Ileana Alamilla

El hambre y la pobreza son predominantemente rurales, y es esa población, que produce el alimento, la que sufre desproporcionalmente esa dramática situación. En un mundo en donde se produce más que suficiente para alimentar a la población del orbe, más de 700 millones de personas que viven en áreas rurales continúan padeciendo de hambre. Esta es parte de la introducción del Informe presentado en febrero pasado por el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, encargado de elaborar un proyecto de declaración sobre los derechos de los campesinos, el cual concluye que agricultores y otras personas que trabajan en áreas rurales forman parte de las poblaciones más discriminadas en muchas partes del mundo.

Uno de los ejemplos que cita el informe es el caso de Guatemala, en donde la generalidad de tierras fértiles forma parte de grandes plantaciones, mientras que la mayoría de pequeños campesinos e indígenas se ve obligada a cultivar en las regiones montañosas. El hambre y la desnutrición en Guatemala están íntimamente ligadas a la cantidad de tierra poseída; esas personas viven en microparcelas. Esa gran desigualdad incide sustancialmente en que esta parte de la población se encuentre en la pobreza.

El análisis del Comité también llama la atención sobre la necesidad de reformas agrarias y de políticas de desarrollo rural para la protección de los campesinos. Estas medidas, dice, son exitosas si buscan reducir las inequidades y la distribución de la tierra, pero deben ser acompañadas por otros accesos, incluyendo agua, semillas, créditos, transporte, servicios e infraestructura.

El análisis cita ejemplos exitosos de reforma agraria en Japón, Corea, Taiwán, China y Cuba, que han tenido impactos importantes en la reducción de la pobreza y del hambre, lo que ha repercutido en el crecimiento de la economía. En la India, los estados que lograron reducir la pobreza de 1958 a 1992 fueron los que impulsaron reformas agrarias.

Las políticas públicas para el desarrollo rural bien formuladas son también esenciales para garantizar los derechos de las personas del área rural. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, el apoyo a la agricultura ha decaído dramáticamente. Muchos países subdesarrollados fueron presionados por el FMI y el Banco Mundial para reducir su apoyo al campesinado y para liberalizar la agricultura.

El Consejo también formuló una declaración de derechos de los trabajadores del área rural. Actualmente se está cabildeando una resolución para establecer un grupo de trabajo intergubernamental para presentar a dicho consejo un proyecto de declaración sobre estos derechos. Entre los países que auspiciaron esta iniciativa se encuentra Guatemala.

Carla Rodríguez, embajadora guatemalteca en Ginebra, dijo que esta decisión responde a la acción coherente de la política exterior con las prioridades en materia de política pública en el país.

La Ley de Desarrollo Rural y el impulso de la política serían avances en esta materia. Ojalá no se sigan boicoteando, buscando pretextos o exigencias incumplibles, pues resolver esta problemática es de urgencia nacional.

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