| 08 de Febrero de 2010
Posted in Red de Blogs - Comunicación
Javier Grimal.- Por fin una profesional de la comunicación se ha atrevido a salir al paso del amarillismo interesado con el que las empresas periodísticas envuelven algunos de los crímenes que se producen en el país. María Antonia Iglesias cuestionaba hace unos días la labor mediática en pro de la cadena perpetua que está llevando a cabo el padre de la niña Mariluz, asesinada presuntamente por un pederasta cuando volvía sola a su casa después de comprar unas chuches.
Todos recordamos también la voz de aquel cámara de televisión cuando, a la puerta del juzgado, incitaba a una ciudadana para que gritase “asesino” al ciudadano canario acusado de la muerte de su hijastra en Tenerife, horas antes de que su inocencia quedase probada.
La primacía del factor empresarial sobre el factor periodístico en las modernas empresas de la comunicación hace que todo valga a la hora de conseguir mayores audiencias, y por lo tanto, beneficios más elevados.
Explotar la imagen del dolor de unos padres, o dar pábulo a sus demagógicas campañas por la modificación del Código Penal, constituye un ejercicio poco relacionado con el rigor informativo.
Más allá del sentimiento de dolor por el ser arrebatado, lo cierto es que ni un endurecimiento generalizado de las condenas ni la hipotética implantación de la cadena perpetua conseguirán erradicar la maldad humana, máxime si las penas siguen estando basadas en el hecho punible y no en la personalidad del delincuente.
Por ello, es necesaria una constante labor de prevención que compete tanto al Estado (a través de la labor de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), como en el caso de los menores, a sus padres o tutores legales, cuya manifiesta negligencia también podría llenar, a veces, muchas horas de televisión.
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