso de despenalización de las leyes de difamación, calumnias e injurias que permita al periodismo ecuatoriano cumplir con su cometido libremente y sin obstáculos antidemocráticos”.
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