Adital.- En España, no existe una ley que de manera integrada regule la acción del Estado frente a la violencia de género en sus diversas formas. La afirmación es de Amnistía Internacional (AI), que ha publicado el documento "España: Una vida sin violencia para mujeres y niñas", en el que analiza la violencia de género y la trata de personas en el país.
La entidad afirma que España no ha dispuesto de un plan de acción para combatir la violencia y la trata de mujeres en respuesta a una de las conclusiones del informe: "la violencia sexual contra mujeres y niñas no ha motivado una acción de carácter integral en materia legislativa ni se disponen de medidas orientadas por objetivos recogidos en planes".
Según Amnistía, hay sólo un plan estatal en respuesta a la trata de mujeres y niñas. España creó en 2009 el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual. Sin embargo, no hay ninguna legislación estatal de combate a la trata.
AI reconoce el plan, pero afirma que no dispone medidas contra la trata con otros fines que no sean de explotación sexual. Además, el plan "carece de un calendario de puesta en práctica, no contiene un informe público sobre previsión económica desagregada por objetivos y acciones, no desarrolla medidas en materia de identificación de las víctimas, condiciona el acceso de las víctimas a las medidas de atención y protección a la interposición de la denuncia".
Aunque España sea un de los países de Europa que más víctimas de la trata en el mundo recibe, la nación no tiene proyectos que reduzcan los daños. En mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) condenó al gobierno español por no aplicar la directiva 2004/81/CE del Consejo de 29 de abril, de la Unión Europea, que garantiza un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal que cooperen con las autoridades competentes.
El plazo estipulado por Unión Europea para la adopción de la ley había vencido el 6 de agosto de 2006. La Corte recusó el argumento español de que el retraso obedecía a la celebración de elecciones generales en marzo de 2008 y a una reestructuración de los departamentos ministeriales.
Con relación a la violencia sexual contra mujeres y niñas, la situación se muestra aún más grave. El Estado español no presenta ninguna legislación estatal a respecto de esto, ni un plan de acción en respuesta.
El cuadro parece peor cuando comparamos las acciones de España acerca de la violencia de género en relaciones de pareja y ex pareja. Ese tipo de violencia ya puede ser reprimida con la Ley Orgánica 1/2004, que garantiza medidas de protección integral frente a la violencia de género.
El documento "España: Una vida sin violencia para mujeres y niñas" esta disponible en
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