RJClaudín.- El criminólogo Miguel Ángel Gallardo Ortiz, colaborador de Periodistas-es, enfrenta una demanda de 300.000 euros presentada por unos catedráticos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que puede acabar con su carrera profesional y la de su empresa de investigaciones, CITA, aunque el Tribunal de Cuentas le ha abierto una puerta a la esperanza al citarle el próximo 14 de julio para que aporte pruebas de que en España se producen casos de acoso judicial pagados con fondos públicos.
En octubre de 2008 la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) presentó una demanda por 300.000 euros de cuantía por el honor de los catedráticos, ambos con dedicación completa, Rafael Aracil Santonja, perito desde hace 10 años de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y Ramón Álvarez Rodríguez, perito de BOLIDEN en el juicio por la responsabilidad civil de la catástrofe medioambiental de la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, quien además, ha ocupado dos cargos de dirección, primero como subdirector del centro tecnológico y doctorado, y después como subdirector de asuntos económicos de la Escuela de Minas de la UPM.
En ambos casos, lo que realmente se pretende, explicaba el propio Miguel Gallardo en un artículo publicado en PES el 19 de julio de 2010: Demandas por el honor de ricos y poderosos silenciando cuanto les molesta: Estrategias defensivas, es eliminar cualquier crítica sobre la moralidad, legitimidad y legalidad de sus peritajes para partes litigantes en los que utilizan no solamente su propia imagen, sino la de una institución pública, para hacer más creíbles sus argumentaciones.
Pero no es este el único caso en el que Miguel Gallardo ha intervenido en defensa de una ética pública que sostiene que las demandas presentadas por cargos públicos o funcionarios que pretenden proteger derechos privadísimos no pueden estar financiadas con fondos públicos ni pueden firmarlas letrados funcionarios públicos. Cuando lo hacen, explica Gallardo, “se están malversando las costas judiciales, y se está pagando en especie a los cargos públicos o funcionarios, tanto como si los letrados institucionales presentaran una demanda de divorcio. El honor, la intimidad y la propia imagen son derechos privadísimos que no pueden defenderse demandando institucionalmente”.
En busca de clarificación legal, Gallardo se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado (FGE) y Unidad de Apoyo, y al representante de la Comisión Europea en Madrid, informando de que ha iniciado dos procedimientos ante la DG de Justicia de la Comisión Europea para que se investigue el uso de recursos públicos, especialmente de funcionarios o empleados públicos letrados institucionales o servicios técnicos jurídicos que demandan pidiendo dinero como indemnización por supuestos daños al honor de cargos electos o funcionarios públicos, así como por actuaciones de agencias de Protección de Datos que impidan dar y recibir información veraz sobre actuaciones de funcionarios públicos en vistas públicas: “Si las demandas prosperan, el lucro del funcionario demandante y las costas de sus letrados institucionales arruinan a empresas y personas físicas, y si no, pretenden, y pueden conseguir, que las costas las pague el erario público. No conocemos ningún otro país de Europa en el que los recursos públicos y letrados institucionales sirvan para amedrentar a quien publica información veraz pidiendo dinero o sanciones por publicar datos con notoria relevancia pública e interés general como sí ocurre en España”, sostiene ante ambas instituciones.
Aclara también que ha buscado en las últimas memorias de la FGE y en las circulares y otros documentos que se publican sin encontrar ninguna referencia sobre el criterio del Ministerio Público en las demandas civiles por el honor de cargos y funcionarios públicos en las que piden importantes cuantías por letrados institucionales o privados pagados con fondos públicos, y que “al encontrar actitudes tan dispares entre fiscalías como las de Castellón y Madrid, y no encontrar nada que haga predecible la posición de los fiscales en juzgados de primera instancia en los que funcionarios y cargos públicos demandan por supuestos daños al honor, entendemos que la fiscalía no tiene criterio ni orientación ni límites ni obligación alguna, por lo que parece que cada fiscal puede actuar libremente”.
Criterios políticos
En el ámbito político también ha intervenido Miguel Gallardo, al detectar numerosas demandas civiles por el honor de alcaldes u otros cargos públicos cuyas costas han intentado pagar con fondos públicos, y precisamente el pasado 13 de mayo, en plena campaña electoral, Miguel Gallardo se dirigió por carta a Ana Mato (PP) y Marcelino Iglesias (PSOE) para pedirles el criterio de cada partido sobre querellas y demandas civiles pagadas con fondos públicos o en las que participen algún letrado o servicio jurídico institucional o empleados públicos o abogado y procurador pagados con fondos públicos, al conocerse que Esperanza Aguirre y Guillermo Fernández Vara habían amenazado a sus opositores Tomás Gómez y José Antonio Monago, en Madrid y Extremadura, con querella y demanda civil, respectivamente, para defender su honor, que siempre, recordaba, “será un derecho personal, particular y privadísimo”.
