PES.- “Casi 30 años después, los campesinos de Chungui, en la zona andina de Ayacucho, recibieron los cuerpos de sus familiares asesinados entre 1984 y 1985 por el ejército y el grupo armado maoísta Sendero Luminoso. En pequeños ataúdes blancos, los campesinos recogieron los huesos de sus parientes asesinados. Han sido 78 los cuerpos exhumados hasta el momento en Chungui, pero en las fosas localizadas en esta zona andina hay un total de 114 víctimas.”, escribe en su crónica desde Lima, Carlos Noriega, corresponsal del diario argentino Página 12.
Según ha informado Amnistía Internacional (AI) de Perú el sábado 26 de enero de 2013, los cuerpos fueron desenterrados de fosas comunes y entregados a sus familiares por las autoridades judiciales. "Alguien es responsable por las personas desaparecidas de Chungui. La desaparición forzada constituye una violación de derechos humanos, pero frecuentemente los responsables eluden la acción de la justicia", ha manifestado Juan Carlos La Puente, director de AI en Perú. Los 78 campesinos se encontraban en situación de desaparecidos desde 1983. Indicios aportados por familiares y por organismos de derechos humanos permitieron encontrar las fosas comunes cercanas a cinco comunidades del distrito de Chungui, donde el equipo forense de Ayacucho exhumó los restos.
Treinta años más tarde, algunas familias de las comunidades campesinas de Chungui pueden velar y enterrar a sus muertos; algunas solamente, porque según el informe final de la Comisión Verdad y Reconciliación (CVR), publicado en 2003, el ejército primero y Sendero Luminoso después asesinaron aproximadamente a 1380 personas en esa zona, y el total de las víctimas estimadas en todo el país, en aquella guerra cruel, fue según la CVR de 69.000.
“Solamente 68 cuerpos pudieron ser entregados a sus familiares, los otros diez no han sido identificados…. Entre los restos exhumados había dos fetos, lo que revela que dos mujeres fueron asesinadas estando embarazadas”, apunta Noriega. El caso de Chungui es un ejemplo dramático de la situación de los campesinos, entre dos fuegos, durante la guerra interna peruana de los años años 1980-1990. Según la CVR, las dos terceras partes de las víctimas de aquella contienda cruel fueron campesinos indígenas, como los de Chungui. La misma CVR denunció al mayor retirado Pedro Baca Doig, quien fue jefe político-militar en Chungui en 1984-85, y al dirigente senderista Oscar Ramírez Durand, jefe de la zona en aquellos años -condenado a cadena perpetua y encarcelado actualmente-, como responsables de los asesinatos de los 114 campesinos localizados hasta el momento en las fosas comunes: 98 corresponderían a asesinatos llevados a cabo por el ejército y los 16 restantes a Sendero Luminoso.
“La lentitud con la que avanza el caso Chungui se repite en otros casos de violaciones a los derechos humanos”, señala Noriega en su crónica. Aunque el exdictador Alberto Fujimori (presidente de Perú en los años 1990-2000, exiliado después voluntariamente y extraditado en 2005 desde Japón) ha sido condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad (también tienen otras condenas por blanqueo de dinero y desvío de fondos para pagar a periodistas y diputados de la oposición, aunque no las cumplirá nunca porque en la legislación peruana no se acumulan las condenas y se cumple solamente la mayor de ellas), lo mismo que han sido condenados los miembros del destacamento del ejército Colina, “que durante el gobierno de Fujimori operó como un escuadrón de la muerte”, la mayoría de casos de violaciones de los derechos humanos, incluyendo matanzas masivas de campesinos, siguen sin sanción.
“Es el caso, por ejemplo, del asesinato de una treintena de campesinos en la comunidad de Cayara en Ayacucho en 1988, durante el primer gobierno de Alan García. El año 2008 se encontraron fosas comunes con más de cien cuerpos de campesinos asesinados en 1984 por el ejército en la comunidad de Putis, Ayacucho, pero el proceso abierto por este caso no ha podido avanzar porque el ejército se niega a entregar información del personal militar que estuvo en ese momento destacado en la base de Putis. El juicio por los asesinatos cometidos en los años ’80 en el cuartel militar Los Cabitos, en Ayacucho, que fue un centro de torturas y ejecuciones extrajudiciales, donde se han encontrado fosas comunes con más de cien cuerpos, avanza lentamente” y sólo hay siete oficiales procesados.
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Asi piensan los subditos espanoles, favor de mirarse hacia dentro, tienen mucho donde rascarse.
