PES.- El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH para México, Rodrigo Escobar Gil, valora el compromiso anunciado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa de dar pleno cumplimiento en lo que resta de su mandato a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México CIDH en los casos Campo Algodonero; Rosendo Radilla; Inés Fernández Ortega; Valentina Rosendo Cantú; y Cabrera García y Montiel Flores.
La Relatoría para México de la CIDH hizo una visita de trabajo a México entre el 26 y el 30 de setiembre de 2011. La delegación estuvo integrada, además de por el Relator, por la coordinadora de la Región Mesoamérica, Isabel Madariaga, y la especialista en derechos humanos Fiorella Melzi.
En un comunicado de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, además de valorar el compromiso de Felipe Calderón de cumplir las sentencias CIDH, reconoce los “importantes esfuerzos” del Estado para alcanzar soluciones amistosas de casos en trámite ante la Comisión. Durante la visita se celebraron seis reuniones de trabajo sobre casos y medidas cautelares en trámite ante la Comisión y una medida provisional en trámite ante la Corte, en las que se alcanzaron avances significativos.
Asimismo, se celebraron reuniones con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y con el Representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, Javier Hernández Valencia.
En su comunicación, la Relatoría de la CIDH destaca los avances legislativos registrados en materia de derechos humanos en México. En primer lugar, la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011, que eleva a rango constitucional los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por México los que establecen, entre otras cosas, la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, el criterio orientador adoptado por la Suprema Corte de Justicia el 12 de julio de 2011 respecto de la restricción del fuero militar en los casos en que elementos de las fuerzas armadas cometan violaciones a los derechos humanos.
El relator cita asimismo la reforma al amparo publicada el 6 de junio de 2011, en la que destaca, entre otras, la posibilidad de interponer el recurso de amparo cuando se considere que fueron violados no sólo derechos garantizados en las leyes, sino también en tratados internacionales ratificados por el Estado de México.
Sin perjuicio de los avances señalados, Rodrigo Escobar Gil expresa su profunda preocupación por la grave situación de derechos humanos que afecta al pueblo mexicano principalmente asociado con la situación de inseguridad que atraviesa el país. Esto se suma a los problemas que la Comisión ha dado seguimiento desde hace décadas, como es la situación de las personas privadas de la libertad; la existencia de la práctica de torturas; las falencias al debido proceso; la violencia y discriminación contra las mujeres; la exclusión social de los pueblos indígenas; la situación de las niñas y los niños sometidos a trabajo infantil; la situación de las personas institucionalizadas con discapacidades mentales; la situación de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI), entre otros temas.
El relator recibió en la visita a México información que indica que muchos de los asesinatos, secuestros, extorsiones, desapariciones, tráfico de drogas y tráfico de personas atribuibles al crimen organizado, en algunos casos habrían contado con la participación de elementos corruptos pertenecientes a la policía y órganos del Estado, lo que les habría facilitado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos propiciándose la impunidad.
Además, el Relator observa con profunda preocupación el aumento de denuncias por hechos de desaparición forzada. Según el registro llevado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, habría más de 5.000 denuncias de personas desaparecidas, sin contar el alto número de personas desaparecidas sobre las cuales no se presentan denuncias. Asimismo, se recibió información sobre la ausencia de una respuesta estatal rápida y eficiente ante esta situación al no existir mecanismos de búsqueda efectivos, no haber investigaciones oficiales y no existir programas de asistencia a las víctimas.
En este contexto de violencia, la CIDH continúa preocupada por los altos niveles de violencia contra periodistas y comunicadores en México. En 2011 han sido asesinados 13 comunicadores por razones que podrían estar asociadas con el ejercicio de la libertad de expresión. Sumado a los asesinatos y desapariciones, también persisten graves atentados, agresiones y amenazas contra comunicadores y medios de comunicación. Hay zonas de México en las cuales los periodistas se encuentran sometidos a una fuerte intimidación originada fundamentalmente por grupos de delincuentes. Este fenómeno genera la autocensura de muchos medios de comunicación, limitando el periodismo de investigación.
En consecuencia, la CIDH urge nuevamente al Estado mexicano a fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle), trasladar a la justicia federal las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que se requiera, e implementar de forma urgente los mecanismos de seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de las y los periodistas amenazados, tal como lo recomendó la CIDH en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010.
En relación a la información sobre la militarización de la seguridad ciudadana, la Comisión Interamericana reitera su preocupación ante la participación de las fuerzas armadas en tareas profesionales que, por su naturaleza, corresponden exclusivamente a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos.
Asimismo, la Comisión reitera su preocupación sobre la existencia de la figura del arraigo, contemplada en la Constitución de los Estados mexicanos, que faculta a la autoridad judicial para decretar el arraigo de una persona por un período de 40 días, prolongable a 80 días, sin acusación formal y que se utilizaría en el ámbito federal para casos de crimen organizado y en el orden estatal se habría extendido a delitos de distinto orden. A este respecto, el Relator valora que el Estado de Chiapas haya derogado la figura del arraigo e insta al Estado de México a que elimine o adecue esta figura conforme a las garantías de la libertad personal y del debido proceso establecidas en los estándares internacionales de derechos humanos.
En otros problemas relacionados con los DDHH, la Relatoría anotó una situación grave de corrupción en los centros carcelarios que facilita la comisión de delitos de extorsión y tráfico de armas, drogas y personas, entre otros. En particular, el Relator fue informado que habrían casos de trata de mujeres privadas de libertad al interior de los Centros de Reclusión en el Distrito Federal.
También es causa de profunda preocupación la situación de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias por la grave situación de seguridad que viven, tanto extranjeros como mexicanos, en su tránsito por México, víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros y violaciones sexuales.
Respecto de la situación de defensores de derechos humanos, la CIDH valora la expedición por parte del gobierno de México del "Acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos" que entró en vigor el pasado 8 de julio de 2011, y que constituye “un importante paso para la coordinación de las autoridades públicas involucradas en la protección de las defensores y defensores”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
La delegación sostuvo en México reuniones con el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza y los ministros Arturo Zaldívar Lelo Larrea y Sergio Salvador Aguirre Anguiano; la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibañez; el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora; el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plascencia y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo y sus respectivos equipos de trabajo.
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