Recordaba Gallardo a ambos políticos que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Castellón pidió 3 años y medio de cárcel para el alcalde de Burriol por hechos iguales a otros en Santa Brígida, Calatayud, Arroyomolinos, Galapagar, Móstoles, Alcázar de San Juan, Fuengirola y otros municipios en los que los alcaldes “utilizan fondos públicos para demandar a políticos de la oposición, y lo que es peor aún, a periodistas”.
Mientras los principales partidos políticos no tengan un criterio será inevitable la judicialización de la vida política, afirmaba Gallardo, quien desconfía, y recomienda desconfiar, “de todo cargo o candidato que pretende defender su honor con pólvora del rey”.
Tribunal de Cuentas: una instancia pública que puede aportar criterio
Para conseguir un pronunciamiento público sobre estas materias, Miguel Gallardo denunció ante el Tribunal de Cuentas del Reino de España la presunta malversación de las costas judiciales solicitando su enjuiciamiento contable y el reintegro por alcance de manera que fuesen los funcionarios demandantes y no una institución pública quienes tengan que pagar las costas de los juicios, de su propio bolsillo. El Tribunal de Cuentas, por auto de la consejera de cuentas Ana María Pérez Tórtolas abrió las Diligencias A147/2009, en las que consta que se ha nombrando, con fecha 15 de abril de 2010, a la Delegada Instructora Esperanza García Moreno para la actuación previa 64/10 con la Auditora Técnica Marta García Cañada, pero desde ese nombramiento no constaba actuación alguna de ningún tipo.
Hasta que este 6 de junio de 2011 Miguel Gallardo ha recibido una notificación del Tribunal de Cuentas para que alegue y aporte documentos que evidencien el uso de fondos y recursos públicos, en especial, de letrados institucionales y servicios jurídicos que demandan civilmente por supuestos daños al honor de funcionarios públicos, y peritos privados. Gallardo nos ha enviado hoy una comunicación en la que expresa su voluntad de dar la máxima publicidad a este asunto e invita a todos los periodistas que alguna vez han sido demandados, o amenazados con ser demandados, por servicios jurídicos de cualquier institución pública, a tomar conocimiento de estas actuaciones y aportar datos documentados de otros usos de servicios jurídicos de instituciones públicas para demandar a particulares o a empresas por supuestos daños al honor.
Dimensión internacional
Dada la dimensión que puede tomar este caso en España, Miguel Gallardo se ha dirigido al embajador representante en la Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas (ONU), Juan Pablo de Laiglesia, para que considerando la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, y en especial, las finalidades de su art. 1 y la definición de “funcionario público” del art. 2 a), contemplen la posibilidad de asignar un observador para seguir todas las actuaciones que se produzcan.
También está buscando que organizaciones internacionales que defienden la libertad de expresión, la transparencia pública, el derecho de acceso a la información o luchan contra la corrupción, puedan designar observadores para seguir la causa, como lo han hecho, por ejemplo en la demanda presentada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, contra El Universo.
Casos cercanos
En nuestro caso, en Periodistas-es tenemos pendiente una petición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Madrid, que nos pide los datos identificativos del periodista redactor de un artículo sobre el despido en la entidad de gestión de los artistas plásticos en España, Vegap, del escritor y periodista Víctor Claudín, también colaborador en el área de Cultura en Periodistas-es, por promover elecciones sindicales. En ese artículo se responsabilizaba a la alta dirección de Vegap de actuar totalitariamente y no consentir que se ponga en duda su eficacia, su organización y su talante democrático, y ahora unos abogados pagados con dinero de los derechos de autor defienden el honor de esa dirección.
Pero también tenemos reciente el caso de la demanda del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, contra el diario Público, al que reclamaba 600.000 euros por diversas informaciones publicadas en el diario que consideraba "una intromisión ilegítima en su derecho al honor". El problema de González es que en vez de pagarse un abogado ordenó al letrado de la Comunidad de Madrid que le llevara el caso, y la jueza le obligó primero a renunciar al letrado de la Comunidad al ser un asunto privado y posteriormente le ha condenado a pagar las costas procesales, según una sentencia notificada a las partes el pasado miércoles 18 de mayo.
Y vienen a la memoria otros casos que deberemos ir enlazando con esta información a medida que podamos documentarlos o que los lectores puedan aportar datos concretos relacionados con este listado de referencias de Miguel Gallardo:
- www.miguelgallardo.es/fge.pdf
- www.miguelgallardo.es/europeo.pdf
- www.miguelgallardo.es/onu.pdf
- www.miguelgallardo.es/mexicano.pdf
- www.miguelgalardo.es/demandantes.pdf
- www.miguelgallardo.es/magiar.pdf
- www.miguelgallardo.es/autocontratado.pdf
- www.miguelgallardo.es/hacienda.pdf
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Es una vergüenza este tipo de situaciones