PES.- Las víctimas de agresión sexual en Washington DC no reciben la respuesta eficaz que merecen y deben esperar por parte del Departamento de Policía Metropolitana (Metropolitan Police Department, MPD) de ese distrito, señala Human Rights Watch (HRW) en un informe. A menudo, los casos de agresión sexual no se documentan o investigan adecuadamente y las víctimas reciben un trato insensible y traumático que no condice con la política oficial del departamento.

El informe de 196 páginas, “Delito Capital: respuesta policial deficiente ante casos de agresión sexual en el Distrito de Columbia” (Capitol Offense: Police Mishandling of Sexual Assault Cases in the District of Columbia), concluye que en muchos casos de agresión sexual la policía no generó informes sobre los incidentes, un paso que resulta necesario para iniciar una investigación, o clasificó erróneamente las agresiones sexuales como delitos de menor gravedad o de otra naturaleza. HRW también comprobó que en algunos casos presentados por la policía a los fiscales para obtener una orden de detención, la investigación había sido tan deficiente que los fiscales se veían obligados a rechazar los pedidos, y que se invocaban formalidades de procedimiento para cerrar casos tras una investigación muy elemental. El Alcalde y la legislatura de la ciudad deberían crear una unidad independiente encargada de vigilar el desempeño del departamento de policía ante denuncias de agresión sexual, indica HRW.

“El asalto sexual es el delito que menos se denuncia en Estados Unidos, en gran parte debido a que muchas víctimas temen que sus casos no sean evaluados seriamente y que la policía no crea su versión de los hechos”, asevera Sara Darehshori, asesora legal sénior del Programa sobre EEUU de HRW y autora del informe: “Lamentablemente, para algunas víctimas de la capital que tuvieron la valentía de contar lo sucedido y denunciaron la agresión, ese temor se hizo realidad”.

En el transcurso de 22 meses de una investigación, HRW efectuó 150 entrevistas con personas que sobrevivieron a hechos de agresión sexual, grupos comunitarios, defensores de víctimas, personal de centros de salud y asesores universitarios, entre otros. Asimismo, HRW recabó documentos de cuatro organismos gubernamentales y examinó más de 250 expedientes de investigaciones internas sobre casos de abuso sexual en la sede central del MPD. HRW también investigó la base de datos interna del MPD, el Sistema de Información sobre Inteligencia Criminal del Área de Washington (Washington Area Criminal Intelligence Information System, WACIIS), para intentar dar con los informes faltantes.

La revisión de los expedientes de investigación fue una de las condiciones que se establecieron en un acuerdo extrajudicial suscripto en el marco de una demanda interpuesta por HRW después de que el MPD no proporcionara una serie de documentos solicitados en virtud de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act).

HRW inspeccionó todas las fechas de las denuncias sobre agresión sexual efectuadas en el Washington Hospital Center, adonde son trasladadas las víctimas de agresión sexual para que se sometan a pericias forenses, y las comparó con las fechas de investigaciones sobre este tipo de agresiones iniciadas por el departamento de policía entre octubre de 2008 y septiembre de 2011. Más de 200 casos, es decir, más del 40 por ciento de los casos examinados, parecían no haber sido nunca documentados ni investigados adecuadamente.

Algunas víctimas de agresión sexual contaron a HRW que habían recibido un trato hostil por parte de policías que, según dijeron, cuestionaron abiertamente su credibilidad y minimizaron la gravedad de la experiencia sufrida. HRW también verificó los expedientes de estos casos.

“Escucharlo decirme que no me creía fue como recibir una bofetada en el rostro”, señaló a HRW una víctima de violación sexual. “Me quedé sin aire. ¿Qué se supone que debes hacer cuando el policía te dice que no te cree?”.

HRW concluyó que los problemas documentados en el informe no se deben, en su mayoría, a la política oficial del departamento. Por el contrario, en muchos casos los detectives desobedecían la política del departamento. Y si bien en los últimos años el MPD ha modificado en varias oportunidades los procedimientos para casos de agresión sexual, muchos de los problemas identificados por Human Rights Watch subsistían luego de que se implementaron las primeras reformas en 2008.

En un sentido más general, indica HRW, la clave del problema no tiene que ver con la política sino con que la policía no responde con suficiente seriedad y sensibilidad a las denuncias de agresión sexual.

“Las políticas de la policía no son el verdadero problema, sino la práctica policial en sí”, señala Darehshori: “Asegurar que las reformas se lleven efectivamente a la práctica depende de la existencia de un control externo y del compromiso continuo de las autoridades para cambiar la cultura que prevalece en el departamento”.

Hasta que eso suceda, sostiene HRW, es muy probable que el MPD continúe respondiendo en forma inadecuada a los casos de agresión sexual, se agrave la consternación sufrida por numerosas víctimas y que otros directamente desistan de denunciar sus experiencias. A su vez, los agresores quedarán impunes.

HRW señala también que no todos los detectives tratan a las víctimas de manera inadecuada y, tal como ha sido señalado por miembros del personal de salud y por fiscales, algunos detectives que tratan a las víctimas con consideración posiblemente no reciban el reconocimiento que merecen. No obstante, la magnitud de las observaciones indica que en la institución existe una arraigada tolerancia frente a conductas indebidas y muestra que no se brinda capacitación suficiente a detectives de la unidad de delitos sexuales.

Desde que fue informado sobre las conclusiones del informe el 30 de mayo de 2012, el MPD ha implementado varias recomendaciones propuestas por HRW, y se iniciaron cambios en la política destinados a incrementar la supervisión de los detectives. También se han incorporado nuevos miembros a las unidades de agresión sexual y atención a víctimas. Se trata ciertamente de medidas positivas, afirma la organización.

Human Rights Watch ha mantenido informado al MPD sobre el estado de la investigación y las conclusiones durante más de 20 meses, incluidas dos cartas enviadas en mayo y diciembre de 2012 donde se describieron en detalle tales hallazgos, además de varias reuniones. El 17 de enero también entregó al departamento una copia completa del informe antes de su difusión, junto con una carta y un documento informativo donde se analizan en detalle diversos comentarios críticos efectuados por la Jefa de Policía Cathy Lanier acerca de la investigación de HRW.

Control independiente

Para asegurar que todas las denuncias de agresión sexual se investiguen adecuadamente y que las víctimas reciban un trato digno, el Alcalde y la legislatura de la capital deberían crear un organismo veedor independiente.

Esta entidad debería controlar que los detectives y agentes de policía reciban capacitación adecuada para entrevistar a víctimas de sucesos traumáticos, que se investiguen adecuadamente las denuncias de agresiones y que los detectives que no observen las políticas o sean denunciados en varias ocasiones deban rendir cuentas por su actuación y se disponga su traslado. En Filadelfia se ha aplicado un mecanismo similar con éxito durante una década, luego de que trascendiera que los casos de abuso sexual a menudo no se catalogaban adecuadamente.

“Tratar a las víctimas con respeto y dignidad cuando denuncian una agresión sexual a la policía puede ser trascendental para la recuperación de la víctima”, indicó Darehshori. “Se trata de un objetivo que debe ser compartido con víctimas y defensores por quienes han dado juramento de que protegerán y servirán a la comunidad”.

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