Ileana Alamilla
“Está claro que el derecho a la libertad de emisión del pensamiento y de prensa es básico, es incluso el más sentido, pues expresar la opinión y los disensos constituyen la esencia de la democracia, son pilares fundamentales también para la construcción del liderazgo político”. Esta es una cita del discurso del hoy presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez, en el salón mayor Miguel Ángel Asturias, de la APG, cuando todavía era candidato. En esa ocasión también prometió velar por la seguridad de los periodistas y firmó un compromiso al respecto.
Le hicimos entrega de la Constitución y de la Ley de Emisión del Pensamiento, instándolo a tenerlos como guía de su actuación. Por eso hoy, en su primer día hábil al frente de un gobierno que encuentra el país destartalado, le hacemos este recordatorio; pero además le solicitamos no sumarse a los ataques e intentos de restricción a que está sometida actualmente la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, un ente creado en octubre de 1997, con carácter permanente, con independencia funcional y estructura operativa propia, que tiene como principal mandato “estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y desarrollo del sistema democrático, así como en la protección garantía y promoción de los demás derechos humanos”.
Al frente de la misma se encuentra Catalina Botero, una abogada capaz, altamente competente y acuciosa, quien con diligencia y profesionalismo ha cumplido con su misión y ha sabido defender estas garantías frente a quienes, excediéndose en su autoridad, abusando de su poder o violando la ley, han hostigado, amenazado o asesinado a nuestros colegas. La doctora Botero ha visibilizado los riesgos particulares que corren los periodistas, especialmente frente al crimen organizado y ha promovido la necesidad de crear mecanismos especiales para salvar sus vidas.
Otros logros han sido los procesos de lucha contra la impunidad en relación con los crímenes de periodistas y hacer visibles los mecanismos indirectos de censura a escala regional; ella lideró en la región, con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento a favor de la transparencia.
Recientemente, se presentaron tres recomendaciones específicas sobre el mandato de la Relatoría Especial, elaboradas por el llamado Grupo de Trabajo, las cuales serán analizadas durante la próxima sesión del Consejo Permanente de la OEA, el 25 de enero. Estas recomendaciones en lugar de fortalecer el trabajo de la Relatoría, disminuirían su impacto en la región. Entre ellas está que la Relatoría deje de publicar anualmente su Informe Especial sobre el estado de la libertad de expresión en todos los países de las Américas, que el organismo incorpora al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se pretende restarle financiamiento, lo que restringiría sus tareas e imponerle un “código de conducta”, que en el fondo es aplicar un control sobre las acciones y expresiones de la Relatoría, un verdadero contrasentido con su esencia y razón de ser.
Numerosas entidades de prensa, entre ellas las 16 organizaciones que integramos la Red IFEX América Latina, nos hemos pronunciado, rechazando esa pretensión, y solicitamos a los Estados miembros de la OEA que sean retiradas.
Un mensaje de nuestro país, Guatemala, no avalando tales intenciones, provocaría una fundada confianza en lo que el presidente declaró y firmó en la Casa del Periodista.
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