PES.- Access Info Europe tendrá que pagar 3.000 euros por preguntar cuáles son las medidas que España está implementando para luchar contra la corrupción, según una sentencia del Tribunal Supremo que cierra un caso que comenzó en 2007 por el silencio administrativo del gobierno ante esta cuestión.

Según Access Info Europe, el Tribunal Supremo argumenta que la información solicitada por la ONG sobre el cumplimiento de España con las obligaciones impuestas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es en realidad una forma de pedir explicaciones al gobierno y no una solicitud de información en sí. El Tribunal no se pronuncia sobre la alegación principal, que es la violación del derecho de acceso a la información, reconocido internacionalmente como un derecho fundamental.

“El problema es que la Administración no llega a contestar a Access Info Europe, lo que obliga a la organización a acudir a la vía judicial, una vía lenta y costosa para todos pero especialmente las ONG, para poder seguir con su trabajo”, comenta Enrique Jaramillo, abogado defensor de Access Info Europe en este caso.

“El Tribunal Supremo reconoce que la Administración incumple con su obligación de contestar, escudándose en la figura del silencio administrativo, y condena en costas a quien reclama amparo judicial con una sentencia que ni siquiera entra en el fondo del asunto”, explica Jaramillo, y añade que “el riesgo de tener que pagar costas es un desincentivo enorme para el ciudadano y hace menos probable que alguien decida impugnar judicialmente la falta de respuesta a una solicitud de información.”

Según el seguimiento que Access Info ha efectuado desde 2006 en España, el nivel de silencio administrativo en la solicitudes de acceso a la información a instituciones españolas es de media de un 50%.

España, en el marco de sus obligaciones como país firmante de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC), debe completar cada dos años un formulario de autoevaluación en el que detalla qué está haciendo para implementar las medidas para luchar contra la corrupción. Esta información en España no es pública.

“Esta situación es bastante sorprendente, especialmente para un país que está diciendo a la comunidad internacional que está haciendo esfuerzos por mejorar la transparencia, en concreto para luchar contra la corrupción” comenta Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, quien informa de que “ya se ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional y se recurrirá esta decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

España sigue siendo el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública. Esta situación también coloca a España en la lista de incumplidores de la UNCAC que recoge en su artículo 13 la necesidad de “garantizar el acceso eficaz del público a la información”.

“Es una situación que roza lo ridículo y que además de seguir sumando derrotas a la transparencia en España, perjudica aun más la imagen y la reputación de las instituciones públicas españolas, ya bastante menoscabada por la crisis”, comenta Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info Europe. 

---

Sigue la actualidad de Periodistas en Español en nuestro
Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla .
Indica nombre, apellidos, profesión y país.