PES.- Casi 400 trabajadores de medios de comunicación recibieron a lo largo de los últimos doce meses amenazas o sufrieron ataques, y al menos 13 periodistas murieron a manos de agresores no identificados. Más de la mitad de estas muertes se produjeron en México, seguido de Honduras, Colombia y Brasil. En muchos casos las víctimas pudieron ser escogidas por intentar sacar a la luz la corrupción o las relaciones entre funcionarios y redes de delincuentes.
Según el informe anual de Amnistía Internacional sobre la región, en países como México o Colombia la labor de los periodistas continúa poniendo en riesgo su propia vida. El número de amenazas y ataques contra la prensa cada vez es más numeroso. Los ataques contra medios de comunicación durante 2011 en México ponen de relieve la ausencia de medidas de las autoridades para proteger a los periodistas de una oleada de intimidación y violencia a manos de bandas delictivas armadas.
En Colombia, los defensoras y defensoras de derechos humanos siguen viendo limitada su libertad de expresión. Un ejemplo, entre otros, es la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que sigue sufriendo ataques por las fuerzas de seguridad por querer mantenerse al margen del conflicto armado.
En Nicaragua, tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado mes de noviembre, se produjeron altercados entre las personas simpatizantes y detractoras del presidente Daniel Ortega, en los que al menos cuatro personas murieron y decenas resultaron heridas. La policía no actuó para garantizar el derecho de unos 30 jóvenes activistas a manifestarse contra Ortega en el exterior de la Universidad Centroamericana, en Managua, cuando, al parecer, fueron amenazados y agredidos por jóvenes simpatizantes del FSLN.
En Cuba se se sigue vigilando, y en ocasiones bloqueando, el contenido de Internet y su acceso. La policía y los agentes de seguridad del Estado siguen intimidando y hostigando a periodistas independientes, decenas de los cuales son detenidos y encarcelados para ser liberados días o semanas después sin cargos ni juicio. Muchos de los detenidos denuncian que son presionados para que dejen de participar en actividades disidentes, como manifestaciones contra el gobierno o el envío de informes a medios de comunicación extranjeros. Además, los medios de comunicación se encuentran todavía bajo control del Estado, lo que impide el libre acceso a fuentes de información independientes.
En Venezuela, a los medios críticos con el gobierno del presidente Hugo Chávez se les continúa negando la licencia para operar o poniendo todo tipo de trabas para el ejercicio de su trabajo. El pasado mes de octubre, el organismo regulador de las telecomunicaciones, Conatel, multó a Globovisión con el equivalente a dos millones de dólares estadounidenses por presunta infracción de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos. Globovisión está acusada de “apología del delito” y de demostrar “odio e intolerancia por razones políticas” en su cobertura de la represión de los disturbios ocurridos en junio en la masificada cárcel de El Rodeo, a las afueras de Caracas, en los que murieron 37 personas. Amnistía Internacional lleva mucho tiempo recibiendo informes sobre intimidaciones y amenazas dirigidas en los últimos años contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación venezolanos debido a su trabajo.
En la República Dominicana, el 2 de agosto el periodista televisivo José Silvestre fue asesinado. Él había estado informando sobre cuestiones relacionadas con el narcotráfico, en las que dio a entender que estaban involucrados empresarios y funcionarios antidroga. El gobierno no está garantizando la protección de los periodistas. Por otra parte, en el país al menos siete cadenas de televisión y emisoras de radio tuvieron que cerrar temporalmente o sufrieron el bloqueo de su señal de transmisión antes de las elecciones de mayo de 2010.
